La Comisión del Pacto de Toledo inició la semana pasada su particular ronda de comparecencias y trabajos preliminares con el fin de presentar un nuevo informe de recomendaciones la próxima primavera de cara a poder solventar la delicada situación financiera que atraviesa en estos momentos la Seguridad Social.
El sistema público de pensiones registra un abultado déficit que, hasta el momento, ha sido cubierto por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, tal y como estipula la ley. En concreto, según el Plan Presupuestario 2017que remitió el Gobierno a Bruselas, el agujero rondará este año los 19.000 millones de euros (1,7% del PIB), un nuevo récord histórico, y sumará otros 16.000 millones el próximo (1,4%).
Estos desequilibrios se fueron cubriendo con la denominada hucha de las pensiones desde finales de 2012, pero, poco a poco, el Fondo se ha ido agotando para poder seguir pagando en tiempo y forma las pagas extra de los pensionistas durante estos últimos años. Como consecuencia, la hucha, que en 2011 acumulaba unos 70.000 millones de euros, apenas alcanzaba los 25.000 millones a mediados de 2016. A cierre de ejercicio, se prevé que la cifra se reduzca a poco más de 13.000 millones tras la extra de Navidad, con lo que se da por hecho que el Fondo se agote a finales de 2017.
¿Qué pasará a partir de entonces? ¿Cómo se pagarán las pensiones? Ésta es la primera y más urgente duda que debe despejar el Gobierno. Tanto las recomendaciones que presentará el Pacto de Toledo como las medidas que estudia el Gobierno para reducir el déficit de la Seguridad Social tendrán efecto a corto y medio plazo, pero no resolverán de un día para otro el agujero de la Seguridad Social.
Así, entre otras propuestas, se plantea la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad se traspasen de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado para que se paguen vía impuestos, aunque dicha transición sería progresiva, así como subir la cotización de los autónomos y elevar la base máxima para incrementar la recaudación de la Seguridad Social. Pero su efecto, en todo caso, no sería inmediato.
Por ello, una vez agotado el Fondo de Reserva, el PP baraja una fórmula que ya fue aplicada en los años 90: préstamos del Estado. El Gobierno prestaría dinero a la Seguridad Social para cubrir la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y los gastos de las pensiones contributivas. Así lo avanzó el lunes la diputada popular y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, en una jornada sobre pensiones organizada por la Fundación Axa y El Nuevo Lunes. Preguntada sobre la cuestión, Villalobos señaló que, tras el fin de la hucha, sería el momento de emplear fórmulas ya contempladas en el pasado, como son los préstamos del Estado.
El precedente de los años 90
Entre 1992 y 1999, la Seguridad Social también atravesó importantes dificultades financieras, ya que la recaudación por cotizaciones no alcanzaba para sufragar las pensiones y la Sanidad pública, que en su día también corría a cargo de la Seguridad Social.
La fórmula que se sacó entonces de la chistera el Gobierno, primero con Felipe González y luego con José María Aznar, fue tirar de préstamos del Estado. Tal y como detalla el Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Gobierno, entonces en funciones, remitió al Congreso el pasado abril, estos créditos se dividen en tres partes:
- Sanidad pública: entre 1992 y 1994, el Estado prestó 3.372,41 millones de euros a la Seguridad Social para atender obligaciones del Insalud (la Sanidad pública se financiaba entonces a cargo de cotizaciones, pero luego su competencia se traspasó las las comunidades y autónomas y sus costes se cubrieron vía Presupuestos, mediante el pago de impuestos).
- Pensiones: entre 1994 y 1999, concedió otros ocho préstamos por un total de 9.589,16 millones para financiar el déficit de la Seguridad Social.
- Desfases de tesorería: en 1997 y 1998, el Estado prestó otros 4.207,08 millones para cubrir los desfases de tesorería que sufría el sistema.
La cantidad total prestada asciende a 17.168,65 millones de euros. Esto es lo que, en teoría, adeuda la Seguridad Social al Gobierno. Pero, ¿por qué esta fórmula? El truco de usar préstamos del Estado es que, a priori, no se contabilizan como déficit ni deuda pública, ya que no es un gasto en sí mismo, sino un préstamo. A nivel contable, estos créditos figuran en el balance del Gobierno como "activo financiero" (dinero pendiente de cobrar) y en la Seguridad Social como un "pasivo financiero" (deuda pendiente a de pagar). Y se hizo así, y no mediante las habituales transferencias presupuestarias, para "no incrementar el déficit del Estado", tal y como reconoce el propio informe.
Dicho de otro modo, la Seguridad Social adeuda más de 17.000 millones al Gobierno, pero su liquidación se ha ido posponiendo año tras año. A principios de la pasada década, la entonces secretaria de Estado de Empleo Elvira Rodríguez, bajo el Gobierno de Aznar, intentó saldar esta deuda mediante la cesión de hospitales públicos de la Seguridad Social al Estado, pero, finalmente, no fue posible, ya que su titularidad se acabó traspasando a las autonomías.
El 'déficit oculto' de las pensiones: 17.000 millones
Esta deuda, pues, persiste en el tiempo. El plazo marcado inicialmente para saldarla se ha ido ampliando y hoy se prolonga hasta 2024. La única fórmula posible de amortización es o bien mediante el correspondiente pago de la Seguridad Social al Estado (imposible a corto y medio plazo, dado el elevado déficit que registra el sistema) o bien mediante transferencias presupuestarias del Gobierno a la Seguridad Social para dicho fin, en cuyo caso, se contabilizarían como "gasto" y no como "préstamo", pasando así a engrosar las cifras de déficit y deuda públicas.
En resumen, lo que hicieron en los años 90 tanto PP como PSOE fue tirar de préstamos para cubrir el agujero de la Seguridad Social, pero evitando que estos fueran contabilizados como déficit público. La Seguridad Social, por tanto, acumula hoy un déficit oculto de 17.000 millones que, de una u otra forma, tendrá que ser sufragado.
El Gobierno de Mariano Rajoy contempla ahora repetir la jugada. Cuando se agote la hucha de las pensiones, se podría tirar una vez más de "préstamos del Estado" para pagar la diferencia sin que ello, al menos sobre el papel, suponga elevar el déficit. Es decir, una nueva trampa contable, ya que, tarde o temprano, este agujero tendrá que aflorar y ser anotado en la Contabilidad Nacional, con el problema añadido de que, dado el tamaño de la cuantía, éste no será tan fácil de justificar a ojos de Bruselas.