Desde que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) cayera en desgracia, la financiación de tales órganos territoriales se ha convertido en un tema recurrente que, como el Guadiana, aparece y desaparece secuencialmente, según las urgencias y gravedad de otros asuntos que puedan tener entretenida a la población.
Si hallásemos un denominador común de todas esas idas y venidas, sería sin lugar a dudas la insatisfacción. Insatisfacción con independencia de quiénes fueron los negociadores y de los materiales, en muchos casos de gran rigor científico-económico, a disposición de los mismos.
Tales materiales pretendían colaborar a la racionalidad de las posiciones de las partes, que les permitieran alumbrar una decisión equilibrada y justa; reconocedora de la igualdad de derechos de todos los españoles, en tanto que destinatarios de bienes y servicios esenciales para una vida digna en común.
Ni por esas; y no por carencia de materiales solventes, sino por la inclinación al uso desmedido del poder. Ello ha motivado que desde muchos años se venga reclamando la construcción de un modelo de financiación de las CCAA que huya de favoritismos y se rija exclusivamente por un principio que, además de constitucional se recogía ya en la Lofca: la financiación debe garantizar que los españoles tengan acceso a la misma cantidad y calidad de servicios esenciales para el desenvolvimiento de una vida digna con independencia de dónde resida.
Harto ya de oír, una y otra vez, que vamos a perfilar un nuevo modelo para la financiación de los entes territoriales –comunidades y ayuntamientos–, no puedo menos de preguntarme: ¿acaso se tiene miedo a ponerse manos a la obra para la definición del modelo? ¿Quizá pensamos que un modelo que, de forma casi automática, determine la cuantía de recursos financieros para las comunidades y los ayuntamientos reduce el poder de los gobiernos?
La verdad es que no vislumbro una respuesta satisfactoria a estas preguntas, y que se opte, preferentemente, por ese andar despavorido en zigzag, tratando de poner parches y remendar agujeros, en una actitud de rey mago, premiando a los que han sido buenos y dejando carbón a los malos. Eso no merece el calificativo de política, porque no es modo de organizar la vida en la polis.
Hace unos días el presidente del Gobierno ha ofrecido a Cataluña una suma importante para financiación de infraestructuras. ¿Por qué, se pregunta cualquiera? Simplemente, porque así lo ha considerado conveniente; no encuentro otra respuesta. Pues bien, eso es cualquier cosa menos el camino para un modelo de financiación. La discrecionalidad abusiva, tan halagadora, conduce al sepelio político de quienes así se sienten halagados.
Se me dirá que la razón subyacente es la de frenar el independentismo. Craso error en mi apreciación. Pero, además, si así fuera, y además tuviera éxito, ¿quién frenará las nuevas reivindicaciones independentistas? Seguro que crecen en los territorios más insospechados.
Aquellos con madrastra buscarán madre; en el decir del ministro De Guindos.