Tres motores han impulsado el procedimiento de la salida a Bolsa de Bankia hacia la imputación de quienes dirigían el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el momento de los hechos. Por un lado, la acusación que conduce Andrés Herzog, exportavoz de UPyD, ahora al frente de un colectivo llamado Confederación Intersindical de Crédito que consiguió ya una sentencia condenatoria en primera instancia por el caso de las tarjetas black. En segundo lugar, la aportación de unos correos que José Antono Casaus, jefe de inspección de Bankia, envió a los antiguos responsables del BdE alertando del perjuicio estimado en 15.000 millones de euros que la operación supondría para los inversores. Por último, la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordenó las citaciones al juez Fernando Andreu, que se negó originariamente.
Los nuevos investigados, al menos en los cargos más importantes, fueron designados por el Gobierno, en concreto por el de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la Sala de lo Penal, que apreció suficientes indicios delictivos, aprobaron la salida a Bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo. En este primer día de interrogatorios, han comparecido ante Andreu quienes fueran presidente y vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente. Ambos representantes del organismo supervisor han defendido que vigilar las cuentas de la caja no era su competencia, sino de la auditora Deloitte y del Banco de España, cuyo entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez MAFO, considerado uno de los principales artífices del desastre de las cajas, comparecerá este jueves.
Según han explicado fuentes presentes en la declaración, desde la CNMV se han desmarcado de la maniobra puesto que solo ejercieron en ella un "control formal". Han hablado del colchón de provisiones de 7.000 millones de euros, cuestionado por los peritos judiciales aportados por el Banco de España, que supuestamente Bankia tenía para afrontar eventuales complicaciones. Los imputados por orden de la Sala de lo Penal han respondido durante dos horas en total a las preguntas de la CIC, puesto que ni el juez Fernando Andreu, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el FROB han efectuado preguntas. Restoy y Segura entienden que el folleto informativo de las acciones reflejaba una "imagen fiel" de Bankia y no conocen los correos de Casaus.
Los siguientes en acudir a la Audiencia Nacional serán este martes los inspectores Pedro Comín y Pedro González; el miércoles, turno de los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello, y el viernes, del exsubgobernador Javier Aríztegui y del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El debate jurídico
Este litigio gira alrededor de dos postulados sobre un mismo hecho: si Bankia reflejó fielmente su contabilidad en el momento de la salida a Bolsa o, por contra, si los auditores manipularon la situación real de la entidad. Es una vertiente del conocido como caso Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. Muchos de los que perdieron dinero en aquel episodio, sobre todo particulares, se han sumado a la acusación contra Bankia y quienes elaboraron el informe de cara a la salida a Bolsa. Siguen personadas en el procedimiento como acusación la Confederación Intersindical de Crédito, encabezada por quien fuera líder de UPyD, Andrés Herzog; y el colectivo ciudadano creado ah hoc 15MpaRato. Estas dos partes han encontrado respaldo en dos peritos del Banco de España a los que el juez Andreu pidió diligencias. Concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
El socio de Deloitte y auditor de Bankia, Francisco Celma, defendió "la rigurosidad y profundidad" de su trabajo, negando supuestos errores en las cuentas a los que hicieron alusión los peritos adscritos al Juzgado de Fernando Andreu. Celma explicó ante el juez que para realizar ese informe de salida a Bolsa siguieron instrucciones de la CNMV y del Banco de España; y además contaron con su aval. De hecho, según el imputado, las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaron en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.
Celma sostuvo que las provisiones de Bankia ascendían en aquel momento a 3.000 millones de euros, aportando documentación para apoyar esta tesis. La postura de las asesorías y supervisores externos del informe que presentó el banco en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones converge en que los peritos judiciales han analizado unos hechos del pasado utilizando información posterior. En otras palabras, que parte de una caída del mercado que aún no se había producido. El auditor de Deloitte ha manifestado que los peritos judiciales aplicaron "una normativa contable inventada por ellos mismos". Son Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, quienes ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores y a los accionistas.