Es un tema muy recurrente en nuestro país, si bien cada vez que se plantea en la escena política no veo la mínima voluntad de llegar a decisiones solventes, más allá de contentar a unos y abusar de otros. Hago excepción de aquellos estudios rigurosos que, por rigurosos, se encuadernan y pasan al panteón del olvido, esperando mejor ocasión.
Cualquier metodología al uso requeriría definir criterios de justicia y equidad para asignar los recursos públicos entre las administraciones territoriales. La literatura es abundante, y la experiencia, positiva y negativa, también.
El único criterio no admisible es el que opta por el constante regateo entre gobierno central y gobiernos periféricos.
Es estremecedor el discurso populista que busca la relación entre lo que se ingresa por la comunidad respectiva y lo que se recibe del Estado para financiar los servicios esenciales. Tales servicios son aquellos que las autoridades incluyen en esa categoría, con independencia de que sean para el público o se destinen a la mayor pompa y ostentación de quien gobierna.
Un principio que en definitiva es constitucional es que todos los españoles tienen derecho a un mismo nivel de acceso a y de calidad de los servicios esenciales. Claro, algunos dirán que lo que hay que hacer es quemar la Constitución; bien, pero mientras se haga eso, hay que cumplirla. Tenemos, pues, un primer criterio.
Por otro lado, es poco asumible aquel discurso de la relación entre lo que pago y lo que recibo. El criterio de caja (ingreso-pago) no denota nada, más que movimientos de caja. Si queremos acercarnos a una solución más justa, habría que pretender mantener aquella relación, pero entre el sacrificio de los contribuyentes (ingreso al Estado) y el beneficio de la población por los servicios prestados (transferencia del Estado).
El espacio tributario de cualquier comunidad recauda impuestos que no sacrifican a sus contribuyentes, porque si son indirectos –IVA, por ejemplo– van incorporados al precio de los bienes y sacrificarán a los compradores de dichos bienes, donde quiera que estén. Tampoco está tan claro qué ocurre con el Impuesto de Sociedades; parte se tratará de repercutir en el precio, en cuyo caso también lo pagarán los compradores, y el resto –en todo o en parte– sacrificará a los accionistas en su dividendo, donde residan.
Como estos, también en las demás figuras impositivas hay grandes posibilidades de traslación de la carga impositiva, hacia delante –vía precios– o hacia atrás –vía costes–, recayendo en contribuyentes que no residen en el lugar de la administración recaudadora. La diferencia está, pues, entre quienes venden al resto de la nación y quienes compran de otras comunidades.
Como importante es el fondo de solidaridad para compensar carencias de lo esencial de los menos favorecidos. Esto implica transferencias de los más ricos a los más pobres. Quien no lo entienda, sería mejor que no hubiera nacido.