Habitualmente las cifras del paro son un elemento determinante en los cambios de ciclo electorales, así, es frecuente que las crisis económicas y las altas tasas de desempleo acaben por derribar a los gobiernos irresponsables. Tal es el caso de España, en donde la derecha sólo ha sido capaz de hacerse con el poder después de que los gobiernos socialistas hayan dejado al país hecho unos zorros.
Cuando José María Aznar ganó sus primeras elecciones en 1996, la tasa de paro estaba en un 22% y en un 23% cuando, en diciembre de 2011, Rajoy ganó las suyas. Hoy, sin embargo, con una tremebunda crisis en ciernes, la cifra de paro está estabilizada y nos movemos en torno a, "tan solo", el 13%. Aunque lo cierto es que, tras la regresiva reforma laboral de Sánchez, ya nadie sabe a ciencia cierta cuántos parados hay en España, pues al suprimir los contratos temporales y transformarlos en fijos discontinuos hemos perdido toda referencia y vamos a ciegas. Una tasa que, en cualquier caso, no parece que vaya a incrementarse sensiblemente, ya que sólo son propiamente parados quienes buscan un empleo y cada vez son menos quienes lo hacen. Y es que, el paro puede bajar de dos maneras: mediante la creación de empleo (la forma sana) o cuando las personas desisten de buscar trabajo (la forma insana).
Cada vez son más quienes renuncian a trabajar
Este último escenario es en el que hoy nos encontramos, pues cada vez son más quienes renuncian a trabajar y se acogen a cualquiera -o a varios- de los subsidios, paguitas, cheques y ayudas creadas en los últimos años, y por las que compiten con irresponsable generosidad todas las Administraciones: nacional, regional y local.
Esa renuncia voluntaria al trabajo va pareja al aumento de todo tipo de subsidios y del mal llamado "gasto social", pues desincentivan la búsqueda de empleo, sedan la sana ambición por progresar e inoculan en la población el conformismo, la apatía y la resignación. Así, cada ejercicio aumenta la partida del "gasto social" y, año tras año por estas mismas fechas, se repite siempre el mismo titular: "Aprobados los Presupuestos, las cuentas con mayor gasto social de la historia". Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluyen un aumento del 12% respecto a los del año anterior, muy superior al aumento del IPC. En concreto, la partida del año que viene por este concepto sube hasta los 274.445 millones de euros, 30.000 millones más que en 2022.
Este aumento constante del gasto se hace a expensas del aumento de la deuda pública y del déficit, lo que supone una enorme losa que mina las posibilidades de futuro de las siguientes generaciones, las cuales verán reducido su nivel de vida para poder hacer frente a los compromisos con los acreedores. Esta alocada carrera hacia la quiebra nacional tiene como único y espurio objetivo las próximas elecciones, así, el "gasto social" se constituye en un mecanismo de compra de votos con el que Sánchez aspira a conservar el poder y, en este intento, derrochará cuanto haga falta, regando con dinero público a cada vez más amplias capas de la sociedad española con la excusa de crear un escudo social, un escudo social que no es tal, sino que más bien es metadona social, un narcótico presupuestario que produce dependencia económica, física y psicológica a quienes la perciben.
Muchos, seducidos por el subsidio y con tal de no trabajar, se están acogiendo voluntariamente a la dependencia gubernamental aunque ello les suponga alguna merma económica, lo que les conducirá a una progresiva precarización y un descenso en su nivel socioeconómico, lo que acabará por producirles una inevitable sensación de resentimiento. Descenso del nivel de vida buscado por Sánchez, interesado como está en la pauperización de la clase media, única vía para perpetuar en la dependencia de la ayuda gubernamental a los españoles.
De esta manera, el escudo social no es un escudo que protege a quienes a duras penas son mantenidos por el gobierno, sino que busca blindar electoralmente al Gobierno. No es un escudo social, sino un escudo electoral. Una estratagema que pretende ampliar la base social de quienes mal viven del Estado, de quienes perciben su escaso sustento del gobierno, los cuales votarán a Sánchez para tratar de conservar sus míseros subsidios de subsistencia.
El propósito es generalizar las paguitas y cheques, de manera que no solo los reciban quienes –por circunstancias de la vida- no son capaces de valerse por sí mismos, sino que alcancen incluso a quienes realmente no las necesitan para, de este modo, someterles, engancharles a la metadona de la ayuda pública y hacerles económica y políticamente dependientes del gobierno.
El paro ha dejado de ser una palanca para el cambio político. A medida que amplias capas de la población son subsidiadas el factor desempleo deja de ser relevante. En un país con unas elevadas tasas de población subsidiada el paro deja de ser una variable operativa para el cambio político.
Hoy, en España, las cifras de parados no condicionarán el resultado electoral de los próximos comicios, lo condicionarán las cifras de perceptores de subsidios, por escasos que estos puedan ser. Pese a la debacle económica que ya se atisba, no se confíen, las próximas elecciones no están ganadas, hay el riesgo cierto de que Sánchez vuelva a gobernar si es capaz de sostener hasta las próximas elecciones el mastodóntico programa de subsidios y gasto con los que tiene comprados a amplios sectores de la sociedad española, si es capaz de mantener ese costosísimo escudo electoral.
En definitiva, casi podría decirse que, en los próximos comicios, asistiremos a una contienda electoral entre los que trabajan y los que han decidido no hacerlo, entre quienes pagan impuestos y quienes reciben subsidios.
