El Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó el martes que el Gobierno británico no puede activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida de la UE sin consultar al Parlamento. Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal de Brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016.
Esta sentencia supone un obstáculo para los planes de la primera ministra, Theresa May, cuyo objetivo era abandonar por completo el mercado único, retomando así el control total de sus fronteras, y negociar de cero un acuerdo de libre comercio con la UE, sin necesidad de consultar a los parlamentarios. De este modo, Reino Unido sería un tercer país, absolutamente al margen del resto de la UE, y no un miembro parcial como sucede con Noruega o Suiza, por ejemplo, apostando así por el Brexit duro (fuera del mercado común).
Aunque Londres mantiene su intención de iniciar el proceso de salida para finales de marzo, como tenía previsto, el hecho de que antes deba contar con el visto bueno del Parlamento podría suavizar los planes iniciales de May, ya que la mayoría de diputados en la Cámara Baja son pro-UE, mientras que los conservadores carecen de mayoría en la Cámara Alta. Así pues, May tendrá que presentar un proyecto de ley sobre las condiciones iniciales para poder activar el Artículo 50 y negociar su contenido con otras formaciones, lo cual podría desembocar en una vía de salida más suave que la contemplada inicialmente, según señalan desde el banco de inversión Berenberg.
Además, May se comprometió a someter al Parlamento el acuerdo final que alcance su Gobierno con Bruselas sobre el nuevo nuevo estatus y relaciones de Reino Unido con la UE, de modo que la salida definitiva tendrá que ser sometida a una doble votación (antes de iniciar las negociaciones y después de culminarlas, tras el plazo máximo de dos años que estipula la normativa comunitaria).
Por otro lado, los magistrados del Supremo han determinado que el Gobierno no tiene que esperar a obtener consentimiento de las asambleas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales antes de iniciar el procedimiento formal de negociación con la UE para la salida del bloque.
Habrá Brexit, pero ¿cuál?
La sentencia en sí no pone en cuestión el Brexit, que ya fue decidido en el referéndum, pero obliga a negociar sus condiciones al Gobierno de May, pudiendo ralentizar el proceso de salida o suavizar sus términos.
El Gobierno británico tiene previsto presentar "en cuestión de días" una ley "directa" para pedir al Parlamento la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa. El ministro para el Brexit, David Davis, ha asegurado que el objetivo es presentar ante la Cámara de los Comunes "una ley lo más directa posible para llevar a efecto la decisión del pueblo y respetar la sentencia del Supremo".
Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha señalado que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. "Los laboristas respetan el resultado del referéndum y la voluntad de los británicos y no frustraremos el proceso de invocar el Artículo 50", ha afirmado. No obstante, ha aclarado que su partido tratará de enmendar la ley para la activación del Artículo 50 "para evitar que los conservadores usen el Brexit para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa". Además, ha añadido que su partido reclama "un plan del Gobierno para garantizar que rinde cuentas ante el Parlamento durante las negociaciones y una votación significativa para garantizar que el acuerdo final recibe aprobación parlamentaria".
Por su parte, el líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, ha sostenido que de lo que trataba el litigio judicial era de "dar voz a los ciudadanos sobre lo que viene después" tras el referéndum. En este sentido, ha señalado que su partido "demanda una votación de los ciudadanos sobre el acuerdo final [un segundo referéndum] y sin el cual no votaremos a favor del Artículo 50".