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Temporales e indefinidos

Todo empleado tiende a ser indefinido, salvo que las circunstancias económicas o su indolencia productiva aconsejen lo contrario.

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Un discurso caduco, aunque muy recurrente para alimentar la demagogia, que tanto gusta a los políticos, en contraposición a la realidad económica que prefieren desconocer. Salvo que se trate de curiosidades estadísticas, que estimulan el ánimo, para bien o para mal, de sus lectores, la diferenciación doctrinal de ambos, salvo por la distinción que artificialmente puedan provocar las leyes, es prácticamente nula.

Buena prueba de ello es que ese interés por saber cuántos contratos han pasado de temporales a indefinidos –peor aún cuando se habla de fijos– sería inexplicable en países de alto nivel económico y, más aún, de alto nivel cultural. Más grave aún es cuando esa obsesión, utilizada como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, salvo cuando es de izquierdas, se produce en una economía en la que el nivel de desempleo se sitúa en el entorno del 20% de la población activa.

La distinción que sí es preocupante es la que se produce entre empleados y desempleados, y no tanto en qué modalidad se encuadran los primeros, ni si están felices en el trabajo que desarrollan –son los trabajadores los que buscarán el máximo grado de felicidad y de realización profesional, entre las alternativas disponibles–. El problema real, tanto a nivel personal como a nivel social, es el del desempleado y el de su familia.

Para que la obsesión por la distinción entre temporales e indefinidos pudiera encontrar alguna justificación, tendríamos que asumir que el modelo económico-empresarial (prescindo por el momento del empleo público, que obedece a principios bien diferentes) nada tiene que ver con el mundo de las realidades tangibles.

Así, tendríamos que suponer que la razón de emplear se asienta en el capricho momentáneo del empleador, que, dadas sus veleidades, tan pronto decidirá emplear como despedir, sin consideración alguna a las personas afectadas ni al propio proceso productivo, cuyo funcionamiento se confía al trabajo de los empleados.

Ese empresario no ha existido nunca. Cuando Marx crítica la actuación del empresario – él le llama capitalista y no empresario– no es porque desde su poder despótico y caprichoso emplea y desemplea sin atenerse a fuerzas que le vinculen, sino porque su objetivo es obtener la plusvalía que le origina cada trabajador –diferencia entre el valor del trabajo y el de la fuerza del trabajo–.

En otras palabras, el valor de la aportación productiva del trabajador y el salario que satisface el empresario para la subsistencia de éste. Por lo tanto, cuantos más empleados, mayor volumen de plusvalías percibe el empresario –capitalista–, o sea, mayores beneficios. El argumento se agrava cuando consideramos el volumen de inversión por trabajador que existe hoy en cualquier proceso productivo.

Así las cosas, todo empleado tiende a ser indefinido, salvo que las circunstancias económicas o su indolencia productiva aconsejen lo contrario. La excepción sería la del empleado por sustitución, que finalizaría cuando se incorporase el sustituido.

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