La anulación de la amnistía fiscal aprobada en 2012 que acaba de decretar el Tribunal Constitucional (TC) constituye todo un varapalo para el principal valedor de dicha medida extraordinaria, que no es otro que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero no es la única mancha que ha protagonizado durante estos seis años y medio al frente de la citada cartera.
La decisión del TC es, sin duda, motivo más que suficiente para que Montoro dimita de su cargo, ya que ha tumbado una de sus principales medidas estrella durante la pasada legislatura. Una desautorización de este calibre resulta incompatible desde el punto de vista político con su continuación al frente de Hacienda, y es evidente que cualquier otro ministro del ramo de la zona euro habría presentado su dimisión el mismo día de la publicación de la sentencia. En primer lugar, porque, tal y como estipula el TC por unanimidad, un Real-Decreto, que fue la fórmula escogida por el Gobierno para aprobar la amnistía, no puede afectar "de forma relevante o sustancial" a deberes constitucionales básicos, como el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y, en segundo lugar, porque más allá de la irregularidad formal cometida, la medida en sí supuso una "abdicación del Estado" a la hora de perseguir el fraude fiscal y garantizar la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes.
La contundencia y unanimidad mostrada por el Constitucional contra la amnistía fiscal coloca al ministro en una posición insostenible e indefendible desde todos los puntos de vista. Es un escándalo que tras un dictamen de esta naturaleza Montoro ni se plantee siquiera la posibilidad de dimitir, al tiempo que el Gobierno del PP cierra filas en torno a su más que cuestionada figura. Lo grave, sin embargo, ya no es este hecho en sí mismo, sino el grave cúmulo de despropósitos que ha llevado a cabo en los últimos años sin que, hasta la fecha, Rajoy haya cuestionado lo más mínimo su posición al frente de uno de los ministerios más importantes del país.
La súbita, continuada e histórica subida de impuestos que infligió al conjunto de los españoles, incumpliendo de forma vergonzosa las promesas electorales del PP justo antes de su llegada al poder, es otro de los motivos por los que debería haber abandonado sus funciones hace ya tiempo. Otros motivos son desde la absoluta indefensión en la que se encuentra hoy el contribuyente por culpa de los abusos y la inseguridad jurídica que ha propiciado su gestión hasta el chiringuito de Equipo Económico -antes 'Montoro y Asociados'-, el lobby próximo al ministro que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Su turbia intervención a favor de Abengoa para proteger a la fotovoltaica de los recortes a las primas renovables, la inaplicación flagrante de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las comunidades autónomas, el incumplimiento de todos y cada uno de los objetivos de déficit público comprometidos con Bruselas o las amenazas soterradas lanzadas contra periodistas y colectivos de distinta naturaleza a cuenta de sus obligaciones tributarias conforman un amplio y relevante listado de causas para dimitir o que le dimitan.
Por último, en el caso concreto de la amnistía, no se entiende que el TC declare inconstitucional el decreto ley, pero mantenga intactos sus efectos. Si una ley o decreto es declarado nulo, su contenido debería resultar igualmente invalidado, ya que lo contrario constituye una perversión jurídica que no admite defensa posible. Además, las amnistías fiscales son una anomalía condenable, tanto desde el punto de vista moral como jurídico, puesto que suponen otorgar un trato de favor a quienes han defraudado o evadido el pago de sus impuestos frente al resto de contribuyentes. Lo que necesita España no son recurrentes amnistías fiscales de dudosa o nula legalidad para tratar de recaudar más en los momentos de crisis, sino impuestos bajos y un sistema fiscal mucho más sencillo y transparente que sirva tanto para incentivar el crecimiento y la creación de empleo como para combatir de forma efectiva la economía sumergida y el fraude tributario.