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Los funcionarios, "intranquilos" por los pagos al 'Fisco catalán'

CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios, "blindará" el IRPF de los trabajadores públicos catalanes tras las últimas polémicas.

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La intranquilidad entre los trabajadores públicos de Cataluña va en aumento. Concretamente, la agitación es máxima estos días entre los trabajadores de la Diputación de Barcelona después de que este organismo les haya manifestado por carta su intención de liquidar el IRPF en la agencia catalana.

Las llamadas son cada vez más frecuentes y se producen todos los días, reconoce Miguel Borra, presidente de CSIF, a Libre Mercado. "Hay una intranquilidad constante en el ambiente. Actuaciones como la de esta semana aumentan la preocupación entre los trabajadores públicos en Cataluña".

Por ello, el sindicato extiende su protocolo de actuación que presentó en noviembre y que cuenta desde entonces con varios modelos de reclamación para las diferentes situaciones que pudieran plantearse a los empleados públicos si las instituciones de la Generalidad avanzan en sus planes independentistas. Borra ha anunciado que el sindicato trabaja ya en un nuevo formulario, "que estará disponible a principios de la semana que viene", para que los funcionarios "digan muy claro que quieren que sus impuestos se gestionen de acuerdo con la legalidad vigente".

Con esta medida, CSIF pretende "blindar" a estos trabajadores para prevenir situaciones que supongan una posible penalización por parte de Hacienda si "la agencia tributaria catalana recauda pero no paga en tiempo y forma a la Agencia Estatal Tributaria".

Borra se ha reunido este jueves con la delegada del Gobierno en Barcelona, María de los Llanos de Luna, para transmitirle la preocupación creciente de los trabajadores públicos así como para informarle de esta nueva medida.

Esta iniciativa se une a las que ya puso en marcha CSIF en el mes de noviembre encaminadas a proteger a los trabajadores públicos de la deriva separatista. En primer lugar, desde el sindicato instan a que estos empleados denuncien cualquier presión. Además, tienen que pedir por escrito cualquier norma que les den sus superiores que pueda ser ilegal.

De esta manera, "se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento". Por otro lado, CSIF ha puesto en marcha un seguro gratuito para sus afiliados, para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.

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