Otro podemita imputado. Esta vez se trata del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, que concurrió a las elecciones municipales de 2015 en el marco de la candidatura de Compostela Aberta. La Justicia tendrá que pronunciarse sobre el presunto trato de favor que habría prestado el edil a determinados locales de ocio nocturno de la capital gallega.
De confirmarse, el concejal Jorge Duarte sería condenado por un delito de prevaricación. Desde el PP ya han advertido de que en las actuaciones del concejal "hay indicios de irregularidad" y han ironizado con "lo que se diría si el que tuviese que declarar fuese un cargo de nuestro partido". Por su parte, el PSOE ha pedido una remodelación del gobierno local y el BNG ha afeado a Compostela Aberta que no haya cesado inmediatamente a Duarte.
Uno de los aspectos que más revuelo ha generado es que el alcalde, Martiño Noriega, no haya apartado de su cargo a Duarte. El Código Ético de Compostela Aberta, al igual que el de muchas de las marcas blancas de Podemos, hablaba en su punto 3.7 de un "compromiso de renuncia o cese inmediato de todos los cargos que sean imputados por la judicatura de delitos relacionados con la corrupción, la prevaricación con ánimo de lucro, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el soborno, la malversación o la apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".
El asunto lleva ya varios meses encima de la mesa. De hecho, el grupo popular ya pidió explicaciones al concejal en un Pleno Municipal, ya que el principal partido de la oposición detectó un posible trato desigual en la aplicación del régimen sancionador de determinados locales de ocio nocturno.
Según el PP, la documentación que ya está a disposición de la oposición apunta que Jorge Duarte habría retenido determinados expedientes sancionadores con el objetivo de evitar las sanciones correspondientes a determinados negocios. En junio de 2016, el retraso acumulado era ya de cuatro meses, lo que ha dado alas a la Fiscalía para imputar al concejal podemita por un presunto delito de prevaricación.