Primero, fueron los autobuseros con Blablacar; les siguieron los taxistas con Uber; después, los hoteleros con Airbnb y ahora, les toca el turno a los repartidores con Amazon.
La irrupción de las grandes tecnológicas en el día a día de los consumidores inquieta a los gremios tradicionales, que en muchas ocasiones no han dudado en organizarse para pedir la prohibición de estos nuevos competidores. El intrusismo laboral o la competencia desleal son los argumentos más utilizados para solicitar a las Administraciones su cese.
La última patronal en poner el grito en el cielo por la actividad de una tecnológica en el marco de la llamada economía colaborativa ha sido la Organización Empresarial de logística y transporte (UNO). El pasado martes, UNO emitió un comunicado para solicitar "a las diferentes administraciones públicas que garanticen el cumplimiento del marco legal a todas las empresas que para su actividad realizan o subcontratan reparto de mercancías, también a las que dicen pertenecer a la llamada economía colaborativa".
De no ser así, "se estará permitiendo una flagrante competencia desleal que puede llevarse por delante muchos miles de puestos de trabajo con garantías que se han creado en nuestro país". La patronal de la paquetería y la logística muestra su "preocupación por actuaciones que está llevando a cabo Amazon, a través de Amazon Flex". Aseguran que hay "colas de vehículos particulares" en las plataformas logísticas como la que tiene Amazon en San Fernando de Henares, que "según la normativa vigente, no son aptos para la realización de servicios de transporte de mercancías; así como de personas sin vinculación laboral con la empresa y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas para la realización de dicho tipo de transporte".
"No es legal repartir en coches particulares"
Hace algunos meses el gigante del comercio online estadounidense lanzó Amazon Flex en España. La compañía paga hasta 14 euros la hora a conductores que estén dados de alta en el régimen de autónomos por repartir paquetes en su propio coche. "Consigue ingresos adicionales, sé tu propio jefe y planifica tu horario", reza su web. En este enlace, Expansión ha publicado un vídeo en el que se recogen algunos testimonios de los nuevos repartidores.
UNO asegura que "no es legal de ninguna forma hacer reparto en coches particulares.No estamos a favor de precarizar esta actividad y de introducir la explotación laboral en el reparto de mercancías".
La patronal de transporte ha emitido este comunicado mientras su sector atraviesa uno de los mejores momentos por el auge de las compras online. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones con otros gremios, puede que sus presiones logren expulsar aestos autónomos de Amazon Flex, o incluso, el fin de este servicio.
Hoteles, taxistas, autobuses...
Otro sector que vive otra auténtica época dorada es el de los hoteles. Las cifras récord del sector turístico, con 82 millones de visitantes extranjeros en 2017, y la recuperación de la economía nacional hacen las delicias de los hoteles españoles. A pesar de las buenas cifras, las patronales hoteleras llevan años pidiendo la prohibición de las webs de alquiler de pisos turísticos como Airbnb o Homeaway. Sus reclamaciones junto a la demonización de una actividad que pretenden relacionar directamente con la subida del precio de todos los alquileres y con la gentrificación han surtido efecto en ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma, que están poniendo coto al alquiler vacacional.
Los taxistas han sido uno de los colectivos que más fuerza ha ejercido para acabar con Uber y Cabify. Sus manifestaciones y huelgas han colapsado ciudades como Madrid y Barcelona ante la entrada de otros conductores con licencia VTC y el temor de la liberalización de su actividad. En un conflicto que se está resolviendo en los tribunales, la última decisión judicial importante ha sido la del Tribunal Supremo, que ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify y la proporción de 30 licencias de taxi por cada una de VTC vigente desde 2015. Así, garantiza el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano.
La patronal que menos éxito ha tenido con sus reclamaciones ha sido la de los autobuseros, la Confederación Española de Transporte en Autobús-Confebús. El pasado año, se vieron las caras en los tribunales con Blablacar, la plataforma de viajes compartidos, pero la Justicia rechazó que esta compañía estuviera realizando una actividad de transporte profesional sin licencia a través de sus conductores particulares. Entonces, no decretó su cierre cautelar como pedía Confebús.