"Me sorprenden algunos votos en contra cuando estamos poniendo los mismos criterios que la Comunidad de Madrid", aseguraba ayer martes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid,Marta Higueras, después de anunciar que el consistorio legalizaba la okupación de 88 viviendas propiedad municipal.
"La Comunidad de Madrid también está regularizando a personas en viviendas sin título suficiente, pero a nosotros en el Ayuntamiento PP y C’s nos votan en contra. Ellos tendrán que explicar el sentido de sus votos", añadía la delegada del partido que dirige Manuela Carmena.
Higueras tiene razón. PP y C’s votaron en contra de "regularizar la okupación" en estos pisos de titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), mientras que en la Comunidad de Madrid sacaron adelante esta medida; aunque con un matiz importante que la de Carmena no incluye: no podrán regularizar su situación los que hayan sido condenados por un delito de usurpación.
Cifuentes ya ha legalizado casos de okupación
Desde que comenzó la legislatura de Cristina Cifuentes, la Comunidad de Madrid ha empezado a legalizar algunos casos de okupación, reconocen fuentes del Gobierno autonómico. En la región no han dado a conocer el dato de cuántas viviendas okupadas han recibido el visto bueno del Ejecutivo de Cifuentes, pero coinciden en que el partido de Manuela Carmena les ha copiado su propuesta.
"Ahora Madrid se ha subrogado a nuestro plan", aseguran las mismas fuentes. "Vamos por delante de ellos", llegan a presumir. "Es incongruente que se nos critique por no hacer políticas sociales", añaden. De hecho, los requisitos que aplican Cifuentes y Carmena para ser un okupa legal son prácticamente idénticos.
La siguiente imagen pertenece al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tiene fecha del 21 de diciembre de 2015.
Como se observa en el extracto, la única exigencia que distingue a la normativa de Cifuentes de la de Carmena es que "no se suscribirá contrato alguno con aquellos ocupantes que hayan sido condenados por delito de usurpación de la vivienda en la que residan o de cualquier otra de titularidad pública, o que se encuentren incursos en causa penal por dicho delito".
Las diferencias entre Aguirre y Cifuentes
Así, el criterio seguido por el Gobierno de Cifuentes choca de plano con el defendido por el PP este mismo martes en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Allí el concejal popular Borja Fanjulvotó en contra de la medida propuesta por Ahora Madrid ya que no incluía los requisitos que para el grupo liderado por Esperanza Aguirre son imprescindibles: que no haya sido "una okupación violenta" o que no haya una "condena por usurpación".
Ciudadanos también ha votado en contra. Pero en el caso de la formación centrista su criterio ha sido el mismo que en la Comunidad de Madrid: únicamente pedía como requisito excluir a los condenados por delito de usurpación de vivienda o por conflictos vecinales. Ahora Madrid sólo aceptó la segunda parte de su iniciativa [la que se refiere a los conflictos vecinales] y de ahí su voto en contra. "Era necesario emprender un proceso de regularización siempre y cuando se cumpla escrupulosamente la ley", señalan desde C´s a LD. "Nos parece primordial respetar el cumplimiento de las sentencias judiciales que garanticen nuestro Estado de Derecho. Es cierto que debemos buscar soluciones a los problemas existentes en materia de ocupación de viviendas de la EMVS pero entendemos que la vía de no respetar las decisiones judiciales no es la correcta", explican.
La formación naranja ha destacado que en Madrid hay "7.000 familias pendientes de adjudicar una vivienda de la EMVS", lo que les ha llevado a defender que "no se puede equiparar unos con otros". Pero el caso es que únicamente pidiendo como requisito la existencia de una condena se realiza esta equiparación de facto.
El PP en el Consistorio -en boca de su concejal Borja Fanjul- ha denunciado que este tipo de decisiones benefician a los "amigos de la alcaldesa con la connivencia del PSOE -gracias al cual Ahora Madrid pudo sacar adelante su medida- frente a la situación de las más de 10.000 familias que están esperando una solución para obtener una vivienda pública en la que vivir". No obstante, preguntados por la medida puesta en marcha por Cristina Cifuentes, fuentes populares no han querido pronunciarse y han remitido a la Comunidad de Madrid.