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Montoro no quiere ser controlado

La Airef ha decidido interponer ante la Audiencia Nacional una demanda contra Montoro por aniquilar su independencia.

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El punto 30 del memorándum de entendimiento que suscribió el Estado español para recibir un crédito extraordinario con el que recapitalizar las cajas de ahorros quebradas contenía la siguiente disposición:

Se exige también a España que establezca una entidad presupuestaria independiente que se ocupe de actividades de análisis y asesoramiento y supervise la política fiscal.

A regañadientes, al opaco Gobierno del PP no le quedó más remedio que hacerlo: o cumplía con esta elemental obligación de transparencia o el sistema financiero español corría riesgo de quebrar (y, con él, el propio Estado).

Dicho y hecho (con retraso): a finales de 2013 (año y medio después de asumido el compromiso) se crea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) mediante la Ley Orgánica 6/2013. Evidentemente, para que la Airef pueda desarrollar adecuadamente su trabajo –supervisar la política fiscal de las diversas Administraciones Públicas– debe ser capaz de recabar toda la información que necesite de todas ellas. No olvidemos que, por ejemplo, el Gobierno de Zapatero fue capaz de manipular el déficit público presentado en 2011 a Bruselas ocultando una parte del déficit autonómico (en concreto, no registrando como gasto autónomo las liquidaciones negativas del sistema de financiación territorial correspondientes a 2009). Si la Airef hubiese existido entonces, y si hubiese contado con un acceso independiente a la información presupuestaria autonómica, probablemente esta enorme ocultación del déficit no habría podido llevarse a cabo.

Justamente por ello, la susodicha LO 6/2013 establece en su artículo 4.2 que la Airef

tendrá a su disposición la información económico-financiera relativa a las distintas Administraciones Públicas. Con el fin de garantizar la eficiencia y evitar duplicidades en la remisión de información, el acceso a la información se realizará preferentemente a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda requerirse directamente información adicional a las correspondientes Administraciones Públicas, en concreto cuando la información obtenida a través del Ministerio no resultara suficiente, completa o requiriera de alguna aclaración.

Dicho de otro modo: en principio, será el Ministerio de Hacienda quien proporcione a la Airef la información sobre cualquier Administración, pero la Airef podrá recabarla directamente de la Administración implicada, siempre que no le convenza la proporcionada por el Ministerio.

De nuevo, esto es del todo lógico: si tu función es evitar que cualquier Administración, incluido el Ministerio de Hacienda, mienta en sus datos de déficit, tendrás que ser capaz de acceder a esa información por circuitos variados. Ni siquiera esta potestad evita el riesgo de que los diferentes niveles administrativos se cartelicen para engañar a la Airef, pero, desde luego, cuando tienes un único proveedor de información, que para más inri es tu principal supervisado, es obvio que las posibilidades de manipulación se disparan y que la independencia de la Airef queda vaciada de contenido.

Pues bien, pese a que el artículo 4.2 de LO 6/2013 consagra ese derecho de la Airef para recabar información desde fuentes distintas al Ministerio de Hacienda, fíjense qué establece el artículo 2.1 de la Orden Ministerial HAP/1287/2015, de 23 de junio de 2015, que desarrolla la anterior ley orgánica:

El acceso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a la información a la que se refiere el artículo anterior, se realizará a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo la unidad de enlace del Ministerio la Central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, dependiente de la Subdirección General de Coordinación de la Información Económico-Financiera.

Es decir, la orden ministerial vacía de contenido la independencia informativa de la Airef establecida en su ley orgánica.

De hecho, el artículo 5 de esa orden ministerial permite que la Airef solicite extraordinariamente información a autonomías y ayuntamientos en un solo caso: cuando el Ministerio de Hacienda todavía no cuente con ella. Siempre que autonomías y ayuntamientos hayan suministrado la información al Ministerio, la Airef tendrá que pasar obligatoriamente por sus horcas caudinas. O dicho de otro modo: si el Ministerio quiere manipular la información autonómica y municipal proporcionada a la Airef (como hizo en 2011), podrá hacerlo sin cortapisa alguna.

Justamente por ello, la Airef ha decidido interponer ante la Audiencia Nacional una demanda por lo contencioso-administrativo contra el Ministerio de Hacienda: por aniquilar su independencia en el desarrollo normativo de su actividad. La noticia debería permitirnos extraer dos corolarios, uno estructural y otro coyuntural.

En cuanto al coyuntural: Montoro no tiene el más mínimo interés en mantener el déficit bajo control. Si así fuera, se mostraría deseoso de aportar tanta luz como fuera posible a su gestión sobre la materia: pero no, Montoro no ha cumplido ni un solo año con los objetivos de déficit –en esencia, porque jamás ha creído en ellos– y el colofón del incumplimiento será este año, motivo por el cual está tratando de torpedear antes de las elecciones cualquier acceso independiente a la información que así lo está adelantando.

En cuanto al estructual: el poder no quiere ser controlado. El poder busca expandirse tanto como le sea posible y han de ser otros contrapoderes, verdaderamente independientes, los que se lo impidan. La Airef, aunque formalmente independiente, carece de poder propio y, por tanto, no es materialmente independiente: basta con una orden del Ministerio de Hacienda para que esa independencia quede laminada. Los contrapoderes que de verdad pueden impedir este atropello son, en realidad, los de otros Estados europeos (la Troika, bajo cuyo impulso nació la Airef) o los de una ciudadanía vigilante y comprometida a mantener la independencia de ciertas instancias del Estado (como la de los tribunales o la de la Airef). Por desgracia, la Troika hace demasiado tiempo que consiente al Gobierno del PP casi cualquier incumplimiento, y la ciudadanía española sigue estando totalmente dormida con respecto a la imperiosa necesidad de mantener maniatado al abusivo poder estatal.

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