Las reglas que definen nuestras pensiones van a cambiar. Y no porque nuestros políticos estén deseándolo. Pocos temas hay más radioactivos que éste. De hecho, ése es uno de los motivos por los que no se hace nada a pesar de los constantes mensajes sobre la necesidad de hacer algo: cualquier Gobierno que aprueba una reforma corre el riesgo de ser inmediatamente señalado por la oposición como el que condenó a los pensionistas a la miseria. No hay más que ver la propuesta que este mismo miércoles presentaba Podemos en el Congreso de los Diputados para entender que la formación morada usará este tema como arma electoral contra PP, PSOE y Ciudadanos.
Mientras, populares y socialistas piden altura de miras y señalan al Pacto de Toledo, la Comisión parlamentaria en la que están todos los partidos y de la que se espera una propuesta en los próximos meses. ¿Cómo será? Complicado de apostar. Hay muchos intereses en juego y la mayoría son divergentes.
En los últimos días, en Libre Mercado hemos publicado algunos artículos explicando por dónde pueden ir los tiros en función del análisis de las cifras actuales y las proyecciones de gastos e ingresos para el futuro. Por ejemplo, aquí contábamos cómo los españoles que se jubilaron antes de la reforma de 2011 obtuvieron de media 1,44 euros por cada euro aportado al sistema. Tras los cambios de 2011 y 2013 hemos pasado a 1,28 aproximadamente. Y lo normal es que la cifra se vaya reduciendo.
Además, las reformas ya en marcha también harán que el sistema vaya siendo cada vez menos generoso. Los dos índices aprobados en 2013 (el factor de sostenibilidad (FSP) y el índice de revalorización (IRP)) garantizan la sosteniblidad financiera de la Seguridad Social. Pero como explicábamos aquí esa garantía no saldrá gratis: a cambio habrá palo, respecto a las condiciones actuales, al llegar a la edad de retiro y palo, en el poder adquisitivo, según avance la jubilación.
Parecería, por lo tanto, que ya no hay mucho más que decir. Puesto que las reformas para mantener las cuentas controladas ya están aprobadas y además nadie quiere meterse en el charco. Sólo hay que hacer que el tiempo vaya surtiendo efecto. Si a todo esto se le suma alguna subida de impuestos que se venda con carácter finalista (se dirá que sirve para financiar el déficit de la Seguridad Social) y se comienzan a pasar partidas del presupuesto de la Seguridad Social al del Estado (por ejemplo, viudedad) el tenderete puede parecer estable durante unos años más.
La nueva reforma
Dicho esto, lo normal es que sí haya cambios. Por muchas razones: porque aunque no se diga, lo cierto es que esos ajustes serían muy duros y se cebarían en unas pocas cohortes, sobre todo los que se jubilen entre 2030 y 2045. También por un cierto consenso social en que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto que permitirá al Gobierno de turno (todo indica que será éste) defender su reforma. Porque una cosa es aprobar un índice y otra aplicarlo año a año (ya hemos escuchado en los últimos días al Gobierno abrir la puerta a cambiar el IRP). Y porque Europa presiona para que hagamos algo en el tema que más presiona nuestras cuentas públicas. Sin la Seguridad Social, España ya estaría por debajo del 3% de déficit y podría estar en equilibrio presupuestario en un par de ejercicios.
¿Qué reforma? Pues la que sea más fácil de vender. Y ninguna tiene mejor prensa que la que iguala cotizaciones a lo largo de la vida laboral y prestaciones una vez llega la jubilación. En los últimos seis meses, Libre Mercado no ha acudido a una sola presentación de informe, estudio o análisis en la que los expertos allí reunidos no hayan señalado esta alternativa, que por otro lado es la más popular también en el resto de la UE. Algunos hablan de las famosas cuentas nocionales suecas, que son un caso particular del principio general: tanto aportas, tanto recibes.
En su momento, ya explicamos que estas cuentas nocionales (que llevan en marcha en el país escandinavo desde comienzos de los 90) tenían muchas ventajas desde un punto de vista político, tanto por su aplicación práctica como por su diseño e incluso el mensaje que transmiten:
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Cada trabajador va acumulando una bolsa de ahorro ficticia (no hay dinero real, sino sólo derechos a cobrar en el futuro)
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Cuando se jubila, el Estado calcula a cuánto equivale ese dinero cotizado y le garantiza que, en lo que le quede de vida como pensionista, le devolverá ese montante (que se puede ajustar para garantizar una mínima rentabilidad, por ejemplo, la de los bonos del país a diez años)
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La mensualidad se ajusta en función de esperanza de vida en el momento de la jubilación (a más esperanza de vida, menos cobrará mes a mes, para que el saldo final de lo que cobre sea igual a lo que cotizó durante sus años en activo).
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También se pueden introducir ajustes para garantizar la salud financiera del sistema (vamos, quebrar un poco esa promesa de 1 euro por cada euro... o una corona por cada corona) si los ingresos futuros no llegan para pagar las prestaciones
No es probable que un modelo exactamente así vaya a aprobarse en España, aunque tampoco puede descartarse. Pero no parece que sea la opción elegida por nuestros políticos. Incluso por aquellos que lo conocen y les gusta. Supondría un cambio demasiado grande respecto al esquema actual y habría muchas cosas que explicar. Las inercias y los incentivos políticos de los que hablábamos antes lo hacen complicado. Pero sí se intuye un sistema no tan diferente, aunque llegue por la puerta de atrás. Algo que se parecería mucho a unas cuentas nocionales encubiertas:
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El cálculo de la base de cotización se hace, desde la reforma de 2011, con los últimos 25 años de vida laboral (en realidad, es un proceso progresivo de los 15 años pre-reforma a estos 25 años que se usarán a partir de 2022). Pero si hay algo claro sobre la próxima reforma es que esto va a cambiar: la base se determinará usando todas y cada una de las cotizaciones de cada trabajador, desde que entró en el mercado laboral hasta que se jubile. Es decir, que se contará con toda la vida laboral.
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A pesar de las protestas de la oposición y sus promesas de derogar las reformas del PP, los dos índices aprobados en 2013 no se tocarán... O habrá un mero retoque cosmético. En las últimas semanas se habla de un nuevo factor de revalorización anual. Puede ser. Pero no será el IPC y tampoco será muy diferente al actual. No por nada, sino porque no hay más margen. Las cifras son las que son.
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Habrá mucha flexibilidad para escoger la edad de jubilación. Se premiará a los que trabajen tras los 67 y se penalizará (mucho más que ahora) a los que se retiren antes de esa edad.
En resumen, algo que se parece a las cuentas nocionales en sus efectos pero sin copiar el modelo. No hay equiparación directa 1 euro cotizado – 1 euro cobrado, pero la mezcla del cálculo con toda la vida laboral y el factor de sostenibilidad nos acercarán mucho a esa relación. Ya hemos pasado de 1,44 a 1,28... y bajando. Si además todo esto se une a incentivos y castigos para que trabajemos más, la ecuación está casi completa. Esto último lo que ocurre, aunque de forma más clara, con las nocionales: si trabajas más años, cobras mucho más mes a mes como jubilado, porque acumulas más cotizaciones en tu bolsa ficticia durante tu vida laboral y porque el tiempo esperado para cobrar pensión se reduce.
Las razones del cambio
Sin embargo, el cambio tiene una serie de ventajas que hacen factible que se apruebe.
En primer lugar, porque es fácil de vender. Lo de "tanto cotizas tanto cobras" es sencillo de entender y suena a más justo que contar sólo unos años de vida laboral. Parece como si los que han cotizado más años vayan a ganar más tras la reforma. Pero no: prácticamente nadie cobraría más si se tiene en cuenta toda la vida laboral. Porque sube la cantidad cotizada, pero también los años por los que se divide. Quizás algún caso aislado, de un trabajador que cotizase por sueldos muy altos cuando era muy joven y haya perdido el empleo con 50-55 años. Pero serán unos pocos miles. Otra cosa es que los que tengan vidas laborales muy largas perderán menos que los que hayan cotizado con interrupciones o se incorporasen al mercado muy tarde. Pero perder... perderán casi todos.
Todo esto, con un matiz importante, esta equiparación de cotizaciones y prestaciones probablemente estará corregida por abajo, para asegurar al menos unas mínimas. Desde un punto de vista político es lógico, pero el sistema corre el riesgo de perder buena parte de su contributividad. Es la reforma silenciosa de la que hemos hablado en otras ocasiones.
La segunda gran ventaja de la reforma expuesta sería que supone una manera poco dolorosa de abaratar la factura de las pensiones. Y es poco dolorosa porque tendrá aceptación social (o podría tenerla, según cuál sea el mensaje de la oposición y los medios de comunicación) y porque es complicado para un trabajador hacer los cálculos de cuánto cobraría antes y tras los cambios.
Dicho todo esto, hay que hacer dos apuntes fundamentales. Ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión suena como si fuera ahorro, pero no lo es. Es como lo de cobrar 1,44 euros por cada euro cotizado. Parece como si los pensionistas del pasado se hubieran quedado con algo que no era suyo. Y no. El sistema de reparto está basado en reglas como ésta y en un principio: los ocupados de la actualidad pagan a los pensionistas de la actualidad. O lo que es lo mismo: lo que gane el pensionista de 2040 dependerá de cuántos trabajadores haya en 2040, no de lo que cobraron o dejaron de cobrar los pensionistas de 2017. Para cobrar 1-1 se necesita que haya suficientes trabajadores en activo para cubrir esa relación (lo mismo que pasaba en 2010, cuando era 1,4-1). Este recorte se producirá no por criterios de justicia, sino de pura oportunidad. El sistema de pensiones es así: se paga lo que se puede pagar en cada momento.
Y lo más importante. Algo que en Libre Mercado hemos repetido una y otra vez en los últimos cinco años. La clave sobre la que se sostienen las reformas en estos países de la UE es la información. Por ejemplo, los trabajadores suecos reciben cada año una carta de su Seguridad Social en la que se les explica cuál será su pensión en el futuro en función de diferentes parámetros (lo que coticen, edad de jubilación...). Eso les permite tomar decisiones con tiempo y ajustar sus últimos años de trabajo en función de esos cálculos. Desde un punto de vista político no es fácil, porque implica decirle a tus actuales trabajadores que cobrarán menos de lo que esperan, que la tasa de sustitución entre su salario y su pensión caerá (ya no estará por encima del 80%, como hasta ahora). Pero es fundamental que el interesado sepa lo que se encontrará y cuánto cobrará durante su jubilación, una etapa que puede suponer el 25-30% de su vida.
Si, además, a esa información detallada se une la posibilidad de un sistema de ahorro individual que complemente al sistema público, la ecuación está más o menos completa. En Suecia la reforma de los 90 incluía una pequeña pata de capitalización. Y en otros muchos países ricos de la UE (por ejemplo, Holanda o Dinamarca) el ahorro privado, muchas veces impulsado por el Estado a través de planes sectoriales o de empresa, es la parte más importante de la prestación que recibe el pensionista.
¿Información? ¿Ahorro privado? ¿Planes de empresa amparados e impulsados por el Estado? No, nada de esto está en la agenda. Aunque quien sabe, quizás el Pacto de Toledo al final nos sorprende.