José Ramón Bauzá se ha lanzado al debate de las ideas presentado un documento con el que pretende impulsar una corriente liberal que abogue por la regeneración del Partido Popular. El expresidente balear, hoy senador por las islas, incluye en su documento marco una batería de rebajas fiscales que incluye un flat tax del 20% en IRPF y Sociedades o una reducción del 50% en la cuota que pagan los autónomos.
El dossier, coordinado junto al edil popular Percival Manglano, incluye además una interesante sección dedicada a proponer distintas medidas orientadas a reducir el peso del gasto público en España. Son las siguientes:
1. Reducción de subvenciones
Como recuerda Bauzá, "la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha constatado que España gasta anualmente más de 32.000 millones de euros en una gran maraña de subvenciones que distorsiona la competencia y amplifica el coste del Estado. Países como Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos o Irlanda han impulsado programas de evaluación del gasto que, partiendo de estudios similares, han consolidado una reducción en estas partidas de gasto. Siguiendo el criterio de la AIREF, las Administraciones podrían reducir al menos en un 50% el peso de las subvenciones, atendiendo a criterios de eficiencia y aplicando su repliegue de forma progresiva, con un plan de transición a dos o cuatro años. Esto supone un ahorro de 16.000 millones, partiendo de que solo se reduce el 50% que se plantea como escenario de mínimos".
2. Presupuesto de base cero
La liberación de recursos habilitada por la rebaja drástica de las subvenciones "permitiría reorientar los presupuestos y volcarlos en la reducción de la deuda pública, la rebaja de la carga fiscal y la aplicación de políticas favorables a la libertad de mercado. Pero los presupuestos siempre corren el peligro de seguir creciendo por inercia burocrática. Por eso, es importante combinar el ajuste de las subvenciones con la incorporación al sector público del principio de gestión empresarial conocido como presupuesto de base cero. El Gobierno de Mariano Rajoy ya puso esta medida encima de la mesa en 2013, coincidiendo con los momentos más delicados de la crisis fiscal que atravesó España como consecuencia del mal manejo de las cuentas públicas en los años de gobierno socialista".
La idea del presupuesto de base cero que sugiere el documento "no es, en absoluto, exótica: se corresponde con lo que hace toda familia o toda empresa a la hora de ordenar sus prioridades de gasto. De hecho, esta medida ha sido aplicada en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y otros países desarrollados. Bajo un presupuesto de base cero, el gestor se olvida de los anteriores ejercicios y, partiendo de un escenario conservador de ingresos, procede a distribuir los desembolsos, consciente de que no podrá incurrir en números rojos. Esto exige renunciar por completo a determinadas partidas de gasto y ajustar otras para asegurar que, al final del día, el presupuesto arroja siempre un saldo positivo. En un solo año, esto permite conseguir un superávit fiscal, eliminando un déficit que hoy supone cerca de 30.000 millones".
3. Venta de activos del Estado
El siguiente punto habla de la "venta de las participaciones del Estado. Solo liquidando las acciones que controla el Estado en empresas y bancos se podrían obtener más de 30.000 millones. Además, propone liquidar parte del patrimonio inmobiliario de las Administraciones. Se estima que, enajenado edificios infrautilizados, se obtendrían al menos 14.000 millones de euros. Todos estos recursos se destinarían a la amortización de deuda".
4. Modernización de las AAPP
El dossier apunta, además, que "el trabajo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas es un ejemplo modesto de lo que se puede lograr eliminando duplicidades e ineficiencias burocráticas. Por tanto, la Comisión debería extender su ámbito de aplicación y repensar por completo el papel del conjunto de las Administraciones, delimitando de forma efectiva las competencias de cada una y reduciendo el gasto improductivo que genera el sistema actual.
Por otro lado, la aplicación de la tecnología a los procesos de las oficinas públicas permitiría agilizar trámites y acabar con procesos lentos que complican el funcionamiento del sector privado. Además, las Administraciones deben promover internamente la innovación y el emprendimiento, de modo que los trabajadores que sugieran propuestas concretas de reducción de gastos innecesarios deben ver reconocido su esfuerzo con primas salariales que sirvan para reconocer los ahorros generados al conjunto de los contribuyentes".