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La Junta de Andalucía pide "reformular" los conciertos vasco y navarro

El Gobierno de Susana Díaz no dice nada sobre el modelo de financiación autonómica.

El Gobierno de Susana Díaz no dice nada sobre el modelo de financiación autonómica.
Susana Díaz | EFE

El pasado día 20 de noviembre, el gobierno de Susana Díaz afirmaba que el debate sobre el cupo vasco debería haber sido incluido en el marco de discusión sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Cuatro días después, la Junta de Andalucía, en su valoración del informe de la comisión de expertos sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, señala una vía para establecer la aportación de las dos comunidades forales, País Vasco y Navarra, al margen del sistema de financiación autonómica con la Administración General del Estado como interlocutor bilateral de ambas comunidades.

Lo que dice ahora la Junta es que "la citada aportación foral se asuma con independencia del momento oportuno para reformular el cálculo del cupo y la aportación, cuya negociación bilateral continúa manteniéndose en la esfera competencial estatal". Nada sobre el modelo de financiación autonómica.

En la Disposición Adicional Primera de la Constitución no hay referencia precisa sobre quién y cómo se actualizan las cantidades a aportar por el País Vasco y Navarra. Su texto es: "La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".

Lo que sí dice el Estatuto de Autonomía del País Vasco es que "el régimen de Conciertos se aplicará de acuerdo con el principio de solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 156 de la Constitución".

Aunque por fuera del nuevo modelo de financiación autonómica, la Junta confirma que ambas comunidades forales deben aportar recursos adicionales a dicho modelo como aportación solidaria para preservar la nivelación nacional y la equidad entre las comunidades.

El problema esencial es que, según los datos del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del pasado mes de julio, hay enormes diferencias en financiación pública por habitante entre Andalucía y País Vasco y Navarra. En este último, cada habitante gozó de los 4.654 euros a igual esfuerzo fiscal y competencias homogéneas en el año 2104, último año de datos conocidos. Cada navarro obtuvo 3.744. En Andalucía cada habitante sólo contó con 1.915 euros anuales. Dicho de otro modo, un vasco recibe más del doble que un andaluz y un navarro la mitad más que un andaluz.

Europa Press se hizo eco del documento remitido por la Junta de Andalucía al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el límite de tiempo establecido para ello, día 24 de noviembre. En él, la Junta andaluza acepta el informe de los expertos que invita a recalcular tanto el cupo vasco como la aportación navarra para evitar privilegios financieros injustificados.

De hecho, la Junta se refiere a "corregir las estimaciones actuales" empezando por "evaluar con datos y metodologías más robustas el coste de las competencias ejercidas por la Administración General del Estado en los territorios forales, incluyendo la aportación a la solidaridad interterritorial y nivelación ligada al sistema de financiación autonómica".

Además, Andalucía propone al Ministerio de Hacienda "afinar con más precisión las liquidaciones por IVA en adquisiciones intracomunitarias entre la Hacienda estatal y las forales", así como "proceder a una correcta imputación del déficit público estatal derivado de funciones de gasto ligadas a competencias desarrolladas por la Administración General del Estado en los territorios forales".

Hay que tener en cuenta que los estudios sobre el cupo vasco-navarro arroja un nivel de arbitrariedad poco justificable. Por ejemplo, Mikel Buesa explica que el Congreso ha aprobado el proyecto que le ha remitido el Gobierno sobre el cupo vasco y que, gracias a ello, el País Vasco tendrá un cupo líquido a pagar al Estado de 1.300,1 millones anuales por los servicios prestados en el territorio, en vez de otro más realista de 4.472,7 millones. Concluye diciendo que los vascos se ahorran un setenta por ciento del total según las cifras del mismo Gobierno.

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