La equiparación salarial que lograron la Policía y la Guardia Civil con respecto a los Mossos ha generado una oleada de reivindicaciones similares en el resto de colectivos de funcionarios, desde sanitarios y profesores hasta empleados de Justicia y Prisiones, que, en caso de materializarse, supondría un incremento muy sustancial del gasto público y, por tanto, también de la factura fiscal que tendría que abonar el conjunto de los contribuyentes. Y todo ello, a mayores del incremento de casi el 9% -más reducción de jornada- que se ha firmado con Hacienda hasta 2020.
Los principales sindicatos de la Justicia a nivel nacional (CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT) anunciaron el martes el inicio de una campaña de movilizaciones en esta Administración para reclamar la equiparación salarial entre las diferentes comunidades autónomas, las transferidas y las dependientes del Ministerio de Justicia. Estas últimas (Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla, así como el personal de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado e Instituto Nacional de Toxicología) cobran alrededor de 500 euros brutos menos respecto a las comunidades transferidas, según los sindicatos.
El calendario de concentraciones comenzará este miércoles a las 12.00 horas ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las capitales de provincia de las regiones que no tienen transferidas las competencias en este área,continuará el miércoles 4 de abril con una concentración ante la sede del Ministerio de Justicia y terminará del 5 al 13 del mismo mes. Y los sindicatos avanzan que, si el Ministerio no abre una negociación, convocarán una huelga general en Justicia.
Pero no son los únicos. Los funcionarios de Justicia de algunas regiones con las competencias transferidas, como es el caso de Galicia, mantienen la huelga iniciada hace más de un mes, a pesar de que la Xunta ha ofrecido varias subidas salariales. Lo mismo sucede con los profesionales de Sanidad y de la Educación, cuyas competencias están transferidas a las CCAA, cuyos representantes sindicales reclaman igualar los sueldos por arriba, es decir, equipararse con las autonomías que ofrecen más salario, y que, según los casos, suelen ser las regiones más ricas, especialmente País Vasco, Navarra y Cataluña.
- En el caso de los médicos, las diferencias de retribución en términos netos oscilan entre los 1.033 y los 1.871 euros al mes en función del puesto y la comunidad autónoma de que se trate.
- La diferencia máxima entre los maestros de Primaria es de 550 euros, sin contar el plus de antigüedad; mientras que los profesores de Secundaria presentan divergencias de hasta 650 euros
- En Prisiones, la brecha con respecto a Cataluña -que tiene esta competencia transferida- oscila entre los 450 euros para los funcionarios de base (nivel C y B) y los 1.550 euros (siempre en 14 pagas) de los cargos directivos (nivel A).
- Las diferencias en Justicia superan los 550 euros,según territorios y cuerpos.
Ciudadanos defiende la equiparación
Poco han tardado los partidos políticos en hacerse eco de esta reivindicación. Destaca el caso de Ciudadanos, ya que, tras impulsar la equiparación de policías y guardias civiles, ahora recoge también la bandera del resto de colectivos de funcionarios. Según indicó el secretario general de Cs el pasado lunes, José Manuel Villegas, "sin duda" es una cuestión que se tendrá que discutir porque "no tiene sentido" que haya diferencias salariales entre la Administración Central y las autonómicas, aunque, en última instancia, dependerá de la negociación presupuestaria.
Pero, ¿cuánto costaría extender la equiparación salarial que piden los sindicatos al resto de empleados públicos? Según los últimos datos publicados por el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, España contaba con un total de 2,52 millones de efectivos a mediados de 2017 (la Encuesta de Población Activa contabiliza, sin embargo, algo más de 3 millones).
De este volumen total, la Administración Central dispondría de casi 352.000empleados, una vez descontados los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, cuyas retribuciones ya han sido aumentadas, y de las empresas públicas. En el caso de las CCAA, el número de efectivos supera los 1,3 millones entre profesores, sanitarios, administrativos, fuerzas de Seguridad y Justicia, pero su cantidad se reduciría a poco más de un 1 millón una vez descontados los empleados de Cataluña, País Vasco y Navarra. Así pues, el volumen de funcionarios susceptible de solicitar mejoras rondaría los 1,4 millones en total.
Los sindicatos denuncian que la brecha salarial media entre autonomías y administraciones se sitúa en el 25%, pero, ante la ausencia de datos oficiales, cabe preguntarse a cuánto ascendería la factura en caso de extender la subida aplicada a policías y guardias civiles. En un principio, los sindicatos de ambos cuerpos exigían 1.500 millones de euros en tres años para igualar sueldos con los Mossos, pero el acuerdo final alcanzado con el Gobierno tendrá un coste de 1.200 millones de euros, si bien podría aumentar en función de la auditoría externa que se ha encargado para verificar los detalles de la equiparación.
Si se aplicara este mismo baremo a los 1,4 millones de funcionarios susceptibles de recibir mejoras, el coste total ascendería oscilaría entre los 12.000 y 15.000 millones de euros extra al año para los contribuyentes, equivalente a tres veces la subida del IRPF anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar al poder, a finales de 2011.
La remuneración de los asalariados públicos superó los 121.000 millones de euros en 2016, según los últimos datos publicados por la Intervención General del Estado, lo cual representa casi el 26% del gasto público total. Y lo más curioso es que tanto el número de efectivos como la masa salarial de los funcionarios ha seguido creciendo durante la crisis:
- El sector público ocupaba a 2,51 millones de empleados en 2007 frente a los 2,52 de 2017, lo que supone un aumento de 11.000 efectivos, según los registros del Gobierno. Sin embargo, si se toma como referencia la Encuesta de Población Activa que elabora el INE, el aumento durante la crisis ronda los 100.000 efectivos, al pasar de 2,97 a 3,07 millones.
- En 2007, la remuneración total de los asalariados públicos se situaba en algo más de 107.000 millones de euros frente a los 121.000 de 2016, lo que supone un incremento del 13%, a pesar de las graves dificultades económicas y financieras que ha registrado el país durante estos años.