Nos resulta trabajoso entender algunas de las pretensiones de nuestras autoridades, en ocasiones revestidas de un farragoso ceremonial de certificados y más documentos de autenticación, que atraen nuestra atención, quizá para que perdamos la enjundia de la materia o de la promesa efectuada.
La ideología, impuesta o buscada de propósito, es el primer enemigo de la razón, que debe presidir los actos y decisiones de la vida política y social. La ideología prende en el sujeto carente de ideas, y que sustituye el conocimiento y la razón con máximas y estribillos que se repiten una y otra vez.
La última perla del Ayuntamiento de Valencia, antes de las vacaciones de agosto, fue sido la aprobación, el 28 de julio, del acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica para el propio Consistorio –y organismos dependientes–.
La ideología de los munícipes no ve justificadas las bases de contratación en la eficiencia, el precio, la regularidad del suministro, y tantas otras variables, lógicas en la mesa de contratación, para asegurar el máximo resultado con los mínimos medios posibles.
No es esa racionalidad lo que destaca en las bases del acuerdo marco, sino la justificación palmaria de su compromiso social. Así, la empresa suministradora se comprometerá a no cortar el suministro de energía eléctrica a ningún cliente de la ciudad hasta que los servicios sociales municipales no determinen si se trata de un hogar en situación de vulnerabilidad social.
No es que me parezca mal la medida, aunque sí eso de desplazar el compromiso social del Ayuntamiento a la empresa suministradora, que ni presume de ello ni es esa su misión. Lo correcto sería que quien quiera ejercer la noble acción solidaria (Ayuntamiento) pague al suministrador la factura del hogar vulnerable.
Otra cosa es que yo me pregunte si, en la lista de vulnerables, son todos los que están y están todos los que son. ¿O es que los consumidores que, no estando en la lista, dejan de pagar el suministro lo hacen por vicio o por gusto de no pagar?
También pretenden garantizar que se cumple la normativa laboral vigente con los trabajadores de la empresa suministradora. ¿Va el Ayuntamiento de Valencia a asumir las funciones de la Inspección de Trabajo?
Pero la estrella de las condiciones es que la empresa suministradora se compromete a que el total de la energía suministrada sea procedente de fuentes renovables. ¿Cómo puede certificar la empresa semejante procedencia?
Los kilovatios, hasta donde yo sé, no se distinguen unos de otros ni por el color, ni por el peso ni por la forma. Todos se distribuyen a través de REE –único medio de transporte–, de forma indiferenciada. Una no diferenciación que hace que todos, los que quieren renovables y los indiferentes, paguen el sobrecoste de las renovables. Además, ¿por qué llamamos sostenible a lo que por sí mismo no se puede sostener?
Presumir de lo ajeno, señor alcalde, debería de estar prohibido; aunque complazca a la clientela.