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Montoro desmonta la ficción de la Seguridad Social: "La hucha no es la red de seguridad de nada, las pensiones las garantiza el Estado"

El ministro de Hacienda reconoce que las prestaciones de jubilación son como el resto de gastos públicos y que las cotizaciones "son un impuesto".

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes, durante la presentación en el Congreso de los Diputados del proyecto de PGE para 2018. | EFE

Cristóbal Montoro, 03 de abril de 2018, presentación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, Congreso de los Diputados:

La Seguridad Social no está quebrada. La Seguridad Social es una parte de la Administración General del Estado. ¿La Seguridad Social estaba bien cuando el déficit de las administraciones públicas era del 9,3%? ¿Estaba yo más tranquilo entonces porque había una parte de la administración que no tenía déficit? No sé por qué hay que mirar a la Seguridad Social como si fuera un régimen propio. La Seguridad Social está asegurada por el Estado como lo ha estado siempre, es un departamento de las administraciones públicas, aunque tiene unos ingresos que vienen de un impuesto propio. ¿O es que las cotizaciones sociales no son un impuesto? Las cotizaciones sociales son un impuesto… y no uno de los mejores. Pero ahora resultará que, por tener ese impuesto, el sistema será más o menos seguro por la recaudación de ese impuesto.

Lo que no se puede hacer con las pensiones es esa batalla política. Cuando veo una encuesta que dice que las personas de menos de 40 años piensan que no van a tener pensión... si es lo que piensan, están equivocados. Lo que le puedo asegurar es que las personas de menos de 40 años sí van a tener pensión en un sistema de reparto. Claro que hay un problema, pero mucho peor problema era cuando teníamos esos déficit públicos [del 9 o del 10%, en los años 2010 y 2011] y esas deudas comerciales sin pagar. Somos una administración y una parte de esa administración es la Seguridad Social. Su futuro no depende de una frontera delimitada por el subsistema de cotizaciones. Esa forma de verlo, de manera aislada, es un error. Este pesimismo no lo entiendo y no lo puedo aceptar.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un apunte contable, no es una hucha. Un apunte de un superávit aplicado a la compra de deuda pública. Son apuntes contables entre administraciones. ¿Pero qué hucha? ¿Qué es lo que asegura? Lo que lo asegura [el pago de pensiones] es que el total de la deuda pública de España esté siendo valorada de una forma u otra. ¿Y cómo veo que ahora eso no es igual que antes? Pues en la prima de riesgo. Los inversores internacionales creen en esta España.

La hucha fue creada por un Gobierno del PP en el que estaba un servidor. Lo que quería [la hucha] poner de manifiesto es que existía un superávit del sistema de pensiones. Cuando firmamos el Pacto de Toledo los pronósticos decían que las pensiones no se podrían pagar en el año 2000. Y en el 2000 se pagaron las pensiones y se creó la hucha. Pero la hucha como máximo ha llegado a tener 70.000 millones y estamos presentando un presupuesto de gasto para el ejercicio 2018 de 144.000 millones. Usted explíqueme cómo paga 144.000 millones con 70.000 de la hucha. La hucha no ha servido nunca para dar seguridad. Cómo va a ser la red de seguridad de nada.

Yo juraría que el Estado lo formamos todos los contribuyentes. ¿Qué significa la separación de fuentes? Pues que una parte la pone el Estado y otra la Seguridad Social. Lo que tenemos en España es un sistema de pacto intergeneracional. Eso es lo que no va a fallar. No depende de un Gobierno. La hucha ha cobrado una dimensión que los creadores de la hucha jamás pensamos que iba a tener. Si es una corriente de intereses del Estado hacia la Seguridad Social [se refiere el ministro al pago que hace el Estado por los intereses de la deuda pública que el Fondo de Reserva posee]. Eso es lo que es la hucha. ¿Y eso garantiza las pensiones? Que no se preocupe nadie. Las pensiones las garantiza el Estado. El sistema público no está en riesgo ninguno. Los debates del Pacto de Toledo deben perder dramatismo.

Cristóbal Montoro es catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública y Derecho Tributario) por la Universidad de Cantabria. Y este martes, en la rueda de prensa posterior a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, lo ha demostrado. El ministro de Hacienda ha dado toda una clase sobre pensiones, Presupuestos Generales del Estado, reparto de ingresos y gastos entre administraciones, y sostenibilidad a medio plazo de las cuentas públicas españoles.

La pregunta que ha desatado las explicaciones del ministro versaba sobre la Seguridad Social y sobre esas noticias, habituales en los últimos meses, que hablan de un déficit cercano al 2,0% del PIB, de una hucha de las pensiones que se vacía año a año o de un incremento de los gastos en prestaciones por encima de la recaudación por cotizaciones. Todo ello ha generado preocupación entre muchos españoles. De hecho, como apuntaba el ministro, en las encuestas sobre el tema una buena parte de los menores de 40 años admite que no tiene mucha confianza en cobrar una pensión pública.

Montoro ha explicado, como podemos ver en los párrafos con los que se abre este artículo, que esa separación que hacemos entre las cuentas de la Seguridad Social y las del resto de las administraciones públicas tiene bastante de artificial. O por decirlo de otra manera, las pensiones se pagan con los ingresos del Estado, con todos ellos. Y si no hay cotizaciones suficientes, habrá que completarlas con lo que se recauda con otros impuestos (o con nueva deuda). No es la primera vez que alguien del Gobierno tiene que salir a explicar esta obviedad. El pasado año, cuando se supo que parte de las emisiones del Tesoro irían destinadas a cubrir el agujero de la Seguridad Social, Emma Navarro, secretaria general del Tesoro, y Álvaro Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, ya lo explicaron de forma parecida: "En último extremo el Tesoro sirve de garantía para la financiación del Estado y, en caso necesario, de otras administraciones públicas".

Pero que sea algo obvio no quiere decir que no sea importante. Porque, quizás sin quererlo, pero de forma muy clara y muy didáctica, Montoro ha dejado en el Congreso bien claro que la ficción sobre la que se apoya buena parte del discurso político sobre las pensiones no es más que eso… un trampantojo que oculta la realidad contable y financiera del sistema:

  • Si la hucha es "un apunte contable", ¿por qué no sacar todo el dinero que queda en la misma? ¿Qué sentido tiene mantener esa hucha abierta? Si se creó para reflejar un superávit que ya no existe, ¿por qué no cerrarla? En los PGE 2018 hay una disposición de algo más de 3.000 millones de euros, cuando el Fondo tiene más de 8.000 millones. El problema es que hacerlo implicaría un titular del tipo "La hucha de las pensiones se vacía" y esto habría que explicarlo.
  • Porque ese titular sería un torpedo en la línea de flotación del discurso político de los últimos 20 años; un discurso en el que nos aseguraban que el sistema era sostenible por sí mismo y que ponía a esa hucha (que no es tal) como ejemplo de esa sostenibilidad que garantizaba las prestaciones.
  • Si no hay hucha y si las cotizaciones son un impuesto es porque el sistema no tiene ni un euro de ahorro. De nuevo, lo que llama la atención no son las palabras de Montoro (que explica una realidad palpable) sino la diferencia entre estas palabras y el lenguaje que usan nuestros partidos y que se recrea en la retórica de los "derechos" que los trabajadores "acumulan" año a año. No es cierto. Las pensiones se pagan, como el resto de los gastos de las administraciones, con lo que se recauda en cada ejercicio. Si un año no se recauda, no habrá pensiones. Y las reglas con las que se determina cuánto cobrará cada pensionista también pueden cambiar en cualquier momento (de hecho, lo hicieron con las reformas de 2011 y 2013). El sistema de reparto tiene sus ventajas (estabilidad, seguridad...) y hay un debate interesante en la comparación con otros modelos vigentes en otros países de la UE. Pero tras las palabras y las insinuaciones de los políticos españoles se intuye un relato de ese sistema de reparto que no es real.
  • De lo anterior y de la evolución de las cuentas públicas se deriva otra cuestión capital: cada año habrá que pagar una parte más importante de las pensiones vía impuestos. ¿Cómo se hará? Hay muchas alternativas: con préstamos, pasando partidas de la Seguridad Social a la Administración Central, con un impuesto finalista... Lo importante no es el detalle, sino lo fundamental: o sea recortan otras partidas del Presupuesto general o se suben (y mucho los impuestos). No habrá otra forma de sostener las prestaciones en su nivel actual.
  • También tiene razón el ministro en que no tiene mucho sentido que los españoles menores de 40 años piensen que no cobrarán nada. Ese escenario es muy poco realista. Claro que cobrarán, mientras exista un Estado español, porque ningún Gobierno podría acabar con la Seguridad Social (desde un punto de vista político es impensable) y porque mientras haya impuestos, una parte de esos impuestos se destinará al pago de pensiones. Lo que debería explicar el ministro a continuación (eso no lo ha hecho este martes) es que lo normal es que los que se jubilen en 2040 o 2050 reciban, al menos en relación a lo cotizado, una prestación más baja que los actuales pensionistas. Tendremos que cotizar más y durante más años para obtener una tasa de sustitución pensión/salario bastante más baja que la actual.
  • Del mismo modo, de las palabras de Montoro se deduce claramente que no tiene demasiado sentido la discusión que ahora mismo está sobre la mesa del Pacto de Toledo. Se da por hecho que una de las primeras recomendaciones que saldrá de esta Comisión es que se saquen del sistema de la Seguridad Social todos aquellos gastos que no sean, en sentido estricto, pensiones contributivas. Se habla, sobre todo, de las prestaciones de viudedad y orfandad, que suman unos 24.000 millones de euros. Pero la pregunta, tras haber escuchado las clarísimas explicaciones del catedrático de Hacienda Pública reconvertido en ministro, es ¿y qué más da? Como veremos en el epígrafe siguiente, para el año 2018, la previsión es que la Seguridad Social tenga un déficit oficial equivalente al 1,1% del PIB. Un agujero que se cubrirá en su mayor parte con un préstamo del Estado. Si sacamos viudedad de las cuentas del organismo, su déficit caerá en unos 22.000 millones de euros (podría incluso tener superávit)… ¡a cambio de que la Administración Central tenga un déficit de 22.000 millones más! Pero en uno y otro caso, los que pagan son los mismos, los contribuyentes españoles. Es como sacarse dinero de un bolsillo para llenar el otro.
  • Por último, es cierto también que al final el pago de las pensiones dependerá de la solvencia del conjunto del Estado. Y si no, que le pregunten a los jubilados griegos. Sobre el papel, no hay muchas diferencias entre la Seguridad Social española y la helena: un sistema de reparto en el que cada año se recauda para pagar las prestaciones. El problema es que entre 2010 y 2012 el Estado griego perdió la confianza de los inversores. Nadie le prestaba dinero. Y tuvo que ajustar sus ingresos y gastos de forma brusca. Todas las partidas del Presupuesto estuvieron afectadas. También las pensiones: de hecho, todas las prestaciones han sufrido recortes como mínimo del 20-30% respecto a sus niveles previos. La razón es la apuntada un par de párrafos más arriba: no hay ahorro, todo lo que se gasta en pensiones llega de los PGE de cada año.

Las cuentas del sistema

Con todo esto sobre la mesa, es interesante ver cuáles son las cuentas reales del sistema de la Seguridad Social para este año, según lo previsto en los PGE:

  • Ingresos por cotizaciones sociales: 114.916 millones
  • Total de gastos de la Seguridad Social: 149.967 millones
  • Las transferencias corrientes (pensiones y otras prestaciones) ascienden a 144.197 millones (el resto, hasta los 149.967 millones son gastos de personal de la Seguridad Social, gastos corrientes, gastos en activos financieros…)
  • Pensiones contributivas 127.110 millones. El resto corresponde a no contributivas, maternidad, incapacidad temporal…

Si los ingresos por cotizaciones ascienden a 114.916 millones y los gastos a 149.967, parece claro que el organismo necesita otras fuentes de financiación por valor de 35.000 millones. ¿De dónde los saca? Algo más de 1.000 millones llega de tasas o ingresos patrimoniales. El resto lo aporta el Estado:

  • Transferencias corrientes: 13.580 millones
  • Activos financieros (Fondo de Reserva): 5.067 millones. De esta cifra, 3.826 millones llegará de una disposición de activos de la famosa hucha de las pensiones y el resto de los rendimientos que ofrezcan las diversas inversiones de la Seguridad Social (entre ellas, lo invertido a través del Fondo). En este punto hay que recordar que el Fondo está invertido íntegramente en deuda pública española
  • Pasivos financieros: 15.164 millones. Esta cantidad corresponde a un préstamo que el Estado le hace a la Seguridad Social

En resumen, hay más de 30.000 millones que el Estado entregará este año a la Seguridad Social para que este organismo pueda pagar todas sus obligaciones. Qué más da si ese dinero llega a través de una partida en el Presupuesto que se llama "Transferencias corrientes" o a través de un préstamo que todos sabemos que la Seguridad Social no devolverá… porque no tiene sentido que lo haga, porque, como ha explicado Montoro, no deja de ser otro departamento del Estado.

En los próximos meses, cuando se escuche hablar de "clarificar las fuentes de financiación", "reducir el déficit de la Seguridad Social pagando las prestaciones de viudedad con impuestos", "hacer más sostenible el sistema", etc., habrá que recordar las palabras del ministro y catedrático de Hacienda: "Las pensiones las garantiza el Estado". Si eso tranquiliza mucho o poco dependerá de lo que cada uno piense sobre el futuro de España, su crecimiento económico, sus perspectivas demográficas, el desarrollo de su mercado laboral y la capacidad de sus políticos.

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