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La economía del despilfarro

El malhadado Estado de las Autonomías ha supuesto un inmenso derroche de instalaciones y de personal.

Amando de Miguel
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Dicen que la economía es la ciencia de la escasez. Pero cuando dirigimos la mirada a la vida pública española lo que aparece por todas partes es el despilfarro. No me refiero solo ni fundamentalmente a los gastos suntuarios de la clase política y sus allegados. Ni siquiera me llama mucho la atención el triste hecho de que a los políticos se les haya atrofiado la capacidad de conducir un coche. Los pobres no tienen más remedio que ser transportados en un coche oficial dizque por razones de seguridad. ¡Qué tiempos aquellos del ominoso franquismo, en los que todos los coches oficiales de Madrid (PMM) cabían en un garaje por pisos!

El gasto en coches oficiales es cacahuetes, como dicen los americanos. El verdadero despilfarro de la Administración Pública va por otro lado. No hay más que contemplar el poco uso que se hace de tantos locales públicos. Habría que contabilizar las Casas de Cultura y equivalentes, escandalosamente vacías de actividad muchos días al año. Las oficinas de muchos organismos públicos se ven vacías durante muchas horas al día. El Estado decide reconstruir, remodelar y modernizar viejos edificios históricos sin uso, pero tampoco con las reformas rebosan actividad. ¿Por qué se dedica tanto dinero a esa labor restauradora, a la que luego no se le añade la correspondiente función? Muy sencillo. Es una forma elegante de manejar ingentes presupuestos para obras. Las cuales suponen un pingüe beneficio personal para quienes las administran. No hace falta entrar en los casos extremos de corrupción o el famoso tres por ciento de Cataluña. El dinero público rueda con facilidad; por eso las monedas son redondas.

No es solo el posible beneficio para el político o el alto funcionario de turno que emprende la obra pública. La construcción o la rehabilitación de un edificio público supone un motivo de prestigio para quien tiene que firmar el gasto. Siempre ha sido así desde las pirámides de Egipto.

El malhadado Estado de las Autonomías ha supuesto un inmenso derroche de instalaciones y de personal. Cada nuevo alto cargo supone poner en marcha el jefe del Gabinete correspondiente. Ese proceso, a la escala regional, podría haber significado el vaciamiento de los locales de muchos ministerios de Madrid, al mismo tiempo que se producían las correspondientes transferencias de funciones. Nada de eso. Los ministerios de Madrid han seguido desbordando el espacio asignado y han tenido que ampliarse a nuevas oficinas. Lo mismo ha ocurrido con los ayuntamientos de las grandes ciudades.

Se podría pensar que, con la creciente informatización del trabajo burocrático, las oficinas públicas ahorrarían ahora mucho papel. No ha sido así. La Administración Pública necesita aprovisionarse de barcos enteros cargados con resmas de papel para las impresoras que se instalan en todas las oficinas. Ya no se estila mucho lo de presentar los documentos por duplicado o triplicado, pero es corriente archivar fotocopias de todo. Esa práctica se deriva del principio administrativo por el que el funcionario no debe fiarse nunca de la palabra del administrado. Todo tiene que estar escrito y fotocopiado. A veces se necesita incluso un papel para autentificar la fotocopia.

El derroche más notable procede de la obsesión que tiene el Estado (y sus innumerables terminales) de ejercer cada vez más funciones. La cosa es ocuparse de todos los pormenores para facilitar la vida de sus pacientes súbditos. En muchos casos se trata de acciones (ahora se dice "actuaciones" o "intervenciones") que bien podría realizar la iniciativa privada, sea la empresarial o la del voluntariado. Pero ni por esas. Tómese una parva ilustración. Es claro que la promoción del turismo es una actividad muy rentable, que la puede llevar a cabo perfectamente la iniciativa privada. Pues no. Existen servicios turísticos dependientes de algunos ayuntamientos, de las autonomías y del Estado central. No sé si se instalarán las oficinas correspondientes de la Unión Europea o de las Naciones Unidas.

En definitiva, el aparato público nos cuesta cada vez más dinero, sin que se note la utilidad marginal del mismo. Esa es la razón por la que, mande quien mande, haya que subir los impuestos, disfrazados ahora con mil nombres. Para que los contribuyentes no protesten mucho, los llaman cariñosamente "ciudadanos y ciudadanas". Ya se sabe, el nombre hace la cosa.

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