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Rajoy, contra los pensionistas y los contribuyentes

El cortoplacismo de Rajoy, cuya única preocupación es completar la legislatura, saldrá muy caro a los españoles.

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Si algo ha demostrado el presidente del Gobierno es que está dispuesto a todo con tal de mantener el poder. El pacto que acaba de alcanzar con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado ejemplifica a la perfección su desmedida ambición política, ya que el citado acuerdo, si bien le garantiza culminar la legislatura, condena a los españoles a una futura crisis fiscal, cuyos efectos sufrirán, muy especialmente, tanto los pensionistas como el conjunto de contribuyentes.

Mariano Rajoy acaba de firmar el pacto presupuestario más caro de la democracia en términos monetarios. La subida de las pensiones conforme al IPC y el nuevo retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 supone, ni más ni menos, que derogar por la puerta de atrás la reforma estructural de la Seguridad Social que aprobó el PP en 2013, tal y como venían exigiendo desde hace meses el PSOE y Podemos. La factura, sin embargo, será inmensa.

La citada reforma fue ideada en su día por un grupo de expertos para garantizar la sostenibilidad financiera del actual modelo de reparto a medio y largo plazo, ya que permitía ajustar a la baja y de forma progresiva las prestaciones de jubilación en función de la mayor o menor solvencia de las cuentas públicas y la evolución de la esperanza de vida. Este cambio, unido al que aprobó el PSOE en 2011, condenaba a los españoles a trabajar más años y a cotizar más para, a cambio, recibir unas pensiones cada vez menores, pero es que este y no otro es el resultado de mantener el actual sistema público debido al declive demográfico que sufre el país. Taparse los ojos y negar esta realidad no evitará que, tarde o temprano, se acabe imponiendo. Lo que ha hecho ahora Rajoy es mirar hacia otro lado con el único fin de garantizarse un año más de gobierno, evidenciando así, una vez más, su profunda irresponsabilidad política.

No en vano, el coste directo del citado pacto rondará los 35.000 millones de euros tan solo de aquí a 2023, ya que la revalorización de las pensiones es acumulativa, lo cual, unido al retraso del factor de sostenibilidad, se traducirá en un mayor déficit de la Seguridad Social y, por tanto, en más deuda pública. Y ello a pesar de que el actual agujero que registra el sistema asciende a unos 18.000 millones de euros al año, mientras que la deuda pública roza el 100% del PIB. Pero lo más grave es que, una vez abierta la espita, será muy difícil dar marcha atrás para restablecer la reforma de 2013, de modo que el gasto en pensiones se hará insostenible a medio plazo.

Todo ello condenará a España a una nueva crisis presupuestaria, de modo que los futuros pensionistas verán, una vez más, congeladas o reducidas sus prestaciones, al tiempo que los contribuyentes sufren fuertes subidas de impuestos para tratar de mantener en pie el sistema, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en Portugal y Grecia en los últimos años. Por el momento, el Gobierno ya ha anunciado este viernes que subirá los impuestos a las empresas tecnológicas -es decir, a sus clientes- para financiar la nueva subida de las pensiones.

El cortoplacismo de Rajoy, cuya única preocupación es completar la legislatura, saldrá muy caro a los españoles. De las dos únicas reformas estructurales que ha aprobado el PP, la laboral y la de las pensiones, ya solo queda la primera y, por desgracia, es evidente que su vigencia no dependerá de sus buenos resultados, sino de la arbitraria e interesada voluntad del presidente.

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