El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha firmado este miércoles con los sindicatos el acuerdo de empleo público que contempla una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de alrededor de 67.000 plazas y un proceso de reducción de la interinidad que conllevará la conversión de hasta 250.000 interinos en fijos en un plazo de tres años, con el fin de reducir la interinidad en las administraciones del 25% actual al 8%.
Montoro ha suscrito en la sede del Ministerio el acuerdo para la mejora del empleo público con representantes de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, como paso previo a la reunión oficial de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de esta tarde, a la que asistirán sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP, y en la que se fijarán las cifras definitivas de la OEP y el salario público para 2017, que previsiblemente será del 1%.
Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo, para los que se prevé una tasa de reposición del 100%, son Sanidad, Educación, Justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal. El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50%.
Esto podría suponer, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, una Oferta de Empleo Público de alrededor de 67.000 plazas. Por subsectores, 19.000 plazas serán en la Administración General del Estado (AGE), 28.144 plazas, aproximadamente, en las comunidades autónomas y en torno a 20.000 plazas en las entidades locales, según ha informado el Ministerio de Hacienda en una nota.
Rechazo sindical a la subida salarial del 1%
Por su parte, CSIF rechazó, en declaraciones a Europa Press, la subida del 1% del sueldo de los funcionarios prevista por el Gobierno para este año y denunció que, a falta de celebrarse la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, se haya establecido el incremento salarial sin "margen de negociación".
En la última reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de la Mesa General, fuentes sindicales señalaron que la negociación estaba "encallada" en materia salarial, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Desde CSIF reclaman que se recupere la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy, hasta el año pasado, cuando ya se aprobó un incremento del 1%. De su lado, tanto UGT como CCOO consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%