Este viernes, los encargados de dar la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros han sido Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos. La vicepresidenta y el ministro de Economía han explicado a los periodistas presentes cuál será la actuación del actual Gobierno en funciones en dos temas fundamentales, de los que depende la suerte de nuestro país en los próximos años. Sáenz de Santamaría ha sido la responsable de responder acerca de los próximos pasos que dará Mariano Rajoy para intentar lograr la investidura. De Guindos presentaba el nuevo cuadro macroeconómico del Ejecutivo.
Aunque puedan parecer dos temas muy distintos, lo cierto es que las intervenciones de una y otro han marchado casi en paralelo. Los dos han pedido responsabilidad, altura de miras y sentido de Estado al resto de los partidos. Y tanto la vicepresidenta como el ministro han destacado lo importante que es para la economía española que se forme pronto un Gobierno estable. Incluso, han puesto una fecha tope, una frontera que no podemos pasar sin poner en grave riesgo la recuperación económica: el 30 de septiembre, el límite previsto por la ley para que el Ministerio de Hacienda presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso.
Guindos ha señalado que "la principal obligación" de España en estos momentos es la elaboración de un borrador de los PGE 2017 antes de octubre. El ministro ha recordado que nuestro país tiene que incluir las medidas que tomará para cumplir con la nueva senda de reducción del déficit que la Comisión Europea nos ha impuesto esta semana: "Si eso no es así se puede abrir un nuevo periodo de sanciones. Nos hemos librado de una, y es vital tener un presupuesto", ha asegurado.
Santamaría también ha recordado que antes de ese 30 de septiembre hay que enviar al Congreso, al Senado, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Española de Administración Local los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. "Esas son las fechas en que nos movemos. No es una cuestión de una semana u otra, sino de voluntad política", ha insistido en una clara alusión al resto de las fuerzas políticas y a la necesidad de que exista un Gobierno con plenos poderes que tome las riendas de la economía española.
Hoy a la vicepresidenta y al ministro de Economía les tocaba el papel de defender la responsabilidad de un Gobierno que ha hecho de la solvencia y la gestión su bandera. Y lo han interpretado bien: con gesto serio, tono muy formal, referencias a datos, fechas y leyes… La puesta en escena ha sido impecable. El problema es que la escena sonaba a ya vista, el discurso, gastado y las frases de los intérpretes, huecas.
Porque resulta inaudito (por no decir que roza el cinismo) que sea este Gobierno, que se ha saltado año tras año todos los compromisos presupuestarios adquiridos, quien ahora apele a la importancia de aprobar los PGE y que anticipe todo tipo de tragedias si no se logra ese objetivo o si no es Mariano Rajoy (quién si no) el que lleva a Bruselas esas nuevas cuentas. Sería cómico, si no fuera por lo importante que es ésta cuestión, que los mismos que nos han puesto a las puertas de una multa de 2.000 millones sean ahora los que advierten (casi sonaba a amenaza) de la importancia de los plazos y de ofrecer unas cifras fiables a la Comisión.
De hecho, se intuye tras las palabras de Guindos que ese consenso que busca el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos y en la aprobación de un nuevo techo de gasto será un consenso para subir este gasto y no para reducirlo. Nadie espera que los próximos PGE sean (como no lo han sido los anteriores) austeros, rigurosos o fiables. Si entre 2012 y 2015, con mayoría absoluta, la presión de los mercados y la vigilancia nuestros socios europeos, nos hemos saltado año a año nuestro objetivo de déficit; para el próximo ejercicio, con el espaldarazo de Bruselas (no puede interpretarse de otra forma la cancelación de la multa), el incremento de ingresos derivado de la recuperación económica y una negociación parlamentaria en el que todos los partidos pelearán por ser los que más promesas hagan, da miedo pensar cómo pueden acabar las cuentas públicas españolas. De hecho, puestos a buscar el lado positivo de que se eternice este impasse político en el que llevamos ya nueve meses, quizás podría pensarse que la prórroga de los Presupuestos de 2016 no sería tan mala noticia. No es lo que la economía española necesita; pero, visto lo visto, quizás sea un mal menor si lo comparamos con los PGE que podría aprobar el actual Parlamento.
Sí, España necesita un Gobierno estable cuanto antes. Sí, los desafíos económicos y políticos a los que haremos frente en los próximos meses exigen rigor y credibilidad. Sí, necesitamos cuadrar las cuentas públicas, reformar el sistema de pensiones, dar un nuevo impulso a la liberalización del mercado laboral (la EPA conocida este jueves arroja algunas sombras preocupantes) y aprobar muchas de las reformas pendientes que expertos y organismos internacionales nos piden desde hace años. Sí, la recuperación económica de los últimos años se debe en buena parte a las medidas que se tomaron en la primera mitad de 2012 por parte del actual Gobierno. Y sí, de todas las posibilidades reales que hay sobre la mesa, la menos mala es la de un Ejecutivo en minoría del PP. Todo eso es cierto.
Por eso, nos parece bien que Santamaría o Guindos, como hizo el jueves Rajoy, se pongan circunspectos y adopten un tono solemne cuando hablen de estos temas. El futuro de la economía española no es para tomárselo a broma. Y aunque nuestra situación es mucho mejor que la que había en 2011, cuando llegaron a La Moncloa, dista mucho de estar libre de riesgos. Lo único que les pedimos es que luego, a la hora de cumplir con esos mismos compromisos que anuncian con tanta seriedad, no se rían de nosotros.