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Pacto de Toledo: escandalosa hipocresía de la clase política

Frente a las deficiencias y problemas que ofrece el actual sistema público de reparto, dicen una cosa pero luego privadamente hacen otra muy distinta.

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Muchas cosas se podrían y se deberían decir contra el sacrosanto sistema público de pensiones, monumental estafa piramidal sólo sostenible mediante el permanente menoscabo de los derechos de sus supuestos beneficiarios, presentes o futuros. Con todo, no se trata aquí tanto de reiterar la necesidad de llevar a cabo una transición del sistema de reparto a uno de ahorro y capitalización individual como de denunciar la enorme hipocresía de los firmantes del Pacto de Toledo, que, ante las deficiencias y problemas que presenta el sistema actual, dicen una cosa pero luego privadamente hacen otra muy distinta.

A este respecto, cabe recordar la lluvia de críticas que, hace un par de años, y desde todos los partidos firmantes del Pacto, le cayó encima al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, simplemente por considerar muy necesario "hacer entender a los jóvenes que tienen que ahorrar porque la pensión media será cada vez menor de forma inevitable, debido al declive demográfico". Si el socialista Pedro Saura acusó a Linde de "reírse de los españoles" con afirmaciones que suponían un "insulto" a los ciudadanos, el representante de IU Podemos, Alberto Garzón, le acusó de "generar miedo" para favorecer a los planes privados y acabar "destruyendo el sistema público de protección social". También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, arremetió contra los pronósticos de Linde afirmando: "El sistema público de pensiones en España está garantizado por el Estado".

Nada confirma tanto los pronósticos de Linde como el creciente envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad; y nada desmiente tanto lo que dicen los firmantes del Pacto de Toledo respecto de las bondades y la sostenibilidad del sistema que la manera en que ellos mismos preparan sus jubilaciones. La inmensa mayoría (empezando por los representantes del PSOE y de Podemos) poseen planes de pensiones privados, cuentas de ahorro y otros activos, como bienes inmuebles; a lo que hay que sumar el hecho de que todos cuentan con una serie de privilegios fiscales que no alcanzan al resto de los mortales.

Con semejantes salvavidas para salvarse del naufragio del deficiente sistema al que tantísimas personas permanecen ligadas, no es de extrañar que el Pacto de Toledo sea, desde hace años, un pacto de silencio de unos privilegiados que hacen el avestruz ante las deficiencias estructurales del sistema público de reparto; deficiencias que abocan a los representados por estos representantes desvergonzados a unas pensiones cada vez más míseras.

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