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España escapa sin un rasguño tras una década de incumplimientos con el déficit: esto valen las amenazas de Bruselas

La Comisión carece de fuerza para multar a los estados. Al final, la decisión siempre es política. La credibilidad de la Eurozona, en entredicho.

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España escapa sin un rasguño tras una década de incumplimientos con el déficit: esto valen las amenazas de Bruselas
El edificio Berlaymount, sede de la Comisión Europea, en Bruselas. | Flickr/TPCOM

Ni nos multaron, ni nos multarán. España ha estado una década incumpliendo el objetivo de déficit público del 3% que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea. Las previsiones de los organismos comunitarios apuntan a que este año, por fin, se quedará por debajo de esa cifra. Pero no por la austeridad o porque el gasto se desplome. Será simplemente una consecuencia del crecimiento económico. De hecho, en términos estructurales (sin tener en cuenta los efectos del ciclo) el balance presupuestario empeorará, a pesar de las llamadas de atención desde Bruselas sobre lo peligroso de esta deriva. Unas llamadas de atención que no parecen preocupar a nadie, ni en el Gobierno ni en la oposición.

¿Y qué hará la Comisión Europea ante este nuevo desplante? Se debate entre mandar de cara a la pared 15 minutos a Román Escolano u obligar a Cristóbal Montoro a escribir diez veces en la pizarra "No volveré a incumplir mi objetivo de déficit". Vamos, la nada. Una nota a pie de página y una demostración de impotencia. El Gobierno comunitario no puede (está en duda si querría) castigar a los países que ignoran sus advertencias. ¿Cuál es la validez de un pacto que cualquiera se salta cuando le conviene y que no tiene apenas respuestas a su incumplimiento? Ésa es la pregunta clave que todavía no tiene respuesta.

Esta semana, la Comisión Europea publicaba su tradicional paquete de previsiones, recomendaciones y advertencias del llamado "semestre europeo". En este caso, corresponden a la primavera de 2018 (habrá otra tanda en otoño). Como puede ver cualquiera que se acerque a la página del Gobierno comunitario, cada edición incluye todo tipo de documentos, literalmente centenares de ellos: recomendaciones específicas para cada país; procedimientos de desviación del déficit para algunos de ellos; informes sobre los incumplidores de años anteriores; miles de tablas y datos; pronósticos de crecimiento, empleo o déficit para los próximos años; etc. Lo que está por ver es que todo ese trabajo que implica a centenares de trabajadores de la Comisión, incluidos muchos de los funcionarios más cualificados y preparados de la UE, sirva para algo.

En el caso de España, la atención es más personalizada, con documentos específicos que ningún otro Estado miembro tiene (por ejemplo, el denominado "Opinión sobre el Plan Presupuestario para 2018-19). Al fin y al cabo, somos el único país que sigue dentro del Procedimiento por Déficit Excesivo. Sí, así es, el único de toda la UE que mantiene un déficit público superior al 3% del PEC una década después de que se iniciase la crisis.

Así, el miércoles los medios españoles informábamos de las conclusiones de la Comisión. Los puntos más destacados:

  • Por primera vez en una década, el Gobierno comunitario prevé que el déficit público bajará del 3%. Eso sí, elevaba la previsión del 2,2% para 2018 hasta el 2,7%: o lo que es lo mismo, bajaremos del límite del PEC pero no cumpliremos con el objetivo marcado del 2,2%. Es más, como explicábamos este sábado, el documento incluía una carga de profundidad contra España: a pesar del crecimiento económico este año se incrementará el déficit estructural (el que no tiene en cuenta los efectos del ciclo).
  • Criticaba algunas de las medidas tomadas en las últimas semanas, como la subida de las pensiones, por los peligros que entrañan a medio plazo sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas
  • Planteaba las habituales recomendaciones, tanto en materia presupuestaria como en lo que tiene que ver con las reformas dirigidas mejorar el crecimiento potencial de nuestra economía: incrementar la eficacia de los servicios públicos de empleo, subir la eficiencia de las políticas sociales de apoyo a los hogares sin ingresos, reducir el abandono escolar, aumentar la inversión en I+D, avanzar en la Ley de Unidad de Mercado…

Pero todo esto ya lo sabíamos. Suena a escuchado con anterioridad. Cierto. Apenas hay novedades en el texto respecto al de semestres anteriores. Las recomendaciones son las mismas porque apenas hacemos nada para cumplir con lo que nos piden. Ni recortamos lo suficiente el déficit (incluso empeora el saldo estructural) ni hacemos los deberes de las reformas. Y sin embargo, el titular es que, por fin, hemos aprobado. ¿Por qué? Porque tras diez años volvemos a estar por debajo del tan traído y llevado 3%. Así que ya no estamos (o no estaremos a final de año) en el Procedimiento de Déficit Excesivo (el que Bruselas llama "mecanismo correctivo"), sino en el "preventivo". Ahora se supone que el objetivo es llevar el saldo estructural al 0,5% del PIB. Tampoco estamos ni cerca de cumplirlo. Pero teniendo en cuenta que nunca se ha multado a nadie y ha habido muchos países que se han saltado las normas del supuestamente vinculante PDE. Pues teniendo eso en cuenta, no se intuye ningún motivo de preocupación a corto plazo para el Gobierno español, sea del color que sea. De hecho, pasar del estado "correctivo" al "preventivo" implica todavía más manga ancha para quien sea que ocupe La Moncloa. Si hasta ahora se intuía complicado que hubiera una sanción, desde este momento se antoja imposible.

Lo más cerca que se ha estado de algún tipo de sanción fue en 2016. En aquel año, España y Portugal protagonizaron el culebrón del verano (sobre todo nuestro país). El Gobierno estuvo a punto de ser sancionado con una multa de 2.000 millones de euros. Había muchos partidarios en Bruselas de imponer algún tipo de sanción, aunque fuera simbólica, para que al menos no quedase la sensación del todo vale. Pero al final se impuso la política. Ni la Comisión ni el Consejo (que agrupa a los gobiernos de la UE) quisieron meterse en ese lío. Porque esto es importante: la decisión final corresponde siempre a los Gobiernos, no hay un mecanismo automático, por mucho que en el día a día se vista todo con un lenguaje técnico y las reglas del PEC ocupen cientos de páginas con los diferentes procedimientos y medidas a tomar. Una normativa que, a tenor de sus implicaciones prácticas, a veces parecen diseñadas con el objetivo de tener a los periodistas del ramo ocupados en algo, escribiendo sobre una ficción (la posibilidad de una sanción y el mecanismo que lleva a la misma) cuando al final todo se decidirá alrededor de una mesa, con los ministros de Economía negociando a la bruselense.

La cuestión es que el tema de la credibilidad no es menor. Al final, en el sistema monetario moderno, una divisa sólo tiene un punto de apoyo: la fiabilidad del emisor y del Estado que lo sustenta. ¿Por qué aceptamos dólares o euros y no bolívares? Al fin y al cabo son pedazos de papel sin respaldo de ningún activo real. Y hablamos de países muy endeudados. Pues hay muchos motivos por los que aceptamos una divisa y no otra. La discusión técnica sería muy interesante. Pero la razón principal es que pensamos que a esos dólares o euros los respaldan unos activos sólidos. Si lo vemos en términos de activos y del balance de la Fed o el BCE, en buena parte hablamos de deuda pública; si lo queremos plantear en un sentido más amplio, una moneda se sostiene sobre la capacidad de su economía de generar riqueza a futuro y sobre la fiabilidad de sus instituciones.

Evidentemente, nadie se plantea un escenario en Europa a la venezolana, pero estamos tensando la cuerda. En 2010-12, varios países de la Eurozona estuvieron al borde del colapso. La crisis de deuda soberana cerró el camino a los mercados a Italia, España, Grecia o Portugal. ¿Y qué hicieron estos países? Pues pedir ayuda al norte. Esta ayuda se sustanció de muy diversas formas, pero en resumen podríamos decir que los países estuvieron de acuerdo en avalar (con préstamos directos en algunos casos o a través de la acción del BCE) a sus socios. A cambio, estos se comprometían en afrontar una serie de reformas que hicieran sus economías más competitivas y que, por lo tanto, mejorasen la fiabilidad del euro. Este es uno de los problemas del PEC y de la falta de voluntad política en aplicar las normas que todos se dieron. Los primeros cumplieron más o menos su parte. No sólo hubo programas de ayuda directa. El BCE salió al rescate, con Mario Draghi diciendo que haría "lo que fuera necesario". Pero el nivel de incumplimiento de los compromisos de la otra parte ha sido muy elevado.

No sólo eso, en Italia el nuevo Gobierno amenaza con dar una nueva vuelta de tuerca a estos incumplimientos. Y en España todo apunta a que un Ejecutivo de PSOE+Podemos haría un planteamiento bastante parecido.

Los clubes son entidades de asociación voluntaria, pero que se basan en las normas internas, a veces muy estrictas. A los que están fuera les pueden parecer absurdas y los que están dentro quizás no estén de acuerdo con algunas de ellas. En este sentido, pueden intentar cambiarlas o (llegados a un punto en el que el pacto es imposible) salirse. Pero el incumplimiento generalizado y sin consecuencias socava de forma inevitable la credibilidad de la organización.

En los países del norte de Europa crecen desde hace años los populismos anti-euro y anti-UE: su principal acusación es que los países del sur están viviendo del aval de los contribuyentes del norte a cambio de nada. Un ejemplo a modo de botón de muestra: la tasa de sustitución de las pensiones (relación primera pensión / último salario) es más elevada en Italia, España, Grecia y Portugal que la media de la UE. De hecho, estos cuatro países están siempre entre los más generosos con sus jubilados del club comunitario, tanto en las variables económicas (tasa de sustitución) como en las normas de acceso al sistema (edad de jubilación, años para cobrar el 100%...). ¿Cómo le explicas a un trabajador de Stuttgart que está pagando con sus impuestos un rescate a un país que ofrece mejores jubilaciones que la suya? ¿O que es la productividad de la economía alemana la que sostiene un euro del que todos los demás también se aprovechan?

Mientras la situación sea de normalidad, lo más probable es que se mantenga esta calma tensa. Sin reconciliación entre las posturas de unos y otros, pero también sin una ruptura total. El problema llegará cuando se desate la próxima crisis. Cuando un país necesite del apoyo de los otros o quiera cambiar las reglas del juego (por ejemplo, como insinúa que quiere hacer el actual Gobierno italiano). Ahí es cuando se verá cuánto se recuerda de lo que pasó en 2010-12 y de lo ocurrido desde entonces. Siempre que se ha hablado de ruptura del euro se ha planteado por la parte de abajo (y no sólo porque afectaría a los países del sur): la idea es que podría haber un momento en el que a un Estado se le invitase a abandonar el barco. Grecia estuvo al límite. Siempre se ha ignorado la posibilidad contraria: que la moneda acabe estallando por arriba, con uno de los países ricos dejando el club de un portazo.

En este sentido, lo ocurrido esta semana, con las recomendaciones ignoradas y la certeza de que una década de incumplimientos no tiene ninguna consecuencia, no parece especialmente grave. En comparación con otros momentos de crisis de la Eurozona, incluso se intuye como algo menor. Si, además, al fin y al cabo, por fin todos estamos por debajo del 3%. Ésa es la obsesión de los políticos europeos y los burócratas comunitarios. Pero por eso mismo, es más significativo como síntoma: parece que en Bruselas lo relevante no es que se cumplan de verdad las normas (a pesar del triunfalismo por que el déficit sí se ha reducido por la buena coyuntura económica, tanto en lo que hace referencia a la deuda como al saldo estructural hay muchos países que no están ni cerca), ni que exista lealtad entre los socios o que el sistema sea sostenible a medio plazo, sino que el titular del día siguiente se ajuste a lo buscado. Y eso ya lo tienen.

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