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Asturias, de paraíso natural a infierno fiscal

El Principado es, con Andalucía, la autonomía que mayor esfuerzo fiscal impone a ciudadanos y empresas.

El Club de los Viernes
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Asturiasestá a la cola de España en crecimiento económico, en creación de empleo, en tasa de actividad. Asturias es la comunidad autónoma con mayor descenso relativo de su población. Y sin embargo, Asturias es, junto con Andalucía, la comunidad autónoma que mayor esfuerzo fiscal impone a sus ciudadanos y empresas.

El impuesto de Sucesiones es el ejemplo de cómo el régimen socialista sigue enarbolando la bandera del asistencialismo y la dependencia de la subvención externa en Asturias, que después de 30 años y de la reconversión de la minería del carbón y de la siderurgia, lejos de sacar a Asturias de la decadencia, la han hundido aún más. Un impuesto de Sucesiones que sigue atacando y esquilmando la base elemental de la prosperidad de las personas, las regiones y las naciones: el ahorro.

Un impuesto de Sucesiones que, pese a la operación de maquillaje operado para justificar el apoyo al presupuesto regional por parte del Partido Popular, mantiene apuntaladas las fracasadas políticas socialistas que son un freno a la prosperidad de Asturias. Porque no se puede llamar de otro modo a establecer una bonificación del 100% para contribuyentes del grupo II de parentesco y discapacitados con un grado reconocido igual o superior al 65% (con independencia del grado de parentesco con el causante), aplicable en transmisiones 'mortis causa' siempre que la base imponible sea igual o inferior a 200.000 euros y que el patrimonio preexistente del heredero no sea superior a 402.678,11 euros. Bonificación de difícil cumplimiento y que sigue excluyendo a grandes porciones de la población y al que erróneamente se llama "mínimo exento", cuando sigue manteniendo la injusta situación de que, si la base imponible supera ese importe, se tributa desde el primer euro.

El apaño presupuestario operado, para aprobar las cuentas de Javier Fernández, no ha atacado el problema fundamental de este impuesto: el aumento de forma interesada de los valores de los inmuebles heredados con la aplicación de unos coeficientes multiplicadores que fija anualmente el Principado de Asturias y que establecen el "valor real" de los inmuebles heredados sobre el que se aplica el impuesto de Sucesiones. Una medida claramente confiscatoria que no se aplica en ninguna de las comunidades autónomas limítrofes con Asturias y en casi ninguna de España.

Eso sí, no falta la demonización y amedrentamiento hacia aquellos ciudadanos que deciden votar con los pies y emigrar con su patrimonio a otras regiones en busca de un mejor marco fiscal. Una demonización reforzada con amenazas de reforzamiento de los mecanismos de inspección, y colocándoles en la picota como unos poco ejemplares ciudadanos que huyen de aquellos que pretender esquilmar los frutos de su trabajo, en nombre de la tiranía de la igualdad y la redistribución.

El Principado pretende que Asturias sea la reserva espiritual de un impuesto totalmente anacrónico, cuando la tendencia en otras autonomías (al igual que en los países más avanzados) es la de minorar -cuando no suprimir- el impacto y favorecer el ahorro y la subsiguiente inversión. Los servicios públicos de aquellas comunidades autónomas donde la tributación por el impuesto de Sucesiones es prácticamente cero, no parece que sean de peor calidad que aquella que se dice obliga a mantener una tributación confiscatoria en Asturias en nombre de la ficción del interés general.

A la izquierda ya le es insuficiente demonizar a aquellos que huyen de su tortura fiscal, ahora demonizan también a aquellas regiones que tienen un ambiente fiscal atrayente, clamando por la armonización fiscal. Porque quienes no creen en la competencia del mercado, difícilmente pueden creer en la competencia política. Las propuestas de armonización del impuesto -las armonizaciones ya sabemos que siempre acaban en subidas de impuestos- deberían ser precedidas, al menos, de propuestas de armonización del gasto. Pero eso no lo veremos mientras en España siga siendo rentable electoralmente el victimismo y el discurso de los agravios comparativos, que deviene en la irresponsabilidad fiscal y presupuestaria que seguiremos pagando los de siempre.

Así, este ensañamiento fiscal ha provocado en Asturias la mayor reacción ciudadana vista hasta ahora, una reacción espontánea de la mayoría social contra este "impuesto a la muerte" por el que Principado se lucra con el fallecimiento de nuestros familiares y amigos. Un movimiento que ha recogido ya 110.000 firmas y que amenaza con presentarse a las elecciones autonómicas y en las cuales estimaciones no oficiales otorgan a la Plataforma de Afectados por el Impuesto sobre Sucesiones entre 3 y 5 diputados regionales ¡Temblad políticos!

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