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Guindos: "Para las CCAA, el Tesoro español es una madre y los mercados una madrastra"

El ministro de Economía confirma que el Gobierno está abierto a la posibilidad de plantear quitas en la deuda autonómica.

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El ministro de Economía confirma que el Gobierno está abierto a la posibilidad de plantear quitas en la deuda autonómica.
Luis de Guindos, durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press celebrado este martes en Madrid. | EFE

El último paso en el proceso de mutualización de deudas de las comunidades autónomas está a punto de darse. Todos los españoles asumirán el coste y pagarán los déficits de las regiones que no han sido capaces de cuadrar sus cuentas o de alcanzar los objetivos de déficit marcados por Hacienda. Será en el marco de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, que el Gobierno negocia en estos momentos con los gobiernos regionales. Este lunes, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, abría la puerta a la posibilidad de aprobar quitas a la deuda de las CCAA. Este martes, Luis de Guindos, invitado en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, confirmaba que la opción está sobre la mesa y es probable que se aplique. ¿El principal problema? En primer lugar, habrá agravios comparativos con las regiones que sí han cumplido para las que la medida puede ser "discriminatoria". Además, se abre un camino muy peligroso desde el punto de vista de los incentivos. A partir de ahora las regiones ya saben que saltarse los objetivos de déficit o disparar la deuda acaba teniendo premio: el Estado paga.

"El Estado no va a dejar caer a ninguna comunidad autónoma". Con esta frase, que el propio De Guindos ha repetido al menos un par de veces este martes, el Gobierno ha defendido una y otra vez, desde 2012, las diferentes vías de alivio financiero a las comunidades autónomas que ha ido aprobando. La más relevante es el acceso a los fondos de financiación (el famoso FLA) que permiten que las regiones no tengan que acudir a los mercados para cubrir sus déficits anuales.

De Guindos le ha puesto cifras a la ayuda: "La administración central tiene, vía FLA, 175.000 millones de deuda de las CCAA. El ahorro de intereses en estos años para las regiones ha sido del entorno de los 43.000 millones. (…) En estos momentos, el Tesoro español emite 35.000 millones por encima de lo que renueva y más de la mitad de eso va para financiar el FLA, que cubre el déficit de las comunidades adheridas y los vencimientos de su deuda. Y todo ello con unos tipos extraordinariamente reducidos".

Lo cierto es que, desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, siempre ha defendido que el Estado no se puede permitir un impago de una región, por muy mal que ésta haya gestionado sus cuentas públicas. Así, Montoro ha reiterado una y otra vez que una situación de este tipo sería muy grave porque mancharía al conjunto del sector público español. Al fin y al cabo, recuerda el ministro de Hacienda a menudo, también las administraciones autonómicas son Estado. Y por eso deben tener el respaldo del Gobierno central.

De Guindos reiteraba esta tesis este martes cuando le preguntaban por las consecuencias de que el Estado asumiera en su balance la deuda acumulada por las regiones: "Ese es el efecto contable. Pero es un efecto de una sola vez y no es muy relevante". Por todo ello, aseguraba, "lo importante no es la quita, sino otro principio". ¿Cuál? Ése que dice que nunca una región española quebrará porque la Administración Central lo impedirá. Para rematar su argumentación, ponía un ejemplo muy gráfico de por qué el Estado ha ayudado a las CCAA y los beneficios que éstas han obtenido: "Para las comunidades, el Tesoro español es una madre, y los mercados, una madrastra".

Esto último también es evidente. A lo largo de los años 2012 y 2013 quedó muy claro que había regiones que tenían completamente cerrado su acceso a los mercados (o que sólo podían emitir deuda a unos tipos de interés muy elevados). Para ayudarlas, el Gobierno aprobó los diferentes fondos de financiación a los que han accedido la mayoría de las regiones, especialmente las que tenían más dificultades para acudir a los mercados. De esta manera, es el Tesoro el que emite la deuda, poniendo como aval toda la capacidad recaudatoria del Estado español. Luego presta a las regiones ese dinero que ha conseguido captar en el mercado. Y las CCAA se comprometen, a cambio, a devolver el dinero al Tesoro y a cumplir con las instrucciones que les imponga Hacienda (ésa era la teoría hasta ahora, que se empieza a hablar de quitas, es decir, de que las CCAA no le paguen al Tesoro).

Junto a estos mecanismos, en teoría extraordinarios, de financiación, en la primavera de 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP), que daba muchos más poderes a Hacienda a la hora de controlar la gestión de las cuentas de los ejecutivos regionales. Era la segunda pata sobre la que se asentaba el principio de rescate permanente. En conjunto, la política del Gobierno respecto a las regiones, tal y como se explicó en aquel año 2012, podía traducirse en algo así como: "El Estado garantiza que ninguna región quebrará. Y ayudará a las que estén en problemas para que salgan de esa situación puntual de necesidad. Pero, a cambio, las CCAA tendrá que comprometerse a cuadrar sus cuentas y a cumplir con el déficit y con los requisitos que les imponga Hacienda. Si no lo hacen, se aplicará la LEP, que incluye entre sus preceptos la posibilidad de intervenir una región si ésta ignora sus obligaciones".

Éste último punto es la madre del cordero de toda la discusión. Porque en los cinco años que lleva vigente la LEP varias regiones han incumplido de forma reiterada los objetivos de déficit impuestos por Hacienda (en este sentido, destacan, desde el punto de vista negativo, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia). Y no ha pasado nada. O casi nada. Muchas advertencias, pero pocos efectos prácticos.

Casi en cada Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro repite que ésta ya es la última vez y que las CCAA tendrán que ajustarse a lo fijado por su departamento. Es más, no sólo no ha habido consecuencias relevantes para las incumplidoras, sino que las regiones que peores números presentan han sido premiadas en más de una ocasión con límites de déficit a la carta, que les permitían un descuadre superior al de las CCAA que sí cumplían y con un acceso al FLA que les aseguraba una financiación mucho más barata que en los mercados.

Por eso, De Guindos también reconocía este martes que el principal problema será político y llegará desde las CCAA que sí han cumplido y que sienten que puede haber un agravio comparativo. Porque cuando el Gobierno habla de "quitas" y las liga al nuevo sistema de financiación, en realidad lo que quiere decir es que entre todos los españoles pagarán los dispendios de los Ejecutivos regionales que no se quisieron apretar el cinturón. A estos políticos les saldrá gratis su desafío a Hacienda. Y a los que cumplieron, ¿qué se les dice? ¿habrá que compensarles? ¿cómo? ¿qué incentivos tendrán a partir de ahora las 17 regiones para cumplir con sus compromisos?

Tras escuchar a Montoro y De Guindos esta semana, es casi seguro que habrá quitas. Ahora mismo, sería una sorpresa que al final no se aprobasen De esta manera, el nuevo sistema de financiación echará a andar con agravios comparativos, incumplimientos no castigados y leyes que se anunciaron como contundentes pero luego no se aplicaron. No parece el mejor de los comienzos posibles.

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