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Estibadores: el chantaje que el Gobierno no quiso evitar

Si no se actúa contra los chantajistas, muchos puertos van a ver peligrar su viabilidad.

Adrián A. Viudes
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Grúas en un puerto de España | Pixabay/CC/By_Jo

El antiguo ministro de Fomento don Pepiño Blanco; la antigua ministra del ramo, hoy presidenta del Congreso, doña Ana Pastor; el antiguo secretario de Estado de Infraestructuras, hoy ministro de Justicia, señor Catalá, y el presidente de Puertos del Estado, señor Llorca, son los culpables del pandemonio que estamos viviendo con las huelgas de los estibadores.

No solamente desoyeron las voces imperiosas que desde Bruselas les decían que el modelo de estiba español era un ataque al libre mercado, sino que se amancebaron con el sindicato La Coordinadora, hicieron suyos todos los planteamientos de los estibadores y permitieron que Europa nos castigara; y, lo que es peor, con esa actitud de entrega hicieron que los intransigentes sindicalistas creyeran que todo el monte es orégano, que tenían la sartén por el mango, y ahora están subidos a las barbas del pueblo español.

La huelga, que está produciendo pérdidas millonarias y que puede dar al traste con la viabilidad de más de un puerto, está totalmente descontrolada, sin posibilidad alguna de acuerdo. La Coordinadora pretende que todo siga como está: subrogación por las empresas de todos los estibadores actualmente en plantilla de las Sagep, aunque esté demostrado que sobra más de un tercio; monopolio en todos los trabajos de carga, descarga de movimientos horizontales y levantes; que ningún estibador entre en plantilla de una empresa sin el visto bueno del sindicato. Y a cambio prometen rebajar el sueldo base en un cinco por ciento, pero no se tocan pluses, olivos y demás mamandurrias. Los empresarios ponen pie en pared y se niegan a este atraco, y don Antolín Goya, líder de La Coordinadora, dice que Fomento no tiene por qué intervenir, que es un asunto entre empresarios y trabajadores y que el ministerio se esté quietecito.

Pues no, señor Goya. El ministerio tiene la obligación de intervenir, porque en esta disputa falta el actor principal, el que importa y exporta, el que al final tiene que pagar los gastos del paso de la mercancía por el puerto. El empresario de la estiba no es más que un comisionista. Su misión es que el barco se descargue bien y en el menor tiempo posible. Los costes de la estiba los repercutirá en el cargador de la mercancía, y éste no ha estado nunca representado en los acuerdos, en los pactos, en los convenios que han resultado tan beneficiosos para los estibadores.

¿Quién tiene la obligación de representar al dueño de la mercancía? El Estado, a través de las autoridades portuarias. ¿Y lo ha hecho? No. Salvo excepciones, los presidentes de las autoridades portuarias han mirado para otro lado cada vez que el insaciable sindicato de estibadores pedía más y más canonjías amenazando con huelgas, en algunos casos salvajes, si no se atendía a sus demandas. Por si algún presidente de puerto intentara caer en la tentación de intervenir, el Gobierno del PP hizo suya una imposición del sindicato y presentó una nueva Ley de Puertos en la que se obligaba a salir a las autoridades portuarias de las sociedades de estiba, a las que controlaba con su 51% del capital social. El Congreso la aprobó.

No se ha querido coger el toro por los cuernos, pero los dirigentes del PP con responsabilidad en este asunto no solamente se pusieron de perfil, sino que apoyaron, inexplicablemente, a los estibadores, sus desorbitadas prestaciones, sus prerrogativas infundadas, su monopolio asfixiante, su permanente matonismo.

Y ahora los empresarios de la estiba están, por primera vez, haciendo un papel que no les corresponde: el de aguantar el envite de estos incontrolados.

El Gobierno ha aprobado un decreto ley de liberalización de la estiba; no porque le apeteciera, sino por mandato de Bruselas. Ahora, el ministro de Fomento no puede ponerse de perfil y esperar a que empresarios y trabajadores lleguen a un imposible acuerdo. Con la autoridad y la legitimidad que le otorgan la Constitución y la legislación vigente, y sabiendo que representa al importador y al exportador de la mercancía que pasa por un puerto, debe, con los medios legales a su alcance, acabar con este matonismo, con esta huelga fuera de lugar, y no dejar a los empresarios sin protección.

De no actuar, muchos puertos van a ver peligrar su viabilidad. Lo que es peor: de aceptarse las demandas de los trabajadores, perderemos competitividad en los bienes exportados y veremos incrementados los precios de los bienes importados.

Ni un día más sin una decidida intervención del Gobierno que ponga fin a este impresentable chantaje.

Adrián A. Viudes, expresidente del Puerto de Cartagena.

En Libre Mercado

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