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El Gobierno amenaza con cortar el FLA y el independentismo habla de "deslealtad" e "irresponsabilidad"

El Gobierno catalán tendrá que certificar semanalmente que no destina dinero al referéndum. Los independentistas acusan a Moncloa de "deslealtad".

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El Gobierno catalán tendrá que certificar semanalmente que no destina dinero al referéndum. Los independentistas acusan a Moncloa de "deslealtad".
El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes | EFE

El Gobierno ha llegado este viernes a un acuerdo por el que condiciona el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalidad le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha enumerado una serie de cargos que deberán remitir semanalmente una información certificando que no han iniciado el pago de partidas orientadas a la celebración del referéndum. "El referéndum ilegal no puede ser pagado por dinero público. Ni un euro", ha dicho De Vigo.

El Ministerio de Hacienda se asegurará del cumplimiento de una medida que entra en vigor con carácter inmediato. Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum. Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.
El Gobierno suspenderá el FLA a Cataluña si no certifica semanalmente que no destina fondos al referéndum

Con esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, "dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad", según ha detallado el portavoz del Ejecutivo. El portavoz del Ejecutivo no tiene conocimiento de si ha habido una comunicación oficial al Gobierno de la Generalidad sobre este anuncio. Tampoco ha concretado si habrá sanciones.

67.000 millones desde 2012

En caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos. "Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido Méndez de Vigo tras recordar que, desde 2012, Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones.

Méndez de Vigo ha apuntado que "sería muy grave" que no se produjera esta comunicación semanal y ni siquiera lo contempla. Pero ha explicado que, si se tuviera que llegar a retirar el pago del FLA, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, sería quien tendría que dar explicaciones a los catalanes de por qué se ha llegado a esa situación.

En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúan con la voluntad de celebrarlo, lo que ha generado "incertidumbre" en ciudadanos y empresas.

Reacción de la Generalidad

La primera reacción oficial desde las filas independentistas ha sido la del secretario de Economía de la Generalidad, Pere Aragonès, que ha acusado al Gobierno de querer frenar el referéndum "colapsando administrativamente" al ejecutivo catalán y ha advertido de que el propio Estado se puede "embozar" -aquí quería decir "obstruir", pero ha utilizado la traducción literal de una palabra común en catalán pero en desuso en español- si "corta el grifo" de la financiación a Cataluña.

Pere Aragonès ha calificado de "irresponsable" al Gobierno y ha asegurado que esta decisión se enmarca en una estrategia de "propaganda y amenaza" sobre los trabajadores públicos, los proveedores y los servicios públicos.

"Hay una clara discriminación ideológica por parte del Gobierno del Estado", ha denunciado Aragonès, que cree que éste "trata diferente" a los catalanes porque "votan de manera diferente a lo que ellos quieren", lo que en su opinión "demuestra que el Estado español no es un Estado de derecho ni respeta la libertad ideológica de los ciudadanos", ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

El responsable económico de la Generalidad ha recordado que la Generalitat, "de facto, está intervenida" desde que se acogió al FLA el año 2012 y que mensualmente tiene que hacer llegar al Gobierno un informe sobre el gasto.

Comparecencias en Congreso y Senado

Por su parte, los grupos PDeCAT y ERC han pedido la comparecencia en el Congreso y en el Senado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ambas formaciones catalanas han registrado una petición de comparecencia urgente del ministro en la Diputación Permanente del Congreso, al considerar una "amenaza" para Cataluña el anuncio de Méndez de Vigo.

El portavoz económico del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha dicho que la decisión del Ejecutivo "constituye una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que viven en Cataluña" y que "no es de recibo vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a la no utilización de las urnas".

Asímismo, la diputada portavoz de Esquerra Republicana en la comisión de Hacienda del Congreso, Ester Capella, ha dicho que el Gobierno "vuelve a demostrar que ya sólo sabe atizar el miedo para disuadir a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña de decidir libremente su futuro en el referéndum del 1 de octubre".

También en el Senado, el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha pedido por este motivo la comparecencia urgente del ministro de Montoro en el Pleno para que dé explicaciones. Cleries ha definido como "una amenaza injusta y desleal con Cataluña" el anuncio del Gobierno.

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