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El número dos de Montoro, investigado en un juzgado de Jaén

El secretario de Estado de Hacienda y número dos de Montoro, José Enrique Fernández de Moya, está siendo investigado y declarará el 5 de junio.

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El número dos de Montoro, investigado en un juzgado de Jaén
Fernández Moya, en una imagen reciente. | Twitter/@jfernandezmoya

José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda y número dos y mano derecha de Cristóbal Montoro, tendrá que declarar en calidad de investigado en un juzgado de Jaén el próximo 5 de junio. Lo hará por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, por contratos de la época en la que fue alcalde de la capital jiennense.

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad. Por este caso están investigadas cuatro personas, entre ellas el exalcalde, que han sido citadas para declarar el próximo 5 de junio.

Se trataría de unas actuaciones que datan de la época en la que el popular fue alcalde de Jaén, en la que, según ha adelantado la Cadena SER, habría autorizado determinados pagos a una empresa en contra de los informes del interventor del ayuntamiento. Según las diligencias previas, el actual secretario de Estado de Hacienda "ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jiennense distintos pagos a la empresa MATINSREG, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital".

Además, el informe señala "se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el ayuntamiento". Aparentemente, "se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, incrementando y suponiendo un coste para el Ayuntamiento superior a los 3.600.000 euros" si se compara con una anualidad de la empresa IMESAPI, la empresa que se hacía cargo de este servicio previamente. Fernández de Moya fue alcalde entre junio de 2011 y noviembre de 2015.

Durante la investigación, según ha informado el TSJA, se ha recabado documentación del Ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. El jueves declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén.

Las explicaciones de Fernández de Moya

La noticia se ha conocido en la semana de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En declaraciones desde Adra, en Almería, Fernández de Moya se ha defendido diciendo que se trata de una denuncia promovida por el PSOE idéntica a otra formulada en 2014 y que fue archivada por la Fiscalía.

Ha sostenido que por el momento no ha recibido ninguna notificación o citación oficial por parte de la autoridad judicial, pero que de la "lectura" que hace de las informaciones publicadas por medios de comunicación, entiende que se trata de la misma denuncia que "fue archivada por el Ministerio Público, que dijo que este alcalde actuó siempre y en todo momento con el principio de legalidad en la mano".

En respuesta a la petición de IU para que dimita por la supuesta falta de credibilidad que esta investigación supondría para los presupuestos generales del Estado, ha insistido en que todavía no sabe de lo que se le acusa pero ha apuntado que "como cualquier ciudadano español", tiene derecho a defenderse.

"Máxime cuando esta causa fue archivada por la Fiscalía Provincial de Jaén, concretamente en abril de 2014. Sería bueno que se recordaran los antecedentes de esta causa, que ponían en valor un elemento extraordinariamente importante", ha dicho.

Elemento que, ha explicado, se traduce en el informe del secretario general del Ayuntamiento que establecía "claramente la plena validez" de su actuación, así como el emitido por el letrado jefe de los servicios jurídicos del Consistorio y el propio archivo de la denuncia por parte del fiscal. "Por lo tanto, a esos hechos me remito y una vez reciba la citación oficial por parte del juzgado competente estaré a su disposición para dar todas las explicaciones oportunas", ha añadido.

"Mi patrimonio es mi honestidad, mi integridad personal y esa no la va a destruir nadie. Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho y tendré la oportunidad de defenderme cuando reciba esa citación judicial", ha concluido.

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