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El Gobierno pone nuevas trabas a Uber, Cabify y las plataformas de alquiler turístico

Las licencias de VTC no podrán venderse en dos años y las empresas de alquiler turístico deberán facilitar a Hacienda su registro de clientes.

Las licencias de VTC no podrán venderse en dos años y las empresas de alquiler turístico deberán facilitar a Hacienda su registro de clientes.

Nuevas trabas para la denominada economía colaborativa. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes por Real Decreto los nuevos requisitos y medidas que el Ministerio de Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify.

Con estas medidas, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera injustificadas, Fomento pretende facilitar la convivencia de este sector con el del taxi. El gremio de taxistas ha llevado a cabo a lo largo de este año distintos paros y movilizaciones en protesta por el intrusismo y la competencia desleal que, a su juicio, representan los VTC.

A ello se suma el hecho de que este sector recibirá próximamente miles de nuevas licencias por vía judicial, tras la liberalización del sector registrada entre los años 2009 y 2015. En este contexto, el Gobierno impedirá a los titulares de licencias VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen 'burbujas' con estos títulos, según argumenta Fomento.

Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley, esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de la región en la que tienen autorización.

Además, el Real Decreto "impondrá" que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC obtenidas mediante sentencia judicial cumplan los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la autorización, "con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios".

La patronal de taxistas Fedetaxi manifestó en un comunicado su satisfacción por la aprobación de estas medidas que, aunque estima insuficientes, considera que "contribuirán a evitar el desmantelamiento del sector que suponen los privilegios que se están atribuyendo empresas como Uber y Cabify". "Ahora quedamos a la espera de actuaciones de similar compromiso por parte de los ayuntamientos, especialmente los de Madrid y Barcelona, para que se despejen las incertidumbres sobre el futuro de 100.000 familias que viven del taxi", concluyó el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

Por su parte, la patronal Unauto VTC, la asociación mayoritaria en la actividad de alquiler de vehículos con conductor, ha dicho que el Gobierno del PP "protege al monopolio del taxi en contra del interés general". El presidente de Unauto, Eduardo Martín, ha señalado que la norma elaborada por Fomento "limita aún más la operativa de las VTC".

Ha añadido que se trata de una regulación que va "en contra de otra alternativa de transporte y del interés general", y ha advertido que "hoy son las VTC, pero mañana serán los coches de alquiler por minutos, las bicicletas compartidas o los autobuses al aeropuerto". Unauto ha subrayado que en el sector de las VTC trabajan más de 10.000 conductores profesionales en toda España y ha denunciado que con esta norma "se perpetúe la anomalía de que un sector dictamine las normas de un competidor".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó recientemente "eliminar" aspectos del proyecto de real decreto sobre las VTC e hizo hincapié en que la norma "restringe la competencia" en el sector. El presidente de Unauto ha recordado que en este informe de la CNMC "se dice claramente" que el real decreto "no explica suficientemente las razones por las que se pretende imponer estas obligaciones" a las empresas de VTC. Martín ha afirmado que "no existe justificación alguna más allá de ceder al chantaje del taxi", y ha apuntado que el sector "seguirá especulando con sus licencias y escapando al control de los viajes que realiza y los ingresos que genera".

Alquiler turístico

Asimismo, el Consejo de Ministros también aprobó el pasado viernes la norma por la que se obliga a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a los propietarios y los clientes.

La entrada en vigor de la declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos está prevista para el mes de julio y conllevará también la obligación de presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren "con más detalle" su actividad, en el marco de las actuaciones que viene realizando el Ministerio de Hacienda en los últimos años para reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional y en el mayor control normativo sobre las empresas de alquiler de viviendas y vehículos.

La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios, en particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.

La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la de las personas o entidades cesionarias. También deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso; del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho.

El año pasado la AEAT avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.

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