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EDITORIAL

La estafa de las pensiones que nadie se atreve a denunciar

Urge avanzar hacia un sistema mixto el que opera en Holanda y en Dinamarca, países de referencia en materia de protección social a los jubilados.

EDITORIAL
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Los países con mejores coberturas económicas para los jubilados son aquellos que complementan una pensión pública con planes privados, financiados fundamentalmente por las empresas a cambio de determinados incentivos fiscales. Así lo demuestra el estudio de referencia sobre los sistemas de previsión social en los países más desarrollados, cuyas principales conclusiones hemos recogido en Libre Mercado.

Se trata de un modelo que asegura un mínimo para todos los jubilados, con escasas diferencias entre las pensiones máxima y mínima, complementado con el fruto del ahorro privado, impulsado e incentivado por ley e instrumentado a través de las propias empresas a favor de sus trabajadores, tal y como ocurre en Holanda y Dinamarca, los dos países de la OCDE que más y mejor protegen a sus pensionistas.

La implicación de la iniciativa privada en las pensiones públicas mejora las condiciones de sus beneficiarios, incrementa notablemente la cuantía de las mismas y asegura su sostenibilidad en el tiempo, precisamente las tres grandes asignaturas pendientes del modelo de reparto vigente en España.

En nuestro modelo de reparto, el trabajador en activo no genera derechos futuros, sino que su pensión queda injustificablemente al arbitrio de los políticos que estén al frente del Gobierno en el momento de su jubilación. Se produce así una sistemática y forzosa transferencia de renta desde la base de la pirámide –los trabajadores– a la cúspide –los jubilados–, tal y como ocurre con las famosas estafas piramidales, perseguidas por la ley... salvo cuando son utilizadas por los políticos para vaciar el bolsillo de los contribuyentes.

Urge avanzar hacia un sistema mixto el que opera en Holanda y en Dinamarca, países de referencia en materia de protección social a los jubilados. La existencia de un modelo de ahorro privado, incentivado por el Gobierno, aseguraría la supervivencia del sistema público de pensiones, hoy claramente superado por las circunstancias demográficas y en franca decadencia.

Pero la consecuencia más positiva de dicha reforma, sin duda, sería que los pensionistas no tendrían nada que agradecer a los políticos del momento, que ya no podrían utilizar una revalorización misérrima de unas pensiones ridículas como herramienta electoralista. Por desgracia para los jubilados españoles, presentes y futuros, esto es precisamente lo que ningún partido político está dispuesto a tolerar.

En Libre Mercado

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