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El éxito del modelo Alzira, el fracaso de la izquierda montaraz

El modelo de concesión administrativa hospitalaria se ha demostrado mejor para los pacientes y menos gravoso para los contribuyentes.

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Ximo Puig y Mónica Oltra | EFE

En 1999, se puso en marcha en novedoso modelo sanitario en la localidad de Alzira, Valencia. Un modelo que, asumiendo las reglas de juego del Estado del Bienestar en cuanto a la conceptuación de la sanidad como un servicio público, universal y sin costes de acceso,pretende dotar a la sanidad de la flexibilidad, eficiencia y calidad propias de la empresa privada.

En definitiva, el modelo Alzira es la adaptación española a procesos similares de modernización y de colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos que están teniendo lugar en países como Reino Unido y Suecia. En este caso, la fórmula jurídica que se adoptó en este proyecto pionero fue la de concesión administrativa, basado en cuatro pilares fundamentales: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada.

La implantación del modelo Alzira pronto fue objeto de los ataques de la izquierda montaraz y de los sindicatos de funcionarios, más preocupados por la defensa de sus intereses y privilegios de clase que por la salud de sus vecinos. Desde entonces, Alzira se ha convertido en un símbolo, un icono que había que derribar fuera como fuese. En definitiva, los éxitos logrados durante todos estos años por el Hospital de Alzira no han hecho más que poner en evidencia las deficiencias de los hospitales gestionados por el servicio público, incapaces de alcanzar los ratios de satisfacción, calidad y costes del centro de gestión privada.

Por la excelencia de sus resultados, tanto clínicos como económicos, el Hospital de La Ribera (que es su nombre oficial) se ha convertido en un caso de estudio a nivel internacional, como así lo atestiguan los informes de la Universidad de Berkeley y Harvard. El éxito del modelo debiera servir para generalizar su uso y para ir mejorándolo, corrigiendo y profundizando en sistemas que empoderen al ciudadano dándole la capacidad de elegir entre un abanico amplio de proveedores de servicios públicos que tengan gran capacidad para competir entre sí para hacerse con el favor del consumidor.

Contrariamente a los nuevos vientos de colaboración público privada que soplan por Europa, el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana surgido tras las elecciones de 2015 y presidido por Ximo Puig, se marcó entre sus objetivos el acabar con Alzira e integrarlo en el Servicio de Salud Valenciano. Para ir preparando el terreno encargó un informe a la Sindicatura de Cuentas en la confianza de que fuera favorable a sus pretensiones. Pero hete aquí que el éxito del modelo es tal que la Sindicatura no pudo hacer más que reflejarlos en su informe:

  • Para los pacientes de la región ha supuesto una mayor calidad percibida, con un 84,8% de pacientes satisfechos o muy satisfechos, y una mejora en la humanización de la asistencia a través de un trato personalizado y una mayor privacidad ya que todas las habitaciones son individuales.
  • Mejor calidad objetiva: el porcentaje de pacientes atendidos en tiempo en urgencias es del 95,43%, frente a una media del 81,46%.
  • Menores tiempos de espera: la demora media de lista de espera en consultas externas es de 22 días, frente a los 45 de media.
  • Un gasto un 21% inferior a los hospitales de gestión pública (721 frente a 916 euros por habitante).

Es decir, el modelo de concesión administrativa hospitalaria se ha demostrado mejor para los pacientes y menos gravoso para los contribuyentes. El ahorro anual para las arcas de la Comunidad Autónoma es de 42,5 millones de euros y, además, ha mejorado la atención sanitaria de los usuarios.

Todos los indicadores objetivos avalan el modelo, pero ello les es indiferente a quienes guían su actuación no en base al interés de sus conciudadanos sino a prejuicios y sofismas ideológicos. Así que el Gobierno valenciano ya le ha puesto fecha de caducidad y no renovará la concesión, que expira el próximo 1 de abril.

Con la integración del hospital de Alzira a la red de titularidad pública, si no lo remedian los tribunales, la izquierda irracional se habrá cobrado una pieza de caza mayor, eso sí, a costa de la salud de las 256.000 personas residentes en la comarca.

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