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¿Por qué es tan peligrosa la 'trampa' que prepara el Pacto de Toledo sobre las pensiones?

La Comisión eludirá las reformas y todo quedará en un maquillaje de las cuentas. Pero el mensaje que recibirá la opinión pública será muy diferente.

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¿Por qué es tan peligrosa la 'trampa' que prepara el Pacto de Toledo sobre las pensiones?
Una imagen de la manifestación de pensionistas del pasado miércoles, en Madrid, ante el Congreso de los Diputados. | EFE

Separar las fuentes de financiación no es reformar las pensiones. Tal y como explicábamos en Libre Mercado este fin de semana, el cambio en el Presupuesto General del Estado de la distribución de los gastos e ingresos (que se resume en sacar partidas de la Seguridad Social y mandarlas al presupuesto del Estado) no implica un cambio real en lo que hace referencia a la sostenibilidad del sistema, que se cimienta en la solvencia y la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas españolas.

Esto no quiere decir que sea completamente inútil organizar las cuentas de los diferentes organismos del Estado. Puede tener sentido, por una pura cuestión de técnica presupuestaria, reconfigurar y ordenar qué departamento paga qué. Pero hay que tener claro que no es más que eso. Un tema procedimental, que aporta claridad pero que no tendrá repercusión en lo fundamental.

Visto así, puede pensarse que tampoco habría mucho de lo que preocuparse. El Pacto de Toledo pide que se organice mejor el presupuesto. Debería ser una recomendación menor dentro del paquete. Una más dentro de un puñado de propuestas dirigidas a hacer más sostenible el sistema de pensiones (en realidad, las cuentas públicas en su totalidad) para las próximas décadas. El problema es que no se plantea así. Para los partidos políticos, esta "separación de fuentes" es una de las claves. Será una parte central del documento y lo que les permitirá vender a la opinión pública que se han hecho los cambios necesarios para sostener el sistema durante las próximas décadas. Y eso no es cierto. En este caso, el mensaje tiene relación directa con el fondo de la cuestión.

1 - La reforma que no es

Las Administraciones Públicas españolas recaudaron en 2017 441.099 millones de euros y se gastaron 477.332 millones. Es decir, incurrieron en un déficit de 36.233 millones (la cifra oficial que se dio es algo inferior, 35.758 millones, porque no tiene en cuenta las ayudas al sector financiero).

Esto es todo lo que nos debería importar. ¿Podemos pagarlo? ¿Nos financiarán esa cantidad otra vez en 2018? ¿Cómo vamos a subir los ingresos? ¿Y los gastos: qué haremos con ellos?

Evidentemente, una vez que uno comienza a desbrozar el Presupuesto, es fácil darse cuenta de que la partida más importante en el lado del gasto es la de las pensiones (casi 145.000 millones de euros en 2018), mientras que las cotizaciones son también la que más aporta a los ingresos (142.000 millones este año, si se cumplen las previsiones).

Pero esto es una segunda derivada. Llevarse parte de lo que ahora se considera "pensiones" a otra rúbrica del Presupuesto; o denominar a un nuevo ingreso como "cotizaciones": ninguna de estas dos medidas cambia nada en realidad. Lo que ingresa el Reino de España sigue siendo lo mismo. Y su capacidad para afrontar su gasto público también.

Por eso, es importante resaltar que "separar las fuentes de financiación" no es una reforma de las pensiones. No hay dos cajas –Estado y Seguridad Social– separadas. Si uno quiebra, también lo hará la otra. En Grecia ya ha ocurrido: allí también había leyes que en teoría "garantizaban" el poder adquisitivo de las pensiones. Pero un día la caja estaba vacía y las prestaciones tuvieron que sufrir recortes que llegaron al 40% de media a lo largo de la crisis.

2 – La reforma que no será

Reformar las pensiones es complicado. Todo el mundo asume que estamos ante un asunto tóxico, políticamente muy delicado, que afecta a una parte fundamental del electorado (en realidad a todo el electorado: o somos pensionistas o somos futuros pensionistas).

En los últimos años, ha habido dos reformas de las pensiones. Primero la que aprobó el PSOE en 2011 y luego la del PP en 2013. Probablemente a nadie le hizo feliz ninguna de las dos, porque planteaban un sistema menos generoso que el vigente: retraso en la edad de jubilación, más años cotizados para cobrar el 100%, nuevos factores de cálculo para la primera pensión y para la revalorización anual… Pero más o menos podemos decir que la sociedad las aceptó como inevitables. Y en parte era porque era consciente de la delicada situación de las cuentas públicas.

Aquí entra en juego la trampa presupuestaria. Si se sacan partidas de la Seguridad Social con el único objetivo de vender a la opinión pública que el sistema es "más sostenible", la capacidad de maniobra de los partidos para plantear una nueva reforma (de las de verdad) será mínima. Por eso es tan importante el mensaje. La argucia en las cuentas sólo ocultará el problema real. Es una patada a seguir, que no resuelve nada, pero que retrasa la toma de decisiones 5-10 años.

3 – Porciones, presupuesto y revalorización

Podemos llamar a lo que ahora llamamos pensiones de cualquier otra forma. Por ejemplo, las de viudedad: en vez de llamarlas pensiones de jubilación podemos denominarlas "prestaciones de ayuda a personas sin respaldo familiar". Y podemos moverlas de rúbrica dentro del Presupuesto: de la línea "pensiones" a la línea "Otras Prestaciones Económicas" o a la de "Servicios Sociales". Pero nada cambia.

Esto es importante porque, le demos el nombre que le demos, las transferencias económicas a las personas que no trabajan son ya, con mucha diferencia, la parte más importante del presupuesto de gastos y la que crece con más rapidez. Por eso, ocultarlo en el PGE, dividiéndolo o moviendo partidas de un lado a otro, en realidad sólo sirve para confundir.

El gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social (jubilación, incapacidad temporal, maternidad-paternidad, contributivas y no contributivas…) ha pasado de 79.821 millones en 2005 a 142.003 millones en 2018. Si sólo contamos las pensiones, el gasto ha pasado de 68.950 a 127.110 en estos trece años. Sólo esta última partida ya supone más del 25% del gasto público en nuestro país.

Cuando se habla de revalorizar las pensiones conforme al IPC (o a cualquier otro índice) y se dice que supondrá unos pocos euros a cada pensionista, no hay que olvidar los datos del anterior párrafo. Es cierto que alguien que cobre mil euros al mes, con una subida del 2%, sólo ganará 20 euros más. Pero cuidado, para el conjunto del sistema supone un incremento de más de 2.500 millones sólo en concepto de revalorización. A esto hay que sumarle lo que se incrementa el gasto por nuevos pensionistas (que cobran pensiones más altas).

Esto no quiere decir que no haya que subir pensiones. Ése es otro debate. Lo que quiere decir es que subir la partida más importante del presupuesto tiene implicaciones de las que hay que ser consciente. Y maquillar ese Presupuesto para que parezca que esa partida es menor, no ayuda en nada.

Quizás complique un poco la vida a los periodistas y expertos: ahora para calcular cuánto han subido las pensiones habrá que unificar criterios, porque lo que cuenta como gasto de la Seguridad Social cambia de un año para otro. Pero nada más. Lo sustancial sigue igual que antes.

4 – La sostenibilidad, al cajón

La reforma de 2013, a pesar de todo lo que se la ha criticado (ni siquiera sus impulsores la defendieron cuando tocaba) introducía un elemento técnico muy interesante: las pensiones subirían más si había más ingresos y subirían menos en caso de déficit. Se podía discutir qué se contaba para fijar ese déficit-superávit, pero en lo fundamental era un planteamiento muy parecido al de otros países que han hecho reformas en los últimos años: sacar el tema del debate público y asociar la suerte de los jubilados a la del resto del mercado laboral.

De nuevo, mantener algún tipo de factor de sostenibilidad será mucho más difícil si triunfa la opción maquillaje. Si el titular de cada año dice "la Seguridad Social tiene superávit", nadie aceptará ningún tipo de medida que no implique una revalorización anual conforme al IPC, subidas de las mínimas, mejora de las no contributivas… ¿Cómo va a negarse un Gobierno a pagar más a los pensionistas si les ha dicho que hay "superávit" en el organismo del que salen sus pensiones? La ficción de las dos cajas separadas cobrará entonces toda su importancia.

5 – El populismo, a escena

El quinto problema de esta lista no se materializará el año que viene. De hecho, puede que cuando ocurra haya quien piense que los partidos tradicionales se lo merecen, por no haber sido sinceros y haber hablado con claridad a los ciudadanos. "En el pecado llevan la penitencia", dirá alguno. Pero será una penitencia que pagaremos todos.

En algún momento, antes o después, habrá que acometer una nueva reforma de las pensiones. De las de verdad: retraso de la edad de jubilación, endurecimiento de las condiciones de acceso, recorte de la primera pensión en función de la esperanza de vida, desligar pensiones del IPC cuando vuelva el déficit…

En cualquier escenario, los partidos populistas aprovecharán la coyuntura para presentarse como adalides del ciudadano de a pie. Los defensores de los pensionistas. Los únicos que exigen que nadie toque las prestaciones. Y los mensajes serán los habituales: la idea que intentarán transmitir (igual que se ha hecho en otros países, Grecia es un ejemplo de manual, pero hay otros casos) es que se recortan las pensiones porque sí, sin que existan razones de peso, simplemente porque una élite quiere controlar el país y les está robando a los jubilados lo que les pertenece.

Esto no es una novedad. Es lo que los partidos populistas tratan de hacer cada día con cada tema en el que creen que pueden obtener una ventaja. Lo que cambiará es el escenario. Si comienzas a hacer trucos con el Presupuesto para maquillar la realidad, se volverán en tu contra:

  • Imaginemos que tras los cambios planteados (sacar partidas de gasto, allegar nuevos ingresos…) la Seguridad Social entra en superávit (a costa del Estado, pero superávit al fin y al cabo)
  • Imaginemos también que ese superávit se mantiene durante la próxima década
  • E imaginemos por fin que dentro de 8-10 años, cuando llegue la próxima recesión, el Gobierno de turno se ve obligado a hacer un ajuste en las pensiones (porque además, el gasto ha seguido creciendo sin ninguna restricción porque no ha habido reformas)

No hace falta mucha imaginación para intuir qué pasará entonces. El mensaje populista (sí hay dinero, pero se lo están quedando otros) estará mucho más legitimado. ¿Cómo explicarle a alguien a quien le has dicho una y otra vez que "el sistema tiene superávit" que hay que hacer algún recorte o reforma? Ésa será una pregunta muy interesante, que tendrán que responder los políticos de la próxima década. Los de 2018 ya tienen listo su plan: consiste en "separar las fuentes de financiación", signifique esto lo que signifique.

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