El año 2015 se despidió con nuevas inquietudes en un intento de hacerse notar, pues lo último que un político puede tolerar es pasar inadvertido. En unos días de cierto letargo entremezclado con las Navidades, y sólo alterado por los dimes y diretes en el intento de conformar un Gobierno para la Nación –otro también para la comunidad de Cataluña–, el secretario general de Podemos ha anunciado un torrente de planes, que quiere plasmar en propuesta de Ley, para atender a lo que él llama "emergencia social", y que dará trabajo a los diputados, justificativo de su remuneración.
No voy a entrar en si existe o no "emergencia social" porque no cabe duda de que casos hay que justifiquen ese calificativo, y que reciben su atención mucho antes de que al señor Iglesias se abrogase el papel de adalid de tales carencias. Es más, me atrevo a anticipar que se hace con mayor eficacia y respeto de lo que cabe esperar de la anunciada propuesta de proyecto de ley.
Tratando de tranquilizar/engañar a la población, ha diseñado la cuadratura del círculo y afirmado que todo ello no va a tener coste alguno. Se nota que nunca ha administrando recursos; sería la primera vez que llevar una idea a la práctica, más si es descabellada, no tiene coste. Otra cosa es quién lo pagará, porque alguien tendrá que pagarlo.
Estamos habituados a que el Estado confisque parte de nuestras rentas y haciendas, de forma regular, a través de impuestos, tasas, exacciones parafiscales, etc., que los sufridos contribuyentes pagamos, preguntándonos con frecuencia hasta qué punto el tributo requerido contribuye al bien común.
La confiscación que plantea esta vez Podemos es irregular en su configuración, a excepción de la referida a la renta garantizada, para la que el Estado tendrá que aportar unos ingresos que previamente habremos puesto en sus manos con nuevos o mayores impuestos.
La confiscación irregular se produce cuando las aportaciones para los planes apuntados –rescate energético, prohibición de lanzamiento o desalojo forzoso, cancelación o reestructuración de deudas, dación en pago retroactiva en prestamos hipotecarios– se financia generando costes al sector privado.
Aquí, la acción caritativa del Estado, lo es, en primera instancia, con cargo a las empresas involucradas –empresas energéticas, banca...– y, en última instancia, sobre los ciudadanos, que veremos aumentar el precio de los suministros energéticos y el de los servicios bancarios para compensar la confiscación.
No estoy discutiendo la necesidad de ayudar a quien lo precise; ésta era la misión fundamental de la diaconía entre los primeros cristianos, veinte siglos antes de que Pablo Iglesias se convirtiera en paladín de los pobres; la diferencia es que lo hacían con sus bienes y con aquellos que voluntariamente les proporcionaban las buenas gentes.
La fórmula de Podemos es que el Estado atienda estas necesidades, pero obligando irregularmente a empresas, y derivadamente a particulares, a que se hagan cargo de lo que él seguirá atribuyéndose como función social.
Es decir, una confiscación irregular.
¡Feliz 2016!