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La segunda batalla del Popular: los accionistas amenazan con los tribunales

Tras las resoluciones del caso Bankia, los despachos especializados y las asociaciones de consumidores se preparan para el frente judicial.

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La segunda batalla del Popular: los accionistas amenazan con los tribunales
Panel informativo de la Bolsa de Madrid, este miércoles, con la última cotización del Banco Popular. | EFE

De 19.483 millones en abril de 2007 a 1 euro en junio de 2017. La historia de la Bolsa mundial está llena de desplomes, euforias, grandes pelotazos y quiebras históricas. Pero pocas caídas habrá habido tan llamativas como la del Popular. El banco modelo, la entidad que se ponía como ejemplo de solvencia, gestión y estabilidad se ha transformado en una década en el protagonista del mayor fiasco del sistema financiero privado español desde la intervención de Banesto en 1993.

Todo el mundo se preguntaba este miércoles qué ha podido pasar. Porque ya no es sólo el desplome en la cotización de la entidad en la última década. Eso le ha pasado a casi todos los grandes bancos españoles. Algunos más y otros menos, pero todos han sufrido (y mucho) tras el pinchazo de la burbuja del ladrillo. Lo llamativo es el camino que ha llevado al Popular hasta esta situación, con dos ampliaciones de capital de 2.500 millones en 2012 y 2016, con su negativa a aceptar ayudas públicas, con las advertencias de los reguladores sobre la pésima situación de la entidad y con las sucesivas declaraciones de sus responsables sobre la solvencia del balance y las promesas de que esas inyecciones de dinero que pedían a accionistas e inversores serían la palanca que les permitirían recuperar el impulso.

Al final no ha sido así. El Popular no ha conseguido levantar el vuelo y ha quebrado. El Santander se lo queda por un euro y los accionistas y bonistas lo pierden todo. Seguramente el mismo martes hubo quien compró acciones de la entidad pensando que a 0,30 céntimos estaban tan baratas que mucho más no podían caer. Pues sí, sí era posible. Y ya fueran esos accionistas recién llegados o llevasen 20 años como co-propietarios, el resultado es parecido: lo que hayan metido en el banco no vale nada... por ahora. Porque apenas unos minutos después de que se anunciara el destino del Popular comenzaban a aparecer las primeras noticias sobre reclamaciones o demandas. Nadie se va a quedar con los brazos cruzados y, viendo lo ocurrido en el pasado, no extraña que haya quien piense que ni mucho menos el partido ha terminado.

De Bankia al Popular

Así la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), despachos de abogados especializados en derecho bancario, asociaciones de accionistas minoritarios, Adicae (Asociación de consumidores bancarios) y un largo etcétera de organizaciones anunciaban este miércoles que pedirán responsabilidades a los gestores del Popular y exigirán una compensación al Santander (como responsable en tanto que comprador de la entidad) por las pérdidas sufridas.

Los argumentos no son muy diferentes a los utilizados por los accionistas de Bankia, aunque sí hay algunos matices interesantes propios del caso en cuestión. También es cierto que es lógico que lo ocurrido con la entidad madrileña sirva de modelo para las demandas del Popular. Al fin y al cabo, los tribunales acabaron dando la razón a buena parte de los demandantes que exigían una compensación por el quebranto sufrido tras la salida a Bolsa. El resultado final ha sido que Bankia aceptó pagar a través de un procedimiento extrajudicial y la gran mayoría de los minoritarios han podido recuperar su dinero. Ésa es la mejor esperanza para los accionistas del Popular. Eso sí, no será fácil, hay muchos interrogantes que planean sobre el caso y que no tienen una respuesta clara.

La primera pregunta a la que tendrán que responder es cuál será su argumento principal: estafa o expropiación. Aunque quizás se mezclen los dos. En el primer caso, las miradas se centrarán en Ángel Ron y el consejo que capitaneó el Popular durante la última década hasta que hace unos meses se decidió la salida de Ron y la llegada de Emilio Saracho en su lugar. La acusación sería similar a la de Bankia: es decir, que los directivos sabían que la situación del balance era mucho peor que la declarada y que presentaron unas cuentas en el límite de la verosimilitud para atraer incautos a la ampliación de capital. Pero hay más, porque tampoco ha gustado entre los accionistas la forma en la que se ha resuelto todo. Por ejemplo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha acusado al BCE de haber expropiado la entidad "sin procedimiento, sin información previa y sin justiprecio".

El problema es que no será fácil demostrar ninguna de las dos. En lo que hace referencia a la primera cuestión, los accionistas del Popular lo tienen más complicado todavía que los que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia. Aunque sólo sea porque la ampliaciones del Popular tuvieron lugar en 2012 y 2016, cuando todo el mundo ya sabía (o debería saber) que el banco y el sistema financiero español en su conjunto pasaban por una situación muy delicada. De hecho, por eso tuvo que realizar varias ampliaciones de capital y por eso su cotización en Bolsa sufría un fuerte castigo desde hace una década. Ya en 2012, cuando se nacionalizaron varias cajas, se produjo el rescate bancario de la UE al Reino de España y se fusionaron numerosas entidades, se hablaba de la debilidad de la posición del Popular por su exposición al ladrillo (agudizada tras la compra del Banco Pastor). Entonces, la opción de la directiva fue acudir al mercado en busca de fondos con los que tapar el agujero y de hecho, cubrieron los 2.500 millones que dijeron que necesitaban con holgura.

Pero aquello no fue suficiente y los problemas continuaron. Nadie podía obviar que las cuentas de la entidad estaban al límite y que las diferentes provisiones no eran suficientes. Argumentar que en mayo de 2016, tras nueve años de crisis y casi un lustro después de que el Popular empezara a aparecer en las noticias sobre entidades en problemas, uno no sabía dónde se metía al acudir a la ampliación de capital se antoja complicado. Uno de los argumentos utilizados hace referencia al nivel de las provisiones, que fue finalmente mucho más elevado que el anunciado por la directiva. Eso puede ser cierto, pero ni el Popular es el único banco que ha tenido que revisar al alza sus provisiones ni es extraño que una entidad inundada de activos tóxicos del ladrillo tenga que hacerlo.

Los precedentes

La parte positiva para los accionistas es que les quedan los precedentes. Y es que en los últimos años, en España, los tribunales han tendido a ponerse del lado del minoritario-cliente. Preferentes, cláusulas suelo, salida a Bolsa de Bankia… En todos estos casos, los jueces han acabado fallando a favor del ciudadano de a pie y en contra de las entidades bancarias no tanto porque hayan llegado a la conclusión de que no se había informado o de que en los contratos no se especificaba el riesgo de cada operación, sino por razón de una mala praxis en la comercialización o colocación del producto. ¿Se puede entender que algo así pasó en el Popular? Es una interpretación generosa, pero ni mucho menos puede descartarse. Y por cierto, será el nuevo propietario el que tenga que hacer frente a estos costes si se producen.

El problema (que no se da únicamente en este caso, también puede alegarse algo parecido con Bankia) es que los tribunales han circunscrito las responsabilidades en el tiempo y también en función de cómo le ha ido a cada entidad. Así, ahora se habla de indemnizar a los que acudieron a la ampliación de capital de 2016, sin que quede muy claro por qué no hacerlo con los que compraron acciones al día siguiente de esa ampliación (o el mes pasado). Si las cuentas del Popular (o las de Bankia) estaban manipuladas, todos los que compraron sus acciones en los últimos dos años deberían ser indemnizados. Si no es así, ¿por qué sí devolver el dinero a los que acudieron a ese momento concreto de la ampliación de capital o salida a Bolsa y no a los demás? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los tribunales sí han hecho esa diferencia que es complicado no ver como un tanto arbitraria.

Porque además, es difícil escapar a la sensación de que la posible compensación por las pérdidas a los accionistas del Popular (y de Bankia) llega porque la entidad ha quebrado y se ha vendido por cero euros y lo han perdido todo. Si el quebranto hubiera sido del 90%, ¿habría habido demandas? Es decir, si hace dos meses el BBVA hubiera comprado la entidad por 1.000 millones y los accionistas hubieran perdido el 80-90% de su inversión, lo más probable es que se hubiera interpretado todo este movimiento como uno más de los que se producen cada día en la bolsa, con inversores que ganan y otros que pierden. Pero como lo que ha habido es una intervención pública, pues los tribunales pueden acabar compensando a los accionistas con el total de su inversión, como en Bankia.

El último punto alrededor de toda esta polémica tiene que ver con el papel del BCE y lo ocurrido en las últimas 24 horas. En teoría, el Popular estaba buscando comprador, con el objetivo de obtener el máximo posible y poder compensar con algo, aunque fuera poco a sus accionistas. El plazo previsto terminaba el 30 de junio. Pero ante las noticias de falta de liquidez de la entidad, el regulador ha decidido intervenir y forzar una solución que deja a los propietarios (y bonistas) sin nada. ¿Era imprescindible hacerlo así? Desde el BCE y el Frob aseguran que sí y que lo ocurrido en la última semana incluso ponía en peligro que la entidad pudiera hacer frente a sus obligaciones con sus clientes. Ya no es sólo que el valor contable de los activos del banco fuera negativo (el BCE asegura que según el análisis independiente realizado hablamos de un agujero de entre 2.000 y 8.000 millones de euros). Es que ni siquiera estaba claro que la situación fuera sostenible hasta fin de mes.

"El significativo deterioro de la situación de liquidez del banco en los últimos días condujo a la determinación de que la entidad hubiera sido incapaz en el futuro próximo de pagar sus deudas u otras obligaciones", decía el comunicado del BCE de este miércoles. En resumen, que si no se intervenía podíamos ver un pánico bancario e incluso a depositantes con pérdidas. Por eso habría dado un paso adelante el supervisor y habría encontrado que la solución Santander era la menos mala de todas. Sus accionistas no están de acuerdo y reclaman un "justiprecio". La compra del Popular es ya un tema cerrado, las derivadas de la operación están lejos de haber quedado finiquitadas.

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