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El inaceptable chantaje sindical de El Prat

Los sindicatos buscarán la confrontación total bajo el perverso argumento de que cuanto peor para los pasajeros, mejor para ellos

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España se ha acostumbrado, por desgracia, a tener que aguantar las constantes amenazas y chantajes que blanden los sindicatos para intentar alcanzar sus objetivos valiéndose de la posición de fuerza que mantienen en ciertos sectores y servicios públicos, como bien ejemplificó en su día el colectivo de controladores aéreos o las recientes huelgas que han protagonizado los estibadores, el personal de Renfe y del Metro o los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de El Prat.

Estos y otros colectivos, conscientes del enorme daño que pueden causar a miles de usuarios, lanzan peticiones desproporcionadas y se enrocan en posiciones inflexibles a la hora de negociar, empleando como auténticos rehenes a parte de la población, lo cual, además de constituir un despropósito, no puede definirse como una huelga legítima o, al menos, razonable, sino como un puro y simple chantaje sindical.

El aeropuerto de Barcelona y la estrategia seguida por los trabajadores de Eulen, la concesionaria encargada de los filtros de seguridad que deben cruzar los pasajeros, es el último episodio de estas características que sufre España, y lo peor de todo es que corre el riesgo de extenderse a otros aeropuertos y hasta a la propia Aena en caso de que el Gobierno no logre resolver este conflicto laboral de forma eficaz y contundente. El único objetivo que tenían claro los representantes sindicales desde el inicio de las protestas era, simple y llanamente, causar las mayores colas e inconvenientes posibles a los viajeros de El Prat para provocar el caos y, de este modo, presionar a la dirección de la compañía con la connivencia del Gobierno y la Generalidad.

Además, a pesar de que se convocaron paros parciales y de que se establecieron unos servicios mínimos del 90%, la realidad es que la plantilla de vigilantes llevó a cabo una huelga de celo del todo punto ilícita que siguió provocando numerosos y graves retrasos incluso en ausencia de huelga. Por si fuera poco, y después de haber conseguido una sustancial subida salarial del 18% con la inestimable intermediación del Ejecutivo catalán, los sindicatos organizaron una votación trampa el pasado jueves con el único fin de que no saliera la propuesta planteada en la mesa de negociación y, de este modo, colapsar el aeropuerto durante este señalado puente de agosto. Ahora han convocado una nueva asamblea para el próximo domingo en la que tendrán que decidir si mantienen o no la huelga indefinida prevista a partir del lunes, pero, en caso de que así sea, es evidente que los sindicatos buscarán la confrontación total bajo el perverso argumento de que cuanto peor para los pasajeros, mejor para ellos.

Ante este intolerable chantaje, y a la vista de que la huelga puede causar daños muchos más graves en los próximos días, el Gobierno ha hecho bien en anunciar el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil en El Prat para realizar las tareas de seguridad encomendadas con el fin de garantizar el orden y reducir las colas. De hecho, el Ejecutivo debería haber intervenido mucho antes para evitar los inconvenientes que han sufrido miles de viajeros en los últimos días, con el consiguiente deterioro de la imagen de España. Pese a ello, la resolución final del conflicto dependerá del laudo arbitral que ha anunciado el ministro de Fomento. Más allá de este caso concreto, ya es hora de que se establezcan una reglas de juego claras y coherentes para evitar que los sindicatos se aprovechen en el futuro del régimen de monopolio que ejercen ciertos servicios públicos y su consiguiente demanda cautiva de usuarios para sacar tajada a costa de la población y del interés general del país.

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