El próximo 9 de marzo entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, motivo por el cual se ha convocado en Madrid el III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica. La cumbre, que tendrá lugar entre el 14 y el 15 de febrero, reúne a sesenta expertos que compartirán las mejores prácticas en la materia, con ánimo de facilitar la transición que están a punto de enfrentan las distintas capas de nuestras Administraciones.
"La contratación pública representa el 20% del PIB a nivel nacional. Su conversión al formato electrónico es un paso definitivo hacia la transparencia, puesto que favorece la integración, simplificación y normalización de los procesos de oferta, evaluación y adjudicación", explican a Libre Mercado los organizadores del Congreso.
Hasta aquí todo suena muy bien. No obstante, el verdadero beneficio que se puede derivar de una buena implementación de estos nuevos mecanismos "es el ahorro del 20% en los gastos de contratación, así como la reducción de los plazos". De modo que los contribuyentes podrían verse beneficiados, gracias a la aminoración del gasto, mientras que las empresas que contratan con la Administración también verían mejorados los procesos, en virtud de unos trámites más eficientes.
Desde la entidad explican que la contratación electrónica "es garantía de la reducción de la burocracia y las cargas administrativas", pero también subrayan que los nuevos protocolos "contribuyen a erradicar la corrupción, en la medida en que suprimen la posibilidad de contratar sin publicidad y que instauran la factura electrónica. En suma, se mejora la gestión y se reducen las posibilidades de llevar a cabo malas prácticas".
Ahorro de 8.000 millones
El 20% de ahorro en los gastos de contratación viene avalado por datos de la Comisión Europea y se deriva de distintos factores. Para empezar, se reduce a la mínima expresión el consumo de papel, así como los costes de impresión. Además, se produce una reducción de los tiempos de gestión, que libera recursos humanos para otras tareas. También se produce una mayor concurrencia de proveedores, lo que genera más competencia y conduce a precios de adjudicación más bajos (alrededor de un 15% en los países que ya han introducido el sistema).
Sumando todos estos aspectos, la Comisión Europea estima que el ahorro derivado de la contratación electrónica podría alcanzar los 50.000 millones de euros a nivel europeo. En el caso español, el nuevo sistema está llamado a reducir el gasto en 8.000 millones de euros, gracias a una mejora de la eficiencia que se apoya en los factores descritos en el párrafo anterior.