El Impuesto sobre el Patrimonio llegó a la legislación española en la Transición, anunciado como un tributo "temporal". Sin embargo, su vida se fue prolongando presupuesto a presupuesto, convirtiendo en permanente una figura fiscal que poco a poco ha caído en desuso en el resto del mundo.
Hasta el pasado año, España y Francia eran los dos únicos países de la Unión Europea que aplicaban este gravamen. Sin embargo, la llegada al poder de Emmanuel Macron se ha traducido en la abolición de dicho tributo, de modo que Mariano Rajoy tiene ahora el dudoso honor de encabezar el gobierno del único país europeo que aplica el Impuesto sobre el Patrimonio.
El gravamen en cuestión no se mantiene precisamente por su peso recaudatorio, puesto que los 1.250 millones de euros que generó en 2016 equivalen al 0,1% del PIB nacional. En el pico de la burbuja, con la riqueza de los hogares en máximos históricos, los ingresos conseguidos por esta vía llegaron a los 2.400 millones, que vendrían siendo el 0,2% del PIB. Por tanto, pese a las distorsiones que genera este tributo, lo cierto es que su peso recaudatorio agregado es nimio.
Analizando el Impuesto sobre el Patrimonio por las distintas regiones españolas, encontramos que la Comunidad de Madrid no aplica este tributo. El extremo opuesto es el de Cataluña, donde el año 2016 se cerró con una recaudación de 495 millones derivada de este gravamen.
A continuación nos topamos con los datos de Comunidad Valenciana y Andalucía, si bien ambos territorios se quedan a mucha distancia de Cataluña. En la región gobernada por Ximo Puig se obtienen 113 millones por esta vía, mientras que en la comunidad que dirige Susana Díaz se consiguen 82 millones por este camino.
El cuarto y quinto lugar de la tabla es para Galicia y Baleares, donde la recaudación anual para 2016 ascendió, respectivamente, a 72 y 71 millones de euros. Más bajos son los niveles de ingresos públicos generados por el Impuesto sobre el Patrimonio en Aragón (41 millones). En Canarias, Castilla y León y Navarra, la recaudación asciende a la misma cantidad: 32 millones al año para cada las arcas de cada una de estas tres comunidades.
Salvando Madrid y País Vasco, los niveles más reducidos de ingresos fiscales derivados del Impuesto sobre el Patrimonio se observan en Murcia (24 millones), Asturias (21 millones), Cantabria (16 millones), Castilla-La Mancha (16 millones), La Rioja (4 millones) y Extremadura (4 millones).
La evolución del tributo ha sido cambiante a lo largo de los años. En 2012 generó unos ingresos de 784 millones de euros, mientras que en 2013 ascendió a 1.370 millones. Un año después, en 2014, se obtuvieron 1.168 millones, cifra similar a los 1.184 millones del siguiente curso, 2015. El año 2016 se cerró con un nuevo aumento, hasta los 1.257 millones.
Si medimos los ingresos que genera este gravamen con relación al PIB de cada comunidad autónoma, vemos que las dos comunidades que peor tratan el patrimonio son Navarra y Cataluña, donde la recaudación asciende al 0,26% y 0,23% del PIB regional. Esto supone más que duplicar el promedio de los quince territorios en los que sí se aplica este impuesto y se consigue una recaudación que ronda el 0,1% del PIB.