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El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, tomó la palabra en la sesión inaugural del Mobile World Congress para defender que Barcelona se mantenga como sede de la cumbre tecnológica. Su intervención vino motivada por el bochornoso espectáculo que han protagonizado en los últimos días la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y distintos grupos independentistas. Y es que, lejos de mantener un mínimo respeto institucional a las puertas de un evento de estas características, comunistas y secesionistas se han puesto de acuerdo para boicotear la presencia del Rey Felipe VI en la cena de apertura del MWC.
De esta forma, vuelve a quedar patente que el "proceso independentista" es la única preocupación de estos grupos políticos, que no parecen mostrar la menor preocupación ante la posibilidad real de que el MWC haga las maletas en los próximos años. Para Ada Colau, Roger Torrent y otros políticos catalanes, los miles de millones de euros que genera esta cumbre son algo secundario. Lo que importa, pues, es insistir una y otra vez en atacar a las autoridades españolas.
Pero, paradójicamente, estos mismos dirigentes políticos no dudaron en solicitar al Gobierno nacional que interviniese a favor de Barcelona para favorecer el desarrollo del MWC. De hecho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no solo no se negó a prestar su ayuda, sino que aprobó distintas medidas orientadas a mejorar el marco económico que recibe la organización convocante del evento.
Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (Ley 2/2012 de 29 de junio) señalaron en su disposición adicional sexagésima segunda que Barcelona Mobile World Capital tiene la consideración de acontecimiento de excepcional interés público. ¿Qué supone esta disposición? Básicamente, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, esta catalogación tiene los siguientes beneficios:
Este trato preferencial fue revisado con los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (Ley 36/2014 de 26 de diciembre), que extendió la duración de las ventajas fiscales hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto motivó una actualización del convenio del MWC, en línea con la Resolución de 15 de abril emitida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
De hecho, aunque la renovación del marco fiscal en el que opera el MWC debe realizarse cada tres años porque así lo contempla la norma que regula la consideración de un proyecto como acontecimiento de excepcional interés público, lo cierto es que las autoridades locales y regionales cuentan además con el entendimiento tácito de que el Gobierno de España está dispuesto a extender las ventajas hasta por lo menos 2023. Así viene recogido en el Real Decreto-ley 8/2015, de medidas de apoyo para la continuidad de Barcelona como Mobile World Capital. A cambio de este compromiso, la organización del MWC anunció que no buscaría nueva sede… De momento.
Dicha instancia reconoce en su exposición de motivos el efecto positivo del evento en el tejido productivo de la Ciudad Condal, "con un impacto económico acumulado de 2.500 millones de euros para 2006-2014". De hecho, tomando únicamente como referencia la edición de 2014, el Real Decreto-ley habla de unos ingresos de 400 millones para la ciudad, que generan 12.300 puestos de trabajo y aportan 30 millones de recaudación, todo gracias a 90.000 visitantes de 200 países y más de 2.000 compañías expositoras.
En definitiva, una inyección económica que, apoyada en el tratamiento fiscal preferencial que brinda el Gobierno de España, se traduce en una importante creación de riqueza para Barcelona.