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España no es la primera: Reino Unido y Holanda también aplicaron su artículo 155

El PSOE estuvo a punto de activar el 155 contra Canarias en 1989, pero, finalmente, no fue necesario.

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Mariano Rajoy | Diego Crespo

Febrero de 1989. El gobierno canario está en pie de guerra: se niega a aplicar una reducción de aranceles del 15% a las mercancías europeas. El entonces presidente del archipiélago, Lorenzo Olarte, estaba dispuesto a incumplir la normativa comunitaria y mantener en pie el proteccionismo insular, salvo en el caso de que el gobierno de España, dirigido por el presidente Felipe González, compensase a Canarias con 11.000 millones de pesetas.

El secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, avisó a Olarte en febrero de 1989: o Canarias aprobaba la reducción de aranceles o lo haría Moncloa aplicando el artículo 155 de la Constitución Española. Como el gobierno del archipiélago no reaccionó, el Consejo de Ministros envió un requerimiento previo a Olarte, instándole a cumplir la ley para evitar la intervención de la autonomía.

Felipe González dejó la iniciativa política en manos del secretario de Estado de Hacienda. Borrell recibió duras críticas de Izquierda Unida. Su diputado Antonio González afirmó que las declaraciones del político catalán "son un disparate impresentable que le descalifican por completo". También el PSOE canario se rebela: "Las manifestaciones del secretario de Estado son absurdas e inaceptables", dice el secretario general del partido en las islas, Jerónimo Saavedra. El consejero de Economía canario también se sumó al frente y declaró que "si Borrell continúa con esta actitud amenazante, será mejor que no venga".

Con un mes de plazo para llegar a un acuerdo, la mediación entre el Ejecutivo de González y el gobierno autonómico canario termina dando frutos. Borrell, que se desplazó a las islas para verse con Olarte en Tenerife, logró un compromiso que salvó la necesidad de llevar al Senado la intervención de la autonomía. Desde entonces, el artículo 155 de la Constitución no volvió a estar encima de la mesa… Hasta octubre de 2017, cuando PP, PSOE y Ciudadanos acordaron la intervención de la autonomía catalana como respuesta al desafío independentista.

Pero el artículo 155 no es ninguna rareza jurídica. En Alemania, la Ley Fundamental de Bonn prevé también la intervención de cualquier länder que se sitúe fuera de la legalidad. En Italia o Austria, la solución prevista es aún más dura: se suspenden o disuelven todos aquellos órganos de gobierno que se sitúen fuera de la ley. De hecho, la mayoría de países europeos incluye en su ordenamiento jurídico este tipo de provisiones, con ánimo de garantizar el orden constitucional y el cumplimiento de la ley.

Irlanda del Norte y la versión 'brit' del 155

En Reino Unido, la suspensión de la autonomía ha sido un tema recurrente en las relaciones entre Londres e Irlanda del Norte. Desde 1988, el gobierno británico ha suspendido en cuatro ocasiones los poderes de Irlanda del Norte. De hecho, con el laborista Tony Blair como primer ministro, la autonomía de Irlanda del Norte llega a quedar suspendida durante cinco años, entre 2002 y 2007.

Entonces, el gobierno británico cerró la Asamblea y pasó a dirigir el territorio desde Londres, a través de una Secretaría de Estado. Las diez carteras del gobierno de Irlanda del Norte fueron transferidas a un equipo de cuatro diputados ingleses y escoceses que se encargó de gobernar la región durante este período. Incluso algunas competencias quedaron en manos de altos funcionarios.

Si nos remontamos a los últimos 45 años encontramos que las distintas suspensiones de autonomía en Irlanda del Norte han sido tan comunes que 30 de esos ejercicios se han desarrollado con algún tipo de intervención de la autonomía, habilitada a través de una instancia conocida como el Gobierno Directo (Direct Rule).

Países Bajos hizo lo mismo con Curazao

Algo parecido en Países Bajos, donde el gobierno neerlandés tomó la decisión de suspender la autonomía de la isla de Curazao. La decisión, tomada por el gobierno del primer ministro, se apoya en los artículos 43 y 51 del Estatuto holandés, que facultan al Ejecutivo central con la competencia de disolver Parlamentos regionales y convocar elecciones.

La isla de Curazao, ubicada en el Caribe, es uno de los territorios de ultramar ligados al Reino de los Países Bajos. Idéntico estatus tienen Aruba y San Martín. Las carteras de educación y la coordinación de la Justicia y la seguridad están descentralizadas y quedan en manos de estos gobiernos insulares.

La crisis que motivó la suspensión de la autonomía de Curazao nos remonta al pasado mes de febrero, cuando estalla un precario acuerdo de gobierno en el que estaban representados cuatro partidos. Se esperaban elecciones para finales de abril, pero antes de la cita con las urnas saltó la sorpresa y el partido nacionalista MFK anunció que había llegado a un acuerdo con dos representantes de otra agrupación con similares postulados territoriales.

El acuerdo de última hora generó fuertes tensiones, sobre todo porque no se llegaron a celebrar las elecciones que miles de ciudadanos de Curazao estaban esperando. De modo que, el pasado 3 de abril, Holanda invocó los artículos 43 y 51 del Estatuto neerlandés, decisión que permitió celebrar elecciones. Los comicios sirvieron para desalojar a los nacionalistas del poder, gracias al avance del Partido Liberal (PAR) y del Partido Socialdemócrata (MAN), ambos de corte unionista.

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