Cualquier política que merezca tal apelativo imperiosamente necesita de ideas claras y coherentes que, aplicadas al mundo real presente, que debe conocerse a la perfección, deberán conducir a la consecución del objetivo establecido como fin.
Garantizados estos ingredientes, podrá asegurarse que en el proceso de toma de decisiones se evitarán las contradicciones y se dificultará esa afición de los políticos a las acciones de parcheo, que poco o nada tienen que ver con una política responsable de un país solvente.
Cualquier política, dondequiera que se practique, puede encontrarse con la presencia de diablillos que entorpecerán, incluso llegarán a hacer inoperantes, las acciones de gobierno, por adecuadas que parezcan. Son, en muchas ocasiones, los entresijos de errores históricos los verdaderos causantes de la esterilidad de la política, más aún si se mantienen silenciados por intereses, muchas veces, inconfesables.
Uno de esos errores es considerar que el mundo real es el que no es, por lo que cualquier decisión está viciada ya en sus orígenes. En este sentido, España es un país fascinante. Podría decirse que a los españoles –ya sé que toda generalización lleva implícito un error cuantitativo– no les gusta el mercado.
Aunque lo más fascinante es que esta falta de atracción por el mercado –hablamos del mercado libre y competitivo– conduce a que los detentadores del poder, quienesquiera que sean, manoseen, maniobren, falseen e inhabiliten el espacio y fuerzas concurrentes del mismo para que su funcionamiento no sea como debería ser.
Corromper el mercado se conforma así en la primera tarea del poder político. Ahora bien, lo sorprendente es que son los propios corruptores, manoseadores y maniobreros del mercado los que se quejan y acusan al mercado de funcionar en parámetros subóptimos, con perjuicios para la economía nacional.
Los elevados índices de contaminación, sobre todo en las grandes urbes, en los momentos actuales, han convertido en tema recurrente el uso del carbón –combustible con elevados índices de emisión de CO2– en las centrales térmicas, coincidente con la proposición de las compañías productoras de electricidad de proceder al cierre de dichas instalaciones, para reducir así la contaminación por esta causa.
Al Gobierno no le parece bien el cierre propuesto. Es curioso que, en un mundo de libertad, el Gobierno tenga que decidir cuándo una empresa puede o no cerrar una instalación, a no ser que esta competencia suponga el reconocimiento de ausencia de política energética.
No se olvide, además, que esa política energética ha hecho compatibles las subvenciones al carbón –primando su uso– y las otorgadas a las energías renovables – nada o menos contaminantes– con precios alejados de los que vendrían impuestos por su estado de desarrollo tecnológico.
Es decir, que este manoseo político del mercado energético ha alterado el espacio de su libertad de dos modos, ambos a través de subvenciones: uno a favor de las industrias contaminantes y otro favoreciendo las energías renovables.
¿Ideas claras para la buena política? Parece que pocas o ninguna.