La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que agrupa a empresas del sector portuario, ha pedido amparo a las autoridades nacionales y europeas ante lo que considera un"chantaje" por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el mayor sindicato de estibadores. Según la PIPE, tras las"huelgas ilegales"de las últimas semanas, la Coordinadora ha emprendido ahora "una campaña de acoso a las empresas" con el objetivo de que firmen "un documento de adhesión contrario a los legislado por el Gobierno".
La PIPE denuncia que a las empresas que firman estos acuerdos se les permite el normal desarrollo de su actividad, pero incrementan los paros y los "ritmos lentos" en las que se niegan a hacerlo. La PIPE denuncia que el acuerdo planteado por los sindicatos de estibadores no respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ni el real decreto-ley de reforma de la estiba y, por tanto, es "ilegal". La intención final de los estibadores es mantener el monopolio sindical anterior a la nueva ley, ya que "elimina una vez más el poder de decisión y dirección de las empresas para poder controlar desde las Sageb (sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios) las condiciones laborales mediante la coacción".
La patronal del sector (Anesco) y los sindicatos tienen de plazo hasta el próximo mes de septiembre para negociar un nuevo convenio colectivo, pero, dado que las reclamaciones sindicales incumplen la ley y, por tanto, no son aceptables, los estibadores han decidido cambiar de estrategia para empezar a negociar su particular propuesta empresa por empresa. Presionan a las compañías para que acepten sus condiciones bajo la amenaza de intensificar los paros, cuya extensión ya se está traduciendo en cuantiosas pérdidas empresariales.
En concreto, en esta primera fase, los sindicatos del sector quieren dar de lado a la patronal Anesco para emprender negociaciones unilaterales, empresa por empresa, con los paros como moneda de cambio. Por el momento, están exigiendo la subrogación del 100% de los trabajadores y el mantenimiento de sus condiciones, en lugar de analizar las necesidades concretas de cada puerto para reducir las plantillas en base al plan de prejubilaciones al que se ha comprometido el Gobierno.
Los sindicatos aseguran tener ya acuerdos con algunas de las más grandes, como son Maersk, que opera en Algeciras, el mayor pueto del país, cuatro que operan en Barcelona (Best-Huchitson, Setram, Coma i Riba y Sammer), TTIA, MSC y Trasmediterranea. Los estibadores seguirán secundando los paros parciales en las terminales de las empresas que no acepten sus condiciones.
Pero el objetivo último del gremio es que, en una segunda fase, todas las empresas que unilateralmente hayan aceptado su propuesta se asocien, en el marco o al margen de Anesco, para concretar con ellas el nuevo convenio colectivo estatal del sector. Y es aquí donde los estibadores no sólo piden garantizar el 100% de los puestos de trabajo existentes en la actualidad (unos 6.150) y el mantenimiento de sus condicionales laborales en materia de retribución y organización del trabajo, salvo algunas modificaciones mínimas, sino que también pretenden blindar y extender su monopolio mediante el control de la formación y contratación de los futuros empleados.
Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a contratar a los trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital tenían que participar obligatoriamente. Las Sagep funcionaban, pues, como un monopolio ante la competencia exterior, ya que el hecho de que las empresas no pudiesen contratar trabajadores libremente otorgaba a esta entidad un enorme poder que ha sido aprovechado durante muchos años por el gremio para elevar sus sueldos muy por encima del precio de mercado y lograr diversas ventajas y privilegios laborales, además de controlar de forma férrea quién entra y quién no en este reducido y exclusivo nicho, ya que también controlaban los procesos de selección de personal.
El Gobierno no hace nada
Según la PIPE, la acción emprendida por la Coordinadora "coloca en situación de desventaja al conjunto empresarial, que se ve debilitado por las fuertes pérdidas ocasionadas por los paros ilegales, y dinamita las opciones de diálogo". Pese a ello, el Gobierno del PP se ha puesto de perfil y no ha movido ni un dedo para resolver la situación, sirviendo así de baza a la nueva estrategia sindical para imponer sus condiciones de forma unilateral, empresa a empresa, bajo la amenaza de nuevos paros.
La PIPE recuerda que esta situación no es nueva y que en 2009 tanto la Coordinadora como la patronal Anesco fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la firma de otro acuerdo. Este acuerdo anterior, según la PIPE, "no respetaba los principios de libre competencia" y las empresas tuvieron que adherirse a él "bajo coacción".
Efectivamente, los puertos afrontan este miércoles una nueva jornada de paros parciales, aunque en esta ocasión son selectivos, dado que los estibadores sólo los secundarán en las terminales de las empresas que no se avengan a alcanzar un acuerdo unilateral con el gremio. El paro tendrá así un menor seguimiento e incidencia en la actividad portuaria en comparación con los realizados las dos últimas semanas y este pasado lunes, que tuvieron una adhesión de casi el 100% y un coste económico de unos 150 millones de euros según el Ministerio de Fomento.