La insólita iniciativa contra el fracking aprobada por el Congreso con los votos de PSOE, Podemos, Democracia y Libertad, PNV y ERC coloca a España en una extraña posición desde el punto de vista energético. Con esta decisión, nuestro país se cierra las puertas a la oportunidad de desarrollar una tecnología que permitiría reducir la dependencia del exterior y abaratar el coste de la energía.
Aunque los promotores de esta iniciativa afirman que el veto al fracking se explica por motivos medioambientales, los estudios de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU y los informes de la Academia Nacional de Ciencia e Ingeniería de Alemania son tajantes: hablamos de una técnica que no tiene riesgos naturales siempre que se ejecute con las cautelas pertinentes.
Otro argumento recurrente es el del riesgo de terremotos que, supuestamente, supone el fracking. Como ya ha explicado Libre Mercado, actividades como el llenado de embalses tienen un riesgo mucho mayor. En consecuencia, huelga decir que los temblores que puede generar esta técnica son limitados y se dan solamente cuando la actividad tiene lugar a menos de un kilómetro de una falla no detectada, algo poco común. Una vez más hablamos de alarmismo que no viene respaldado por datos ni por hechos concretos.
También hay quienes dicen que el fracking no es competitivo en el escenario actual, con los bajos precios del petróleo marcando la agenda energética global. Sin embargo, los datos de producción de EEUU muestran que las empresas del sector se han adaptado al nuevo panorama apostando por abrir menos pozos y explotar los más productivos de manera más intensa.
Tres verdades incómodas
Además, lo que no cuentan quienes han apoyado esta iniciativa es que los propietarios de las fincas en las que se podrían haber desarrollado proyectos de fractura hidráulica podrían haberse embolsado entre dos y cuatro millones de euros a cambio de ceder los pozos. Tampoco dicen las formaciones que dan la espalda al fracking que allí donde se ha apostado por el fracking, el empleo se ha disparado y el precio de la gasolina se ha reducido a la mitad.
Tampoco cuenta el bloque contrario al fracking que España podría llegar a ser exportador neto de gas natural en menos de veinte años si desarrollase esta tecnología en vez de prohibirla. Dicha meta se alcanzaría en menos de veinte años (se estima que el ejercicio que marcaría el cambio de tendencia sería 2031) y mejoraría ostensiblemente el saldo exterior de nuestra economía.
Otra cuestión que callan quienes se oponen al fracking es la capacidad que tiene España de cubrir hasta 40 años de demanda a base de explotar sus reservas por esta vía. La estimación es conservadora, ya que el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas cree que la cifra final podría llegar a ser de 80 años de demanda.