Mañana viernes supongo que el Gobierno aprobará un real decreto, apelado "de desindexación", por el que viene a desarrollarse la ley del mismo nombre, aprobada por las Cortes cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta. A la luz de tanta regulación, un ciudadano normal, que vive como puede, que paga sus impuestos y que trata de no ofender a nadie, como es mi caso, se pregunta cuándo será el momento de que en España funcionen los mercados; así, sencillamente, mercados en libertad.
No olvidemos que, dado que los gobernantes nunca son responsables de ninguna fechoría, de consecuencias adversas para la sociedad y, concretamente, para la economía de la nación, son los mercados los que acaban siendo imputados por su responsabilidad en los cataclismos económicos.
Al regulador –Gobierno– se le olvida que esos mercados responsables son cualquier cosa menos mercados. Han sido saboteados en su libertad por decretos y más decretos de los gobiernos, que deciden cómo tienen que funcionar los agentes, determinando volúmenes de oferta en unos casos y, en casi todos, decidiendo el precio al que debe asignarse el producto –bien o servicio–.
Y cuando no gusta al regulador el resultado de su regulación, unas veces por compromisos estadísticos y otras para no enfrentarse a movimiento sociales, sin asumir culpa alguna, recurre a nuevos decretos, de los que, probablemente, se arrepentirá más pronto que tarde.
Nuestro ministro de Economía está muy nervioso por el crecimiento de los precios en el mes de enero, que atribuye al mercado energético, que todos saben está altamente regulado y es fuente, para las arcas públicas, de elevados impuestos. Algo mencionó el presidente de que ese encarecimiento de la energía era porque no llovía –tiempo atrás recurríamos a las oraciones ad petendam pluviam– y porque entraban producciones caras –gas y carbón, este último subvencionado– en lugar de hidráulica y eólica. Análisis, por lo demás, muy parcial y simplista, olvidando renovables muy caras y las muy baratas nucleares.
Pues bien, el decreto mencionado pretende resolver el problema anulando lo que el mismo Gobierno aceptó de incluir el IPC en el cálculo del precio de la energía. Si no lo hacemos nos reñirán desde Bruselas, y eso hay que evitarlo como sea. Y los concesionarios de autopistas, que pensaban que los peajes se revisarían según el IPC, ¿qué hacen ahora con sus inversiones y con el rendimiento esperado?
Resulta sorprendente que a un ministro de Economía no se le ocurra pensar que algo así era de prever, pues cuando una economía se inunda de dinero caben dos resultados: o se incrementa de manera acorde el volumen de producto o la hinchazón monetaria se resolverá en un incremento del nivel de precios. Esto no es una sorpresa desde que se enunció la teoría cuantitativa del dinero, Irving Fisher formuló su ecuación de cambios en 1911; y con anterioridad, en el siglo XVI, con gran claridad conceptual, tenemos a la Escuela de Salamanca.