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EDITORIAL

Consenso político para exprimir al contribuyente

Si el consenso consistía en esto mejor hubiera sido continuar con un gobierno en funciones o volver a convocar elecciones.

EDITORIAL
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La ausencia de mayoría absoluta exigía alcanzar acuerdos para formar Gobierno, pero la consecución del ansiado consenso político se ha traducido en la coincidencia absoluta de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos en exprimir cada vez más el bolsillo del contribuyente para mantener en pie un sector público que, además de estar sobredimensionado y ser insostenible financieramente, sigue siendo muy ineficiente.

Tal y como ya sucedió en aquel fatídico Consejo de Ministros celebrado a finales de diciembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy, contradiciendo una vez más sus promesas electorales, no ha dudado en asestar un nuevo golpe fiscal al conjunto de los españoles nada más revalidar su mandato. Muy poco ha tardado el PP en ponerse de acuerdo con el PSOE para lanzar una nueva serie de subidas fiscales con el único fin de elevar la recaudación a toda costa, sin importar los negativos y perniciosos efectos que supondrá esta política para la creación de empleo y riqueza.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una subida del Impuesto de Sociedades por la puerta de atrás, mediante la eliminación de deducciones fiscales, así como un nuevo aumento de los Impuestos Especiales sobre el tabaco y el alcohol, además de elevar las cotizaciones a las rentas altas -ampliando la base máxima-, entre otras medidas, En total, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé recaudar unos 8.000 millones de euros extra en 2017 para cumplir el objetivo de déficit acordado con Bruselas (3,1%). Y ello sin contar que las CCAA tendrán un mayor margen para incurrir en déficit (0,6% del PIB) y que el gasto público, en lugar de reducirse, volverá a aumentar el próximo ejercicio.

Así pues, en vez de recortar los impuestos o, como mínimo, mantener la actual estructural fiscal apostando por la contención del gasto, el PP, con el respaldo explícito o implícito del resto de grandes fuerzas políticas, opta por disparar la fiscalidad y elevar el despilfarro. Un error que, por otro lado, se verá agravado por la decisión de subir un 8% el salario mínimo interprofesional (SMI), el mayor incremento de los últimos 30 años, para contentar al PSOE.

El PP se equivoca de plano con esta política económica. El problema de base es que todos los partidos coinciden en que el abultado déficit que sigue presentando el sector público se debe a la caída de ingresos y no al exceso de gasto, descartando así la imprescindible austeridad que debería regir a nivel presupuestario. El gasto público real se mantiene, hoy por hoy, en cotas similares a las registrada en el pico de la burbuja inmobiliaria, mientras que la recaudación ha caído como consecuencia de la crisis (paro y desaparición de empresas). Machacar aún más al contribuyente para mantener una estructura estatalinsostenible no solo no solucionará el déficit, tal y como se ha evidenciado estos últimos años -España presenta, junto con Grecia, el mayor agujero fiscal de la zona euro-, sino que lastrará e incluso podría truncar la frágil recuperación.

Asimismo, disparar el SMI, lejos de beneficiar a los más desfavorecidos, encarecerá los costes laborales, dificultando con ello tanto la creación de empleo como la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. Es decir, perjudicará, precisamente, a sus supuestos beneficiarios. Además, aprobar esta medida con una tasa de paro próxima al 20% no sólo es una insensatez, sino una terrible irresponsabilidad.

Todo ello demuestra la incapacidad de nuestra clase política para adoptar las políticas que realmente necesita España para superar por fin de la crisis, a diferencia de otros países que ya salieron hace tiempo del atolladero, pero, sobre todo, su desvergüenza y desfachatez a la hora de castigar a las familias y empresa, los únicos y auténticos artífices de la mejora económica, para satisfacer sus intereses electoralistas y no violentar a lobbies y grupos de presión. Si el consenso consistía en esto, aplicar políticas dañinas para el conjunto de los españoles, mejor hubiera sido continuar con un gobierno en funciones o volver a convocar elecciones.

Sólo con el cierre de todas las televisiones públicas, empezando por TVE --cadena tutelada por comisarios políticos del Gobierno que esta semana se ha dedicado casi exclusivamente a homenajear de forma un miserable y bochornosa al tirano Fidel Castro-- y otros chiringuitos dedicados al clientelismo y la propaganda política se ahorraría una cantidad similar a la que el Gobierno espera ingresar con esta feroz, la enésima ya desde que Rajoy llegó al poder, subida de impuestos.

Capítulo aparte merece la desfachatez de Cristobal Montoro para mentir sin el menor rubor --negando que tanto él como Rajoy y otros dirigentes de su partido prometiesen bajar los impuestos en la última campaña electoral-- a los ciudadanos, en un ejercicio de cinismo que resulta ofensivo y le inhabilita todavía más, hace mucho que ya tenía que haber sido destituido, para ser ministro de España. Bien es cierto, que en eso no se distingue de la mayoría de sus compañeros de Consejo de Ministros, empezando por el presidente Mariano Rajoy, que si por algo se han caracterizado es por su total y absoluto desprecio hacia los ciudadanos, a los que en lugar de servir, como es su obligación, sangran a impuestos y engañan, movidos exclusivamente por sus interés particular que no es otro que mantenerse en el poder a cualquier precio.

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