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Los funcionarios de Cataluña exigirán las órdenes por escrito para evitar prevaricación

Los empleados públicos de Cataluña corren el riesgo de prestar sus servicios para algo que no tiene amparo legal, según advierte el sindicato CSI-F.

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El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Miguel Borra, advierte de que la resolución aprobada el lunes por el Parlamento Catalán puede tener consecuencias negativas para los empleados públicos de la Generalidad, ya que se verán obligados a prestar sus servicios para unas funciones que no tienen amparo legal.

En declaraciones a Radio Nacional de España, Borra se refiere en concreto al mandato aprobado para desarrollar la Hacienda Pública y la Seguridad Social Catalana, algo para lo que "hacen falta personas y esas personas no salen de la nada".

Por ello, "querrán utilizar a funcionarios que estén realizando esas labores en Cataluña y se nos va a crear un problema importante. Los empleados públicos nos debemos a la legalidad vigente, que en estos momentos representan la Constitución y el Estatuto de Autonomía", indica Borra. "Van a empezar a crearse problemas a personas que lo único que van es a su puesto de trabajo", advierte.

"Va a hacer falta que cientos de funcionarios vayan a prestar sus servicios a algo que no tiene amparo legal". En este sentido, los asesores jurídicos del sindicato están ultimando un protocolo "sencillo y fiable" que permita responder de manera eficaz a los problemas que pudieran plantearse.

Este protocolo -que será aprobado la próxima semana en Barcelona, en el marco de una ejecutiva nacional del sindicato, donde se ofrecerá nuestro apoyo expreso a los compañeros de Cataluña- recomendará, en primer lugar, que los empleados públicos a los que se les planteen dudas pidan la orden por escrito para evitar que incurran en prevaricación.

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