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Jordi Solé (Fedeca): "La inamovilidad absoluta de los funcionarios nos hace mucho daño"

Fedeca pide “sistemas de evaluación del desempeño” para acabar con la imagen del empleado que no cumple pero contra el que no se puede hacer nada.

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Jordi Solé Estalella, presidente de Fedeca, en una imagen de archivo.

Jordi Solé Estalella es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1990. También es presidente de Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) desde febrero de 2016.

Desde su doble condición, inspector de Hacienda (y por lo tanto, funcionario) desde hace casi tres décadas y ahora portavoz de la asociación que engloba a los altos funcionarios del Estado, tiene una visión privilegiado de la situación actual de los trabajadores públicos en España y de la Administración. Solé es optimista. Cree que estamos en un momento decisivo, que se avecinan cambios… y espera que sea para bien. En su opinión, la crisis es una oportunidad. Y no menor.

Fedeca, la organización que preside, agrupa 47 asociaciones de funcionarios públicos de Cuerpos Superiores, desde abogados del Estado a inspectores de Hacienda, pasando por economistas, ingenieros o diplomáticos. La flor y natade la Administración. Aquellos que han pasado las oposiciones más exigentes. También los más buscados por el sector privado, por su competencia y conocimientos.

Libre Mercado se reunió con Solé la semana pasada en Madrid. Sobre la mesa, los temas que preocupan a los altos funcionarios y también los que se discuten por los contribuyentes que les pagan el sueldo: la carrera funcionarial, el sistema de oposiciones, la corrupción, la profesionalización de la figura del directivo público o la falta de herramientas para exigir responsabilidades al funcionario que hace dejadez de sus funciones. La excusa era el anuncio del Gobierno de que podría reducir la jornada de trabajo a los empleados públicos a las famosas 35 horas semanales. Y la respuesta de Fedeca que publicó un comunicado en el que aseguraban que "los altos funcionarios ven contraproducente recuperar la jornada laboral de 35 horas en el sector público". ¿Funcionarios que no quieren reducir su jornada de trabajo? Eso merecía una larga explicación.

- Hace unos días, Fedeca publicaba una nota de prensa en la que se oponía o al menos cuestionaba la oportunidad de la reducción de la jornada de los funcionarios a 35 horas semanales. Llama la atención que una asociación de funcionarios proteste por lo que parece ser una medida que les beneficia: trabajar menos cobrando lo mismo.

- Bueno, lo primero es que la medida no es gratuita, tiene un coste que la secretaría de Estado cifra en mil y pico millones de euros. Pero más allá del coste, lo importante es que esta no es nuestra principal preocupación y tampoco lo es para los funcionarios con los que hemos hablado. Y sin embargo, creemos que iría en perjuicio de otras que sí nos preocupan y consideramos más importantes.

Por otro lago, aunque nuestra principal preocupación no sea nuestra imagen ante la opinión pública, tampoco nos ayudaría nada que pareciera que ahora estamos reclamando trabajar menos horas. Nosotros creemos que la manera de ganarse la mejor retribución es demostrando profesionalidad y dedicación. Por lo tanto, esta medida, sin que en realidad nos opongamos, está en el último lugar de nuestra lista de reivindicaciones.

- Entendido. Pero si esta es la última de sus preocupaciones, cuál es la primera.

- Nosotros estamos empeñados en profesionalizar la administración y liberarla de lo que llamamos la colonización política. Creemos que es uno de los motivos de que la crisis institucional de los últimos años haya adquirido tanta fuerza. Nos han ido laminando los instrumentos de control. Por lo tanto, las primeras medidas serían aquellas que refuercen la imparcialidad e independencia de los funcionarios.

- Hace unas semanas, el Instituto de Estudios Económicos y Esade presentaron su estudio ‘El empleo público en España: desafíos para un Estado democrático más eficaz’. La noticia que dedicamos en Libre Mercado a este informe, la titulamos así: "Sólo el 1% de los empleados públicos suecos es funcionario". Y es que nuestro país tiene menos empleados públicos que esos países del norte de Europa con los que nos gusta compararnos, pero tiene muchos más funcionarios.

Con este punto de partida, ¿qué quieren decir ustedes cuando hablan de "profesionalización"? ¿Avanzar hacia un modelo como el sueco? ¿Acabar con la figura del funcionario como la conocemos en España?

- No, nosotros creemos en el modelo funcionarial. El modelo sueco es distinto, es el modelo anglosajón, que no es propio de nuestra tradición. No vamos a entrar en cuál es mejor o peor, pero en cualquier caso creemos que es muy ajeno a nuestra cultura. Nosotros tenemos un modelo de función pública desde hace un siglo y medio y creemos que, hasta el momento, ha dado unos buenos resultados. Cuando hablamos de una administración profesional, pensamos en una administración servida con funcionarios. Es más, ha sido en las orillas de la funcionarización donde se han producido los casos graves de desprofesionalización.

- Bien, entonces entiendo que el estatuto del funcionario es sagrado para Fedeca.

- Sagrado no hay nada. Nosotros estamos dispuestos a estudiar y analizar cualquier medida de mejora…

- Tampoco creo que esto lo plantee ningún partido ahora mismo en España. Lo ponemos nosotros sobre la mesa porque en Libre Mercado sí creemos que ése modelo anglosajón tiene algunas ventajas sobre el nuestro.

- Si a medio plazo llegáramos a un estudio tranquilo, razonable y sensato de que hay que ir hacia el modelo anglosajón, pues se podría estudiar. Pero mi opinión personal es que después de 200 años de modelo continental, lo más apropiado es profundizar ese modelo y corregir lo que haya que corregir. Por otro lado, no creo que haya sido un mal modelo. Otra cosa es la perversión de ese modelo.

- Entonces, esa profesionalización de la que hablamos, marcha en la línea de más autonomía para los funcionarios, ¿qué pide Fedeca?

- Hay muchas medidas, pero en general tenemos dos tipos de medidas. Por un lado, hay que distinguir la función profesional-técnica de la política. Por eso insistimos desde hace tiempo en que hay que desarrollar la figura del directivo público, que es la bisagra, el nexo de unión, entre la alta administración y la política. No nos negamos a que la política dirija la administración, de hecho creemos que así es como debe ser, pero sí creemos que es pernicioso que invada los puestos técnicos. En estos puestos hay que volver a los criterios de elección por mérito y capacidad; y a la inamovilidad salvo falta de cumplimiento de objetivos o casos de infracciones administrativas. Pero la idea es que los puestos técnicos no estén sometidos a la libre designación discrecional y al libre cese.

- Pero desde fuera, esto suena a que los funcionarios lo quieren todo sin dar nada a cambio. Mantener el estatus funcionarial, que no puedan ser removidos y al mismo tiempo más autonomía sobre lo que hacen. Ahí salen ganando por todos lados, sin ninguna contrapartida: podemos acabar con un funcionario con mucho poder, que es prácticamente inamovible y que no está sometido a ningún tipo control sobre la calidad de su trabajo.

Por eso hablaba antes del modelo sueco: allí los trabajadores públicos son muy independientes respecto de los políticos, pero hay instrumentos para fiscalizar su labor y para que rindan cuentas. Creo que ésta es la principal queja del ciudadano de a pie sobre la situación de los funcionarios en España: a veces parece que, hagan lo que hagan, nadie les puede decir nada y siguen ahí de por vida.

- Ahí le tengo que dar la razón. Nosotros creemos que uno de los males [de la Administración española] es la inamovilidad absoluta. Lo que nos hace más daño son los funcionarios que no responden a lo que la sociedad espera de ellos y no hay ninguna capacidad de tomar medidas contra ellos. Por eso vamos a defender sistemas de evaluación del desempeño. Luego ya veremos cuáles. Nos da mucho miedo que, con esta clase política que tenemos, la evaluación del desempeño acabe siendo una nueva arma discrecional en sus manos. Pero un sistema de evaluación serio no nos importa: es más, creemos en él y haremos propuestas en este sentido.

También es cierto que Fedeca representa a los cuerpos de la alta administración del Estado. En otros ámbitos quizás la inmovilidad tendría que ser más absoluta, pero al igual que no planteamos sistemas de concurso puro y duro para todos los puestos (creemos que el que tiene que decidir tiene que tener cierto margen de discrecionalidad), en absoluto nos parece mal, sino todo lo contrario, que haya sistemas de medición y mecanismos para cambiar de puesto de trabajo (e incluso en los casos más graves apartar) a aquellos que no hayan dado el resultado previsto.

El modelo sueco es el modelo inglés: cuando hay un cambio de gobierno, hasta el nivel de secretario de Estado apenas cambia nadie. Nosotros no nos oponemos a cambiar al que deba cambiarse. A lo que nos oponemos es a que se haga sólo por sintonía política o sintonía personal.

- Pero ¿qué tipo de mecanismos de control tienen en la cabeza? Porque hablamos mucho de autonomía, profesionalizar, incentivos… Son palabras que suenan muy bien pero, ¿cómo se traducen en el día a día? ¿Qué medidas concretas proponen?

- La política la deben dirigir los políticos. Las grandes decisiones de la administración les toca tomarlas a ellos. Nosotros estaremos vigilantes para que las propuestas sean razonables. Nosotros les daremos opciones, para que ellos escojan la mejor. Pero hay muchas posibilidades.

Por ejemplo, en el tema de nombramientos, existe una opción, que no digo que sea la mejor pero es una posibilidad, que es el modelo portugués, en el que hay un organismo independiente que evalúa a los candidatos y en base a esa evaluación hace una propuesta con varios candidatos para que el político pueda elegir. Nos parece un modelo razonable.

También hay varios modelos para el tema del estatuto del directivo…

- Sí, esa era mi siguiente pregunta. Se habla mucho del estatuto de directivo, pero en qué consiste.

- Es un tema crucial para nosotros. Supone empezar a deslindar la administración de la política para arreglar lo que a nosotros nos importa, que es la administración. Hay otra cuestión importante, desde que en 2007 se mencionó en el Estatuto Básico del Empleado público, han pasado ya diez años y nadie lo ha desarrollado. Hay una falta de voluntad política evidente.

Por eso, Fedeca, ante la inacción política, va a poner un modelo sobre la mesa. Cuando esté cerrado lo daremos a conocer a los medios, pero queremos plantear lo que debe corresponder a un directivo público, hasta qué punto es funcionario o político, sus competencias, su modo de acceso, evaluación…

- ¿Y por qué no se ha hecho nada desde 2007?

- Porque no les conviene.

- ¿Y a ustedes? Quiero decir, si los políticos pensaran que esta reivindicación es tan importante, teniendo en cuenta que tampoco va a generar problemas en la calle, por qué no la aprueban. ¿No será porque ningún ministro quiere meterse en un lío? Porque a lo mejor los funcionarios piden este estatuto de directivo, pero luego, cuando salgan las medidas concretas, protestan.

- No, no lo hacen porque lo que pretendemos es limitar su capacidad de invasión. Porque este estatuto del directivo público significaría que el alcalde de turno, para un puesto en concreto, no podría nombrar a quien quisiera. Puede nombrarlo si reúne los requisitos para ser directivo público, pero no puede nombrar a su cuñado. Los principales destinatarios son los políticos y esto supondría limitarse a sí mismos.

- Entonces le cambio la pregunta, en vez de mirar al pasado (por qué no se ha aprobado), miro al futuro, ¿qué político va a aprobar una norma que le ata las manos?

- La crisis en general ha sido un desastre pero tiene cosas buenas. La palabra crisis en griego significa cambio y los políticos se han dado cuenta de que o cambiamos cosas o dentro de poco vamos a encontrarnos con los mismos problemas. Creo que hay algún político convencido. Yo tengo una buena opinión de la clase política. Ahora además tienen la ocasión de oro, porque es cuando tienen a toda la opinión pública de su parte.

- Una cuestión muy relacionada con todo esto: la corrupción. En las comparaciones internacionales España aparece como un país poco corrupto, entre otras cosas porque la Administración es muy poco corrupta. Hemos leído noticias de otros países de la UE afectados por la crisis en los que los pacientes tienen que pagar al médico de la sanidad pública para que les adelante en la lista… Eso en España no ocurre. ¿Qué debemos hacer para que esa Administración no corrupta también invada la parte política?

- Yo trabajo en la Agencia Tributaria. Allí sabemos que la batalla contra el fraude es como la de Sísifo [el personaje de la mitología griega condenado a subir una y otra vez una ladera empujando una roca que caía antes de llegar a la cima]: cuando cierras una puerta se te abre otra. Pero lo que sí dice la experiencia es que cuantas más dificultades pongas al fraude, menos ocasiones das. El defraudador o corrupto profesional siempre va a encontrar la manera de corromperse, sea funcionario, político o directivo de empresa que se lleva el dinero a Andorra o Suiza, o sea un trabajador que encuentra la manera de falsear una baja para estar siete años sin trabajar. El que tiene ganas de saltársela, siempre acaba encontrando la manera.

Nosotros tenemos que conseguir, primero, que el corrupto profesional lo tenga difícil. Y si le pillamos, que lo pague y se le pasen las ganas. Pero sobre todo nos tenemos que dirigir a esa capa gris que podríamos decir que han sido corruptos en las circunstancias ideales. Han visto que si se corrompía no pasaba nada. Gente normal que se ha deslizado de forma paulatina hacia la corrupción. Y creo que son la mayoría.

- Yo creo que incluso mucha gente se ha metido en prácticas corruptas casi sin darse cuenta.

- Yo siempre lo digo. Empieza todo con un ‘vamos a comer’, que no pasa nada. Y del vamos a comer, pasamos a tomar vinos de 600 euros y luego uno que es un caradura dice, ‘¿Por qué no me da a mí los 600 euros?’. Y cuando los demás ven que a ese que ha pedido los 600 euros no le pasa nada, empiezan a pensar ‘Estoy haciendo el tonto’.

Por qué esto no ha pasado en la Administración. Pues yo creo que algo habrá de que los funcionarios tenemos vocación de servicio público. Pero es que además tenemos unos instrumentos de control que han funcionado: la Intervención del Estado, auditorías internas, el Tribunal de Cuentas…

- En muchas de las noticias que conocemos estos días aparecen funcionarios o trabajadores de tal o cual ayuntamiento o consejería que dicen ‘Si esto se veía venir’. Y claro, la gente se pregunta, ‘Entonces, por qué no dijiste nada’. La respuesta siempre es la misma: ‘No me voy a meter yo en ese lío, que al final el que paga es el que lo dice’. ¿Qué hacer para proteger a ese que denuncia?

- En la Agencia Tributaria, que es donde yo trabajo, siempre ha existido esta figura de la denuncia y no ha habido este problema. Los problemas se han dado en otras administraciones que estaban demasiado cerca de los políticos. Una vez más, lo que hay que hacer es profesionalizar el puesto de trabajo para que no te puedan represaliar por nada que no sea tu rendimiento. No soy un experto en este tema en concreto, no sé si es mejor que la denuncia sea anónima o no. Sin propiciar que España se convierta en un país de chivatos, que tampoco es bueno, sí hay que conseguir que el que tenga elementos de denuncia los pueda aportar sin miedo sobre su futuro profesional.

- Hablemos de retribuciones. Uno de los temas más polémicos. Las estadísticas del INE dicen que los empleados públicos cobran más que los privados. Pero también dicen que los buenos-buenos funcionarios cobran menos que sus equivalentes en el sector privado. En los puestos altos de la administración el peligro es el contrario: como no les pagan demasiado, siempre está el peligro de que un despacho de abogados haga una gran oferta a ese abogado del Estado o inspector de Hacienda brillante.

- Fedeca representa a los cuerpos superiores y ese matiz es importante. Nosotros, en la media respecto a la empresa privada, salimos perdiendo. Esto también es normal. Entendemos que trabajamos para la Administración del Estado y ésta debe ser austera. Por eso, cobrar menos, como media, nos parece normal. Otra cosa es que en demasiados puestos esa diferencia es demasiado grande.

Dicho esto, hay que tener cuidado con las estadísticas, porque normalmente esas estadísticas no son de función pública, sino de empleo público y se mezclan trabajadores que no son funcionarios y otros de estas entidades públicas que han vivido esta orgía del gasto y el desenfreno (y en las entidades autonómicas).

- Pero va a haber cargos en los que nunca se va a poder igualar. No sé si a un abogado del Estado es posible pagarle una cantidad que le disuada de una gran oferta que le puede llegar desde el sector privado.

- No se busca eso. Lo que se busca es que el abogado del Estado o el inspector de Hacienda estén razonablemente bien pagados. Además, el mercado luego es errático. Quizás ahora mismo un auxiliar de la Administración está mejor pagado que un puesto equivalente en el sector privado, pero en los años de bonanza era al contrario.

- Bien, último tema, las oposiciones. En esto le reconozco que yo soy muy crítico. Creo que de todas las cosas que hacemos mal en España (y no sólo en lo que tiene que ver con la Administración) ésta es de las peores. ¿Qué sentido tiene tener encerrados durante cinco años a algunos de nuestros mejores jóvenes, memorizando un temario? ¿Cuánto pierde el país en esos años desperdiciados, justo cuando esos jóvenes son más productivos y tienen más ganas?

- Seguro que es un sistema con muchos defectos y se puede reflexionar. Pero tiene dos cosas a su favor: primero, es un sistema que, si juzgamos por sus resultados, ha dado buenos resultados. No está bien que lo digamos nosotros, pero en los cuerpos que representamos nosotros, pero los que entran, en general, son bastante buenos. Puede entrar algún malo y quedarse alguno bueno fuera, pero en general son bastante buenos. Y la oposición hay que modernizarla, pero hay que tener cuidado con las soluciones: me parece mucho más peligroso la entrevista o el test psicotécnico… Puestos en manos de algunos, estas soluciones nos dan mucho miedo. Digo lo mismo de antes: no es una institución sacrosanta, pero no por el hecho de ser decimonónica vamos a desterrarla.

- No es porque sea decimonónica. Pero la sensación que yo tengo es que la oposición es una manera de filtrar candidatos y de hacer que los jóvenes con más ganas o más iniciativa ni se planteen acceder a la función pública. Y genera un nivel de pérdida de productividad brutal para el conjunto del país: quizás el momento más productivo de todos los trabajadores es cuando tenemos entre 25 y 40 años, estamos con ganas, queremos aportar todo lo que hemos aprendido en el sistema educativo… Pues bien, lo que hacemos en España es meter a algunos de nuestros mejores jóvenes, en ese momento de sus vidas en el que tienen más energía, durante siete años, en una habitación a que memoricen un temario con el único objetivo de que compitan entre ellos para ver quién memoriza mejor un tema. Me parece una locura.

- El que oposita lo hace voluntariamente. No ‘metemos a nadie’, se meten ellos, nos metemos nosotros. Y el que va a la empresa privada, ¿cómo va? Yo he tenido amigos licenciados en derecho que los cinco primeros años se han dedicado a llevar el café al socio.

- Yo a cambio conozco a gente que ha estado 8-10 años, algunos que han acabado abandonando, otros que han tenido problemas psicológicos… Y además es un sistema que establece una barrera infranqueable entre sector público y privado. Podría haber muchos trabajadores a los que les interesaría trabajar unos años en el sector público y podrían aportar mucho. Pero si les dices que la única manera es aprobar una oposición de cinco-siete años, pues ni se lo van a plantear.

- No te digo que no. Hay por ahí alguna idea de que la preparación de opositores se convierta en una especie de título de Máster. De tal manera que alguien diga: ‘He estado estudiando cinco años y no me he sacado la oposición, pero al menos tengo el título’. Otra opción es, al igual que en el poder judicial hay el cuarto turno, por qué no puede existir algo así, en los dos sentidos, en otras partes de la Administración Pública.

- Porque además, al final lo que ocurre es que este sistema de oposiciones tiene sus derivadas en la política. Todos los políticos son funcionarios, lo único a lo que pueden aspirar los funcionarios ambiciosos es a dedicarse política y la única puerta giratoria que no se cuestiona es la de la Administración.

- Yo creo que eso no tiene tanto que ver con las oposiciones como con la carrera funcionarial. Tienes razón en que por un lado el salto a la política para muchos compañeros es la única manera cuando han llegado a los escalones superiores, porque nos han limitado la carrera directiva y si no vas a dedo, no vas. Y la segunda parte es otro ejemplo de la colonización política, porque ellos ya se han preocupado de buscarse mecanismos para cuando salen de la política. Tampoco queremos demonizar a la política. Y no queremos castigar a una persona que ha sido ministro y cerrarles las puertas a todo. Pero ese paracaídas, ese colchón, debe ser razonable y limitado en la cantidad y en el tiempo.

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