Son las dos variables significativas en las que confluyen los entresijos del mercado laboral. Detrás de ellas hay otras muchas que influyen en las decisiones de empresarios y trabajadores, tales como la productividad, el nivel de los precios, la conciliación familiar en su sentido más amplio, la disyuntiva entre esfuerzo y descanso y, cómo no, el valor, para unos y otros, del tiempo libre.
En todo ello, aparte de cuestiones técnicas que no deben olvidarse, hay actitudes humanas que acaban concretándose, por parte del trabajador, en cuánto está dispuesto a hacer y a cambio de qué, y por parte del empresario en qué salario está dispuesto a pagar y qué espera a cambio.
Este teórico difícil equilibrio lo resuelve el mercado libre de forma magistral; tanto, que supera con creces la mejor obra artesanal. Sin embargo, las reticencias hacia el mercado hacen que la armonía entre deseos, aspiraciones, disponibilidades y actitudes de las dos partes se pongan en manos del sector público –de la regulación– para que cree un mecanismo al que someterse –y digo bien, someterse –, convirtiéndose en extraños los que por naturaleza son protagonistas.
Tan es así, que hasta el lenguaje se modula a partir de esa relación entre extraños. No digamos hasta dónde puede llegarse cuando en esa relación ninguna de las partes se juega nada de lo que es suyo. Entiéndase que el concepto de parte, en este caso, supera la dimensión institucional, sustituyéndola por la persona que está llamada a tomar decisiones.
Se dedican muchas horas, y más que horas, a discutir sobre salarios y pocas o ninguna a hacerlo sobre horarios; menos aún, a la diferenciación entre horarios teóricos y horarios efectivos de trabajo, cuando, al fin y a la postre, el salario es la compensación por el trabajo realizado, y no por figurar en una nómina, ni tampoco por estar de cuerpo presente en el lugar de trabajo.
Recientemente, con escándalo para muchos, se ha hablado de horarios en dos comunidades autónomas. La presidenta de Andalucía ha reducido el horario teórico de los empleados en cinco horas semanales sin afectar al salario, añadiendo, para mayor escarnio, que esta reducción obligará a contratar empleo público adicional, mejorando así el empleo en la comunidad.
Al parecer, haciéndose eco de tal iniciativa, el presidente de Castilla-León tiene el propósito de reducir también el horario laboral en las administraciones públicas de dicha comunidad, sin precisar la necesidad de nuevas contrataciones. Estoy convencido de que si los recursos para pagar las nóminas fueran de su propiedad, ninguno de los dos habría optado por esta generosa medida, que hará amigos pero nada más.
Salarios y horarios efectivos o, si se quiere, horarios y salarios tienen que ir de la mano como si se tratara de hermanos siameses, sin disociación posible; como también horarios teóricos y horarios efectivos deberían ser coincidentes.
¿Habrá momento para que así sea? Quedo con la esperanza.