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MAFO desprecia los correos que clamaron contra la salida a Bolsa de Bankia

El exgobernador del Banco de España, imputado por autorizar la fracasada operación, ha comparecido en la Audiencia Nacional.

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MAFO desprecia los correos que clamaron contra la salida a Bolsa de Bankia
MAFO a la salida de la Audiencia Nacional | EFE

MAFO son las siglas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Es el nombre de quien fuera gobernador del Banco de España en el momento de la salida a Bolsa de Bankia. Nació en 1945 en Madrid y se licenció en Derecho como su hermano Francisco, que fue ministro de Hacienda con Adolfo Suárez, de Justicia con Leopoldo Calvo Sotelo y de Exteriores con Felipe González. En su caso, ha sido tres veces Secretario de Estado: de Economía y Comercio con el propio González y de Hacienda con Solbes. Una vida ligada a cargos designados por el PSOE que lo aupó al organismo supervisor del sistema bancario español por elección del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha comparecido en la Audiencia Nacional para explicar por qué, pese a la existencia de cuatro correos y un informe pericial en contra, aprobó la operación para que cotizara Bankia, que necesitó un rescate posterior de 22.4 millones de euros.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, la versión de MAFO es que nadie le hizo llegar los cuatro correos que advertían del futuro fiasco, que además le parecen una mera opinión del autor. Se refiere a José Antonio Casus, jefe de inspección de Bankia que remitió unos mails a sus homólogos en el Banco de España que, según la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alertaban del perjuicio estimado en 15.000 millones de euros que la operación supondría para los inversores. También hacían referencia a la inviabilidad del grupo BFA-Bankia, a la nacionalización como única alternativa para devolver la deuda en una coyuntura de morosidad oculta y suelo sobrevalorado, a que el fondo de provisiones con 3.000 millones para afrontar eventuales complicaciones era insuficiente y a que la entidad estaba quebrada. En conclusión, que las "mentiras al mercado" eran solo eran "una bombona de oxígeno" que permitirían "cumplir temporalmente con los requisitos de solvencia", pero a medio plazo no funcionaría y crearía "quebranto al contribuyente".

El exgobernador del Banco de España ha abandonado a mediodía la Audiencia Nacional entre gritos de corrupto, sinvergüenza y ladrón.

Cúpulas de BdE y CNMV imputadas

La acusación popular que conduce Andrés Herzog, exportavoz de UPyD, al frente de un colectivo llamado Confederación Intersindical de Crédito –que consiguió ya una sentencia condenatoria en primera instancia por el caso de las tarjetas black– ha logrado que ocho delegados directos de la política en el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezcan como imputados en este caso. Se ha basado en la aportación de los correos que Casaus envió a la jefatura de inspección del BdE conformada por Pedro Comín y Pedro González, que también descalificaron este miércoles los mails ante el juez. Por último, fructificaron gracias a la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que atendió un recurso y ordenó las citaciones a Fernando Andreu, que se había negado originariamente.

La jornada ha acogido también la comparecencia de Javier Aríztegui. Quien fuera número dos de MAFO en el Banco de España, donde permaneció en el Comité Administrativo de Revisión del Mecanismo Único de Supervisión hasta que se materializó su imputación en febrero, se ha expresado en los mismos términos. Ha intervenido después Casaus, en su caso en calidad de testigo. "Nadie discutía el diagnóstico de que el grupo BFA-Bankia estaba muerto", ha manifestado el inspector en su declaración en la que se ha derrumbado recordando el estrés durante la salida a Bolsa. Ha añadido que "Bankia es el banco malo, BFA el muy malo".

El debate jurídico

Este litigio gira alrededor de dos postulados sobre un mismo hecho: si Bankia reflejó fielmente su contabilidad en el momento de la salida a Bolsa o, por contra, si los auditores manipularon la situación real de la entidad. Es concretamente una vertiente del conocido como caso Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. Muchos de los que perdieron dinero en aquel episodio, sobre todo particulares, se han sumado a la acusación contra Bankia y quienes elaboraron el informe de cara a la salida a Bolsa. Siguen personadas en el procedimiento como acusación la Confederación Intersindical de Crédito y el colectivo ciudadano creado ah hoc 15MpaRato. Estas dos partes han encontrado respaldo en dos peritos del Banco de España a los que el instructor pidió diligencias. Concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

El socio de Deloitte y auditor de Bankia, Francisco Celma, defendió "la rigurosidad y profundidad" de su trabajo, negando supuestos errores en las cuentas a los que hicieron alusión los peritos adscritos al Juzgado de Fernando Andreu. Celma explicó ante el juez que para realizar ese informe de salida a Bolsa siguieron instrucciones de la CNMV y del Banco de España; y además contaron con su aval. De hecho, según el imputado, las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaron en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.

Los representantes del Banco de España y la CNMV han respaldado la misma tesis, apuntando a las provisiones de 3.000 millones de euros. El auditor de Deloitte manifestó que los peritos judiciales aplicaron "una normativa contable inventada por ellos mismos". Son Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, quienes ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores y a los accionistas.

Los entres supervisor y regulador del sistema bancario español han deslizado la sospecha de que Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, se ha escudado en órdenes superiores para justificar aquella salida a Bolsa. Desde algunos sectores defienden que la operación fue una cuestión de Estado para evitar el hundimiento de la entidad en uno de los momentos más críticos de la economía mundial, cuando se produjeron los rescates de Grecia y Portugal. La maniobra se tradujo en el mayor rescate de la historia con dinero público y la pérdida de los fondos de quienes acudieron a la OPV. Casaus, jefe inspector de Bankia, clamó contra la "cuestionable honradez de los gestores" en un "consejo muy politizado y poco profesional". En sus correos, señala a los "10 magníficos", que quisieron embolsarse en 2009 –con la entidad en números rojos– un bonus mayor que el correspondido: Miguel Blesa, Carlos Martínez, Ricardo Morado, Mariano Pérez Claver, Ildefonso Sánchez Barcoj, Juan Astorqui, Rafael Spottorno, Matías Amat, Carmen Contreras y Ramón Ferraz.

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