El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, advierte de que la resolución aprobada el lunes por el Parlamento Catalán puede tener consecuencias negativas para los empleados públicos de la Generalidad, ya que se verán obligados a prestar sus servicios para unas funciones que no tienen amparo legal.
En declaraciones a Radio Nacional de España, Borra se refiere en concreto al mandato aprobado para desarrollar la Hacienda Pública y la Seguridad Social Catalana, algo para lo que "hacen falta personas y esas personas no salen de la nada".
Por ello, "querrán utilizar a funcionarios que estén realizando esas labores en Cataluña y se nos va a crear un problema importante. Los empleados públicos nos debemos a la legalidad vigente, que en estos momentos representan la Constitución y el Estatuto de Autonomía", indica Borra. "Van a empezar a crearse problemas a personas que lo único que van es a su puesto de trabajo", advierte.
"Va a hacer falta que cientos de funcionarios vayan a prestar sus servicios a algo que no tiene amparo legal". En este sentido, los asesores jurídicos del sindicato están ultimando un protocolo "sencillo y fiable" que permita responder de manera eficaz a los problemas que pudieran plantearse.
Este protocolo -que será aprobado la próxima semana en Barcelona, en el marco de una ejecutiva nacional del sindicato, donde se ofrecerá nuestro apoyo expreso a los compañeros de Cataluña- recomendará, en primer lugar, que los empleados públicos a los que se les planteen dudas pidan la orden por escrito para evitar que incurran en prevaricación.